Si la Unión Europea implementase el principio de ordinalidad en la distribución de fondos, España dejaría de recibir hasta 115.000 millones de euros, mientras que Alemania obtendría 125.000 millones adicionales.
El principio de ordinalidad, que el Gobierno acordó con ERC para Cataluña, rompe con los criterios de solidaridad y equilibrio que regulan la financiación autonómica.
Este nuevo modelo de financiación beneficia particularmente a Cataluña, al reducir su contribución neta y otorgarle ventajas en la distribución de fondos, como el IVA de pymes y el Fondo Climático.
La mayoría de las comunidades autónomas y varios aliados parlamentarios del Gobierno han rechazado esta propuesta.
España perdería 115.000 millones de euros de los fondos Next Generation, mientras que Alemania recibiría 125.000 millones más, en caso de que la UE aplicara el principio de ordinalidad que la vicepresidenta María Jesús Montero ha otorgado a Cataluña en el nuevo sistema de financiación autonómica.
Este principio, pactado por Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, establece que Cataluña no puede descender en el ranking de comunidades autónomas mejor financiadas tras efectuar su contribución solidaria al resto de regiones.
Así, la tercera comunidad que más recursos aporta al sistema también debe situarse al menos en la tercera posición entre las que más fondos reciben.
Se trata de una lógica que rompe con los principios de solidaridad y equilibrio interterritorial que hasta ahora regulaban la financiación autonómica.
¿Qué pasaría si se trasladara ese mismo principio a la Unión Europea?
España fue el segundo país más beneficiado por los fondos Next Generation aprobados por la Comisión Europea en julio de 2020, destinados a facilitar la recuperación económica tras la pandemia.
La UE asignó las cantidades más elevadas a Italia (191.482 millones, según cifras aprobadas hasta la fecha), España (140.000 millones), Francia (40.000 millones), Polonia (35.000 millones), Grecia (30.500 millones), Rumanía (30.000 millones), Alemania (25.600 millones) y Portugal (16.500 millones).
Estas cifras respondían a las necesidades de cada país después del impacto pandémico: el PIB de España cayó un 10,8 % en 2020, mientras que en Italia la reducción fue ligeramente inferior, del 8,9 %.
España tenía asignados 70.000 millones en subvenciones a fondo perdido y otros 70.000 millones en préstamos a bajo interés.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez informó en diciembre a la Comisión Europea que renunciaba a los últimos 60.000 millones en préstamos pendientes, al no contar con la mayoría parlamentaria para aprobar las reformas exigidas por la UE.
El reparto de estos fondos habría sido muy diferente si la UE hubiera aplicado el criterio de ordinalidad que María Jesús Montero implementa para Cataluña en lugar de considerar las necesidades de recuperación de cada país. El siguiente mapa muestra las ganancias o pérdidas por país:
En tal caso, los países más afectados serían Italia (con hasta 150.000 millones de euros menos), España (entre 105.000 y 115.000 millones menos), Grecia (28.000 millones menos), Rumanía (25.000 millones menos), Polonia (con la misma reducción) y Portugal (13.000 millones menos).
Por el contrario, considerando su peso económico y aportación al presupuesto europeo, los mayores beneficiarios serían Alemania (que recibiría hasta 125.000 millones más que los aprobados), Francia (con 60.000 millones adicionales), Bélgica y Países Bajos (cada uno con 25.000 millones más), y Irlanda y Dinamarca (cada una con 18.000 millones adicionales).
En resumen, las economías más sólidas obtendrían mayores fondos, mientras que naciones que sufrieron más el impacto pandémico, como España e Italia, verían reducidas sus ayudas considerablemente.
Esta proyección (aplicando la ordinalidad per cápita, según datos recientes de población y presupuesto de la UE 2023) ilustra cómo el uso de este criterio elimina la solidaridad territorial en la distribución de fondos públicos.
El economista y inspector de Hacienda Francisco de la Torre subraya que, a diferencia de España, Alemania es un «contribuyente neto» de la UE: aportó casi 30.000 millones al presupuesto europeo en 2023 y recibió únicamente 14.000 millones.
Durante décadas, Alemania ha liberado grandes recursos para favorecer la convergencia de países como España, incorporados desde 1986, cuya renta estaba por debajo de la media europea.
Este desembolso le ha resultado rentable, ya que le permitió consolidar un mercado único facilitando la venta de productos industriales, especialmente del sector automovilístico.
«En definitiva», añade Francisco de la Torre, «la UE funciona como una confederación de países. Por ello, es imprescindible aplicar políticas de solidaridad y equilibrio territorial dentro de España, para garantizar que todos los ciudadanos accedan a servicios públicos similares, sin importar su lugar de residencia«.
En contraste, aplicar el principio de ordinalidad en la distribución de fondos públicos responde a la misma «mentalidad egoísta» que defendió Margaret Thatcher en 1984, cuando pidió reducir la contribución del Reino Unido a la UE alegando que sus agricultores apenas se beneficiaban de la política agraria común.
La UE concedió al Reino Unido el conocido como «cheque británico«, que rebajó su aportación anual en torno a 4.350 millones de euros. Sin embargo, este privilegio no evitó que Gran Bretaña acabara saliendo de la Unión tras el referéndum convocado por David Cameron en 2016.
«El Brexit fue el peor error que ha cometido el Reino Unido en varios siglos, no solo desde un punto de vista económico», concluye De la Torre.
La vicepresidenta María Jesús Montero ha destacado que todas las comunidades autónomas se beneficiarán del nuevo sistema de financiación, gracias a una aportación adicional anual de 21.000 millones de la Administración central.
