El Ministerio de Consumo podrá sancionar a grandes tenedores que oferten vivienda por encima de lo permitido por la Ley de Vivienda y a particulares que omitan datos sobre rentas de inquilinos previos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la apertura de una investigación en los principales portales inmobiliarios para detectar y eliminar anuncios de viviendas en alquiler que presenten contratos con precios superiores a los autorizados por la ley para grandes tenedores en áreas tensionadas, así como aquellos que omitan información sobre la renta que pagaba el anterior inquilino en el caso de propietarios particulares.
Según detalló la cartera de Pablo Bustinduy en un comunicado difundido el viernes, el Gobierno considera estas prácticas como “prácticas desleales por engañosas” y, por ende, infracciones a la normativa de consumo. Asimismo, el documento indica que el Ejecutivo podría imponer a los infractores multas variadas según la gravedad del caso o incluso sanciones que alcancen “de cuatro a seis veces el beneficio ilícito” obtenido por las empresas mediante dichos métodos.
El aumento en la vigilancia del mercado del alquiler responde a las nuevas obligaciones establecidas para los portales inmobiliarios por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta norma, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre pasado, busca asegurar que los usuarios tengan acceso claro y sencillo a información fundamental, incluyendo durante la búsqueda de vivienda.
Consumo identifica posibles infracciones
En la rueda de prensa para presentar esta medida, Bustinduy subrayó que su Ministerio persigue “hacer valer los derechos de la ciudadanía» frente a “cualquier tipo de abuso o fraude”. Además, se comprometió a actuar “con total firmeza” ante vulneraciones de los derechos del consumidor. “Esto es lo que hemos hecho con las aerolíneas lowcost, operadoras de juego online y grandes plataformas de comercio electrónico”, añadió, remarcando la actuación del Ejecutivo contra prácticas abusivas en grandes inmobiliarias y plataformas de pisos turísticos, que derivó en una sanción histórica para la multinacional Airbnb.
Qué ocurre si dejas de pagar el alquiler, la amenaza de los inquilinos a los propietarios en la manifestación por la vivienda.
Consumo también destacó que la decisión de abrir esta investigación surge tras la detección por parte de técnicos del departamento de anuncios que podrían no cumplir con los nuevos criterios de transparencia que exige la ley. Los principales portales inmobiliarios recibieron el 29 de diciembre una comunicación oficial enviada por Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, alertando a estas plataformas digitales y asociaciones inmobiliarias sobre sus renovadas obligaciones legales.
Bustinduy carga contra las ayudas a caseros
Durante su intervención ante los medios, el ministro de Consumo aprovechó para recordar la postura de su departamento y de Sumar, el partido político al que pertenece, respecto a la reciente propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de implementar incentivos fiscales para los caseros que no incrementen el precio del alquiler al renovar contratos. Esta medida, con la que el PSOE busca mitigar las fuertes subidas esperadas en las rentas de los más de 2,7 millones de españoles cuyos contratos vencen entre 2026 y 2027, beneficiaría, según Bustinduy, a “una clase rentista compuesta mayoritariamente por fondos de inversión, fondos buitre internacionales y grandes tenedores”. Tras este argumento, el político aseguró que ni su ministerio ni su partido “apoyarán nunca” esta estrategia.
“La solución está clara y se llama prórroga de los contratos”, afirmó el ministro, asegurando que otros actores sociales del mercado de vivienda también defienden esta alternativa. En cuanto a las dudas jurídicas sobre la viabilidad de esta iniciativa, desde Consumo mencionaron que los gobiernos de coalición han aplicado esta medida “en ocho ocasiones” desde 2021. Además, Bustinduy hizo un llamado a enfrentar la emergencia habitacional “mediante un decreto-ley de intervención”, dada la urgencia que plantea la crisis de vivienda.