Los acusados en el caso Plus Ultra fueron alertados sobre la investigación policial con dos meses de antelación antes de sus detenciones, lo que les permitió eliminar mensajes y destruir documentos.
La pesquisa sugiere que pudo existir una filtración interna desde el Ministerio del Interior, que habría avisado a los directivos de la aerolínea y a personas vinculadas al chavismo.
Diez personas están siendo investigadas por delitos de blanqueo de capitales y fraude, relacionados con el mal uso de ayudas públicas y movimientos de dinero ilícito procedentes de Venezuela.
El esquema habría empleado parte del rescate público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021 para operaciones de blanqueo y desvío de fondos, con implicaciones internacionales.
Los acusados del caso Plus Ultra recibieron un aviso acerca de la investigación dos meses previos a las detenciones.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso consultadas por EL ESPAÑOL, los responsables de la aerolínea ligada al chavismo y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo cercano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recurrieron a abogados y eliminaron documentos antes de ser detenidos el 11 de diciembre pasado.
Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, Roberto Roselli, CEO de la compañía, el empresario Julio Martínez Martínez y un abogado no identificado fueron liberados 48 horas después.
Estos, junto con al menos otras seis personas, están siendo investigados por blanqueo de capitales y fraude en una causa que se mantiene reservada en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Desde al menos octubre, los imputados habrían tenido conocimiento de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) los investigaba y que la detención podía producirse en cualquier momento.
Tras esta filtración, los dirigentes de Plus Ultra y el familiar de Zapatero consultaron a varios abogados para preparar su defensa.
Durante esos dos meses, según fuentes cercanas a la investigación, los acusados aprovecharon para eliminar mensajes, correos electrónicos y destruir documentos relevantes para las indagaciones de la UDEF.
Sospechas dentro de la Policía
Hasta el momento no se ha logrado determinar el origen exacto de la filtración; sin embargo, estas fuentes sostienen que el aviso al presidente de Plus Ultra, al CEO y al amigo de Zapatero «solo puede haber partido desde el interior del Ministerio del Interior».
Julio Martínez Martínez, según los investigadores, habría colaborado con sus empresas en el blanqueo de capitales.
Una de estas empresas es Análisis Relevante SL, una consultora ubicada en la calle Diego de León, 35 de Madrid.
EL ESPAÑOL ha confirmado que esta empresa ha trabajado para Plus Ultra, con la que mantenía una relación comercial.
Los acusados habrían «blanqueado fondos ilícitos provenientes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela y de gran magnitud».
Estas actividades delictivas estarían relacionadas con los programas de alimentos del chavismo (denominados CLAP) y con ventas de oro del Banco de Venezuela.
Según la querella presentada por Anticorrupción, Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con empresas vinculadas al saqueo del oro.
Estos acuerdos habrían sido, supuestamente, usados para el blanqueo de fondos ilícitos cerca de las fechas en que la aerolínea recibió el rescate.
La red criminal habría empleado los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez destinó como rescate a Plus Ultra en 2021 para actividades delictivas, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia también detalla una venta de oro, por valor de 30 millones de euros, realizada a una empresa de Emiratos Árabes Unidos, por una de las compañías firmantes de los contratos mencionados.
Asimismo, Anticorrupción mencionó movimientos de dinero dirigidos a Panamá y la compra de relojes de lujo para ocultar capitales.
El Ministerio Público planteó en la denuncia un presunto fraude consistentes en «uso indebido de ayudas públicas», conocido como fraude en subvenciones.
Cabe recordar que en 2020 el Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, firmó un pacto para intercambiar petróleo estatal (de PDVSA) por alimentos vinculados a los programas CLAP.
Anticorrupción recibió detalles sobre estas posibles conductas ilícitas de Plus Ultra provenientes de las autoridades francesas (Parquet National Financier) y suizas (Fiscalía de Ginebra).
En ambos países, según fuentes legales, la red investigada tendría extensiones y estarían implicados un abogado español.
Los 10 investigados
La causa judicial del caso Plus Ultra incluye, por ahora, a diez personas investigadas bajo la instrucción de la magistrada Esperanza Collazos.
Todos están señalados por su supuesta implicación en una estructura organizada, con conexiones internacionales, destinada a blanquear dinero y defraudar con ayudas sociales en Venezuela.
Julio Martínez Sola
Como presidente y dueño de Plus Ultra Líneas Aéreas, es la figura principal de esta empresa rescatada con fondos públicos.
Su nombre está vinculado a la gestión de una aerolínea con pérdidas constantes y riesgos financieros altos.
