El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha adoptado el discurso victimista de sus aliados para justificar el cupo catalán, aunque ha reemplazado el lema España nos roba de ERC por el argumento de Madrid nos roba, con el fin de culpar a Isabel Díaz Ayuso de falta de solidaridad.
Illa sostuvo este domingo en una entrevista la necesidad de «detener la competencia desleal y el dumping fiscal de Madrid», que según él perjudica a las demás comunidades autónomas.
Sin embargo, las estadísticas y datos presentados por expertos (incluido el socialista Josep Borrell) no respaldan el discurso que emplea Illa para defender la financiación especial que recibirá Cataluña.
El pacto Zapatero-Montilla
El convenio firmado entre el PSC y ERC en julio de 2024 para la investidura de Salvador Illa argumentaba la necesidad de implementar el cupo catalán (siguiendo el modelo del concierto vasco y navarro) para corregir la «infrafinanciación prolongada» y la «insuficiencia financiera crónica» que, según el acuerdo, afecta a Cataluña y «limita considerablemente el gasto en políticas públicas».
Cabe destacar que el sistema actual de financiación autonómica, que ambos partidos hoy critican por ser perjudicial para Cataluña, fue pactado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero junto con el tripartito liderado por José Montilla.
Por lo tanto, fue un modelo hecho a medida para Cataluña, diseñado por PSOE, PSC y ERC.
Cataluña no es la peor financiada
Tampoco es cierto que Cataluña sea la región más perjudicada bajo este sistema, tal como sostiene el discurso victimista promovido por los partidos independentistas y parcialmente asimilado por Illa.
En cuanto a financiación autonómica per cápita, Cataluña se encuentra por encima de la media, recibiendo 3.822 euros por habitante, de acuerdo con el análisis del economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre, basado en datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2022.
Las comunidades autónomas más desfavorecidas, que perciben menos de la media, son Castilla-La Mancha (3.204 euros por habitante), Canarias (3.182 euros), Andalucía (3.141 euros), Madrid (3.104 euros), la Comunidad Valenciana (3.020 euros) y la Región de Murcia (1.910 euros por habitante).
Borrell desmonta el relato
Que las regiones con mayores ingresos aporten más para sostener a aquellas con menor nivel económico y renta per cápita está fundamentado en principios de solidaridad, equidad y justicia defendidos por socialistas como Josep Borrell y Emiliano García-Page.
Este es el mismo mecanismo por el que, en una socialdemocracia como España, las familias con mayores ingresos abonan impuestos más elevados (con tipos de IRPF más altos) para financiar servicios destinados a quienes tienen menos.
Como ha recordado Josep Borrell en varias entrevistas, los sujetos que pagan impuestos no son las regiones, sino los ciudadanos.
La verdadera excepción es que dos de las regiones con mayor renta per cápita sean también las que reciben la financiación autonómica más elevada por habitante: País Vasco (6.614 euros) y Navarra (5.879), gracias al régimen foral que protege la Constitución. Cataluña se sumará próximamente a este grupo.
¿Madrid insolidaria?
Para justificar el trato privilegiado del cupo catalán, Salvador Illa asegura defender desde Cataluña un «modelo de prosperidad compartida«, frente al sistema de «acumulación insolidaria de recursos» que, según él, practica la Comunidad de Madrid.
«Ellos acumulan, acumulan, acumulan, y generan mucha prosperidad; en lugar de compartirla, su conducta es una acumulación sin solidaridad», explicó Illa este domingo en la entrevista para el diario Ara.
Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene Illa, Madrid aporta tres veces más que Cataluña al fondo de financiación que sirve para sufragar los servicios públicos en las demás comunidades autónomas.
Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en 2002 la Comunidad de Madrid contribuyó con un total de 7.395 millones de euros a la caja común que financia al resto de CCAA.
Esto es más del triple que la aportación de Cataluña (2.088 millones) y considerablemente superior a la de Baleares (345 millones de euros).
La presidenta Isabel Díaz Ayuso respondió a Illa afirmando que «la Comunidad de Madrid entrega el 80 % de su recaudación; el 70 % al fondo común«.
En esa misma entrevista, donde Illa tildaba a Ayuso de «insolidaria», anunciaba que en el nuevo sistema de financiación Cataluña limitará su contribución a la «solidaridad» aplicando el principio de «ordinalidad» exigido por ERC.
Esto significa que, tras aportar al fondo de «solidaridad», Cataluña no podrá caer en la clasificación respecto a otras comunidades autónomas.
Confederal, no federal
El Gobierno presenta el cupo catalán como un paso hacia un modelo de «España federal», aunque dicha configuración no está contemplada en la Constitución.
En realidad, el acuerdo con ERC no establece un modelo federal sino confederal: Cataluña dejará el régimen común para obtener los privilegios que la Constitución otorga al País Vasco y Navarra, lo que, según denuncia el barón socialista Emiliano García-Page, intensificará las desigualdades.
Es un sistema asimétrico. La Generalitat negociará de manera bilateral con el Gobierno central (sin la intervención del resto de CCAA) qué porcentaje de los impuestos recaudados entrega al Estado para cubrir: el coste de los servicios que aún presta la Administración central en Cataluña y una cuota de «solidaridad» con otras comunidades.
‘Dumping’ fiscal
El presidente Salvador Illa solicitaba, en su entrevista dominical, «frenar la competencia desleal y el dumping fiscal que, a su juicio, ejerce Madrid».
Según Illa, el equipo de Ayuso impulsa «reducciones fiscales que distorsionan la competencia territorial«, que se suman a un efecto de capitalidad que ya favorece a Madrid y distorsiona la situación económica.