La mayor parte, 15.756 millones, corresponde al incremento en la cesión del IRPF (del 50% al 55%) y el IVA (del 55% al 56,5%) a las comunidades autónomas.
No obstante, Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), advierte que esta promesa puede ser frágil: ante una posible desaceleración económica, esa aportación podría dar paso a «recortes en gasto público o subidas impositivas«.
Además, las ganancias no son equitativas. Según el último informe elaborado por De la Fuente para Fedea, con el nuevo mecanismo Madrid aportará netamente 8.000 millones al sistema, mientras que la contribución neta de Cataluña se reducirá a apenas 810 millones, una décima parte.
Francisco de la Torre atribuye esta diferencia a ciertos factores «arbitrarios» incorporados en el sistema por el equipo de Montero, diseñados para beneficiar a Cataluña.
Un ejemplo claro es la distribución de 1.964 millones de la recaudación del IVA de las pymes: Cataluña recibirá 1.441 millones, frente a 232 millones para la Comunidad Valenciana, 191 millones para Madrid y sólo 55 millones para Baleares.
«El IVA es un impuesto al consumo, por lo que lo lógico es que permanezca en la región donde se realiza el pago», explica De la Torre.
«Las grandes empresas abandonaron Cataluña durante el procés y no han regresado completamente», añade el economista, «pero la comunidad aún posee un tejido significativo de pymes».
Por eso, el Gobierno ha adoptado un criterio que puede beneficiar más a la Generalitat: una parte de la recaudación del IVA se asigna a la comunidad donde la pyme tiene su sede social, no donde se efectúa el consumo.
«Si se aplicara el mismo criterio al impuesto que pagan las petroleras, el 90% se quedaría en la Comunidad de Madrid, donde tienen su sede social», ilustra Francisco de la Torre, coautor del libro La factura del cupo catalán junto a Jesús Fernández-Villaverde.
Lo mismo acontece con el Fondo Climático de 1.004 millones, incorporado en el sistema por Montero, con dos particularidades: dos tercios se asignarán a comunidades ribereñas del Mediterráneo.
Además, aunque este fondo se justifica como lucha contra el cambio climático, no es finalista, por lo que los gobiernos regionales pueden destinarlo a cualquier propósito.
De acuerdo con criterios de población ajustada, Andalucía recibirá 234 millones, Cataluña 216 millones, Madrid 105 millones, Galicia 46 y Murcia 43 millones, según proyecciones de Fedea.
«El cambio climático es un fenómeno global, que afecta por igual al Mediterráneo y el Atlántico», comenta Francisco de la Torre.
«Sin embargo, el Gobierno ha optado por favorecer en la distribución a las comunidades mediterráneas», añade, «beneficiando así a Cataluña, y también a Andalucía, donde hay elecciones, además de Comunidad Valenciana y Murcia, que estaban entre las regiones más infrafinanciadas».
Aunque no consta en la documentación entregada a los gobiernos regionales el miércoles, María Jesús Montero ha asegurado que el criterio de ordinalidad se aplicará exclusivamente a Cataluña (como exigía ERC), amparándose en lo previsto en su Estatuto de Autonomía.
Francisco de la Torre estima que esto podría reducir finalmente en unos 1.500 millones de euros la aportación de Cataluña.
Para el economista, es un principio «profundamente insolidario», que busca equilibrar los fondos que recibe cada región según su contribución. «Pero si se aplica solo a Cataluña, representa un privilegio».
«Si este principio fuera aplicado también a Madrid, el sistema colapsaría; por eso se limita únicamente a Cataluña», comenta gráficamente el experto.
Este mecanismo destruiría los principios de redistribución y justicia social que la izquierda defiende para el manejo de los impuestos.
Tras el rechazo del nuevo sistema por parte de todos los gobiernos regionales, salvo Cataluña, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del miércoles, el Ejecutivo no tiene la aprobación asegurada en las Cortes.
Esta fórmula cuenta con la oposición de varios socios del «bloque de investidura», incluyendo a Compromís, Chunta, BNG y Podemos.
También Junts rechaza el planteamiento, calificándolo de «desastre» y «burla», pues no incorpora el cupo catalán que ERC demandaba, con el fin de que la Generalitat recaude todos los impuestos, como ocurre en País Vasco y Navarra gracias a sus «derechos forales» protegidos por la Constitución.
Aunque supone un primer avance, ERC ha acordado posponer hasta 2028 el momento en que la Generalitat gestionará la totalidad del IRPF, como paso previo a asumir la recaudación completa de los tributos.
Por lo tanto, será después de las elecciones generales, de las que surgirá un Gobierno que no estará necesariamente comprometido con el pacto que Sánchez ha firmado con Junqueras.
La ‘llave de la caja’
«Si la llave de la caja se entrega a las comunidades autónomas«, como reclama ERC, «todo el sistema solidario quedará comprometido», alerta el director de Fedea, Ángel de la Fuente, en diálogo con EL ESPAÑOL.
Por su parte, el secretario general de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, destaca que el IRPF ocupa una posición central en el sistema tributario español: es el impuesto que más recauda y el que más aporta a la progresividad (95%, frente al 3% del Impuesto de Patrimonio y 2% del de Sucesiones).
A falta de datos completos de diciembre, el IRPF recaudó el año pasado 129.000 millones de euros, en comparación con 90.000 millones del IVA, 30.000 millones del Impuesto de Sociedades y una cantidad similar de los impuestos especiales (por alcohol, tabaco y gasolina).
Mollinedo teme que entregar la recaudación del IRPF a una administración sin la experiencia necesaria, como la Generalitat, pueda generar ineficiencias en la lucha contra el fraude.