La UDEF lo detuvo el 11 de diciembre de 2025 durante la operación judicial por blanqueo de capitales. Estuvo bajo custodia policial por 48 horas.
Después de pasar a disposición judicial, quedó en libertad con medidas cautelares. Se le retiró el pasaporte y tiene prohibido salir del país. Además, debe acudir semanalmente al juzgado.
En su historial empresarial destaca su paso por Air Madrid, una aerolínea que cesó operaciones tras una grave crisis financiera y operativa.
Roberto Roselli
Director ejecutivo de Plus Ultra desde 2021, previamente ejerció como director financiero de la aerolínea.
Posee una trayectoria vinculada a las finanzas y la industria energética en Europa y América Latina.
Antes de incorporarse a Plus Ultra, participó en varios proyectos empresariales y ocupó cargos relevantes en Venezuela.
Fue arrestado el mismo día que el presidente de la compañía, dentro del mismo operativo. Tras la detención, quedó en libertad con las mismas medidas cautelares.
La investigación lo sitúa en el núcleo directivo de la aerolínea durante el periodo crucial del rescate. Su rol se examina por su acceso a decisiones financieras y a movimientos de tesorería.
Julio Martínez Martínez
Empresario español asociado por la UDEF a una amplia red societaria creada a lo largo de los años y con escasa actividad oficial.
Los investigadores lo consideran clave debido a sus vínculos con negocios relacionados con Venezuela y su larga amistad con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante los meses posteriores al rescate de Plus Ultra, ocupó cargos administrativos en varias empresas simultáneamente. En 2021 declaró elevados montos en efectivo y activos líquidos en una de sus compañías, Zenzap.
Fue detenido el 11 de diciembre de 2025 y quedó en libertad con medidas cautelares. Se investiga su posible rol como intermediario y su relación con estructuras empresariales con poca actividad real.
Luis Felipe Baca Arbulu
Empresario peruano con experiencia en el sector bancario internacional.
Ha vivido en Suiza, Francia y España, residiendo actualmente en República Dominicana. Antes del rescate en 2020, concedió un préstamo millonario a Plus Ultra desde cuentas suizas para gastos operativos.
La Fiscalía le atribuye la organización de flujos financieros importantes entre empresas extranjeras sin una justificación económica clara.
Se sospecha que los fondos aportados provenían de recursos venezolanos desviados a través de cuentas en Ginebra.
Se encuentra bajo investigación en varios países europeos por blanqueo de capitales. No fue detenido al estar fuera de España durante el operativo policial.
Enrique Martín Baca Arbulu
Hermano de Luis Felipe Baca Arbulu y también residente en República Dominicana.
Se sospecha que ambos usaron estructuras en Luxemburgo para legalizar al menos 7 millones de euros tras recibir el rescate público otorgado por la SEPI.
Es administrador único de varias sociedades españolas. Tras las detenciones de diciembre de 2025, disolvió una de ellas, Kaimana Capital.
Está siendo investigado por autoridades judiciales de España, Francia y Suiza. No fue arrestado por encontrarse fuera del país.
Gabriela Puente Garaboa
Ciudadana venezolana que actúa como asistente personal de los hermanos Baca Arbulu. Forma parte del entorno cercano de los empresarios peruanos y reside con ellos en República Dominicana.
Los investigadores estudian su papel como soporte operativo y administrativo dentro de la red.
No fue detenida porque no estaba en España durante el operativo. Su imputación se basa en su presunta colaboración en las actividades investigadas.
Kristhian Alegre Walter
Empresario peruano radicado en Tenerife, donde realizó labores de intermediación financiera.
Fue administrador de varias sociedades vinculadas a los hermanos Baca Arbulu. Su actividad conecta la red investigada con Canarias y con empresas registradas en Luxemburgo.
En 2021 asumió la gestión de una nueva empresa, Makaha, vinculada a la red. La Fiscalía le atribuye un papel destacado en la expansión territorial de la red liderada por los hermanos Baca Arbulu.
Está siendo investigado por blanqueo de capitales, aunque no fue detenido en diciembre de 2025.
Danilo Alfonso Diazgranados Manglano
Bróker venezolano con una larga trayectoria ligada a operaciones financieras del entorno chavista.
Gestionó grandes cantidades de capital público en transacciones internacionales durante el mandato de Hugo Chávez. Se estimaba que su patrimonio alcanzaba cifras multimillonarias hace más de diez años.
Reside entre la República Dominicana, cerca de los hermanos Baca, y Nueva York.
Está siendo investigado por autoridades francesas en una causa secreta. En el Caso Plus Ultra se indaga su posible integración en la organización criminal.
Simon