No obstante, la reducción en el tramo del IRPF gestionado por Madrid no afecta al reparto de la financiación autonómica.
El verdadero dumping fiscal frente al cual los socialistas guardan silencio, según el economista Francisco de la Torre, es la práctica del PNV al apoiar al Gobierno para aprobar el impuesto a la banca, siempre y cuando se aplique en toda España excepto en el País Vasco.
«Soberanía fiscal»
PSC y ERC acordaron hace un año, durante el pacto de investidura de Illa, «impulsar un sistema singular de financiación que progrese hacia la plena soberanía fiscal, basado en una relación bilateral con el Estado para la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos».
Sin embargo, mientras Illa reclama para Cataluña total «soberanía fiscal» para gestionar y recaudar todos los impuestos, niega a la Comunidad de Madrid la potestad para reducir los impuestos de gestión autonómica.
El «efecto capitalidad»
Illa atribuye a la condición de «capitalidad» la acumulación de recursos y prosperidad que la Comunidad de Madrid no estaría dispuesta a «compartir».
«Madrid es capital desde el siglo XVI, y hasta 1996 Cataluña era más próspera», responde Francisco de la Torre, autor de La factura del cupo catalán.
En realidad, el declive económico de Cataluña se profundizó a medida que los gobiernos de la Generalitat controlados por Convergència (convertida luego en Junts) y ERC incrementaban su retórica identitaria y soberanista.
Este proceso culminó en 2017 luego del referéndum del 1-O: desde entonces más de 9.000 empresas han abandonado Cataluña.
En contraste, la Comunidad de Madrid ha logrado dinamizar su economía a través de políticas de reducción de impuestos que, indudablemente, fomentan la prosperidad.
La falacia de las balanzas fiscales
El socialista Josep Borrell y el economista Ángel de la Fuente han desacreditado la falacia de las balanzas fiscales, sobre la que ERC y Junts construyeron su narrativa del «déficit fiscal» histórico (estimado en 16.000 millones de euros anuales).
Ángel de la Fuente, economista y director de Fedea, explica que existen dos métodos comunes para calcular las balanzas fiscales: el flujo monetario y el carga-beneficio.
El primero, preferido por los independentistas por ser más favorable a su argumento agraviado, asigna a cada territorio el gasto estatal realizado físicamente en esa región.
No obstante, este método resulta engañoso y distorsiona la realidad, pues por ejemplo, localiza casi todo el gasto militar en Madrid y en ubicaciones donde se encuentran las bases del Ejército y aéreas, cuando en realidad ese gasto está destinado a la defensa de toda España.
El cálculo más preciso es el de carga-beneficio, que considera quiénes son los beneficiarios reales del gasto estatal, sin importar que no coincidan con el territorio donde se realiza la inversión física. Así, por ejemplo, el gasto militar se distribuye de manera equitativa entre todos los españoles.
Según los cálculos de Borrell y Joan Llorach utilizando este segundo método, el déficit fiscal real de Cataluña sería de 3.000 millones de euros anuales, equivalente al 1,5% del PIB catalán. Una cifra muy distante del 8% del PIB promovido por los independentistas.
Tras compartir esta cifra, Borrell manifestó en una entrevista de mayo de 2017: «Cataluña no está maltratada. Paga más porque es más rica. Igual que Madrid y Baleares. ¿Hace un esfuerzo solidario exagerado? Sólo es un 1,5%».
Trocear la Agencia Tributaria
El economista Ángel de la Fuente advierte que «fragmentar» la Agencia Tributaria (la AEAT), como han acordado PSOE y ERC, implicará «mayores costos administrativos y menor eficacia en la lucha contra el fraude«.
Esta opinión también ha sido expresada por la asociación de inspectores de Hacienda.
Además, en un informe de Fedea publicado en septiembre de 2024, Ángel de la Fuente añadió que una agencia tributaria propia capaz de recaudar todos los impuestos en la comunidad sería una de esas estructuras estatales prioritarias para los nacionalistas catalanes, en parte porque serían esenciales para que una declaración unilateral de independencia, como la de 2017, sea viable.
«Considerando los acontecimientos recientes, ¿estamos seguros de que sería conveniente otorgarla?», concluye el director de Fedea.
Una Generalitat voraz
Cataluña cuenta con 8,1 millones de habitantes, un 15% más que Madrid (7,1 millones). Sin embargo, la Generalitat gastó el año pasado cerca de 48.000 millones de euros, un 65% más que la Comunidad de Madrid (29.000 millones).
Su deuda, que el Gobierno central planea condonar parcialmente, se acerca a los 90.000 millones de euros, un 130% superior a la de Madrid (que ronda los 39.000 millones).
¿Se explica esta enorme diferencia porque Cataluña tiene algunas competencias exclusivas, como la Policía autonómica?
Sólo en parte. En lugar de reducir la red de embajadas que la Generalitat ha desarrollado en años recientes, el Ejecutivo de Illa anunció en julio la apertura de una nueva delegación exterior en China.
TV3 cuesta más de 300 millones de euros anuales, mientras que TeleMadrid no supera los 90 millones. Son sólo dos ejemplos que ilustran visiones muy distintas de ambas administraciones.
En su argumentación a favor del cupo catalán, Illa únicamente reclama que la Generalitat reciba más recursos (siguiendo el modelo privilegiado de País Vasco y Navarra), sin plantear medidas para racionalizar un gasto público sobredimensionado, que forma parte de un «modelo de país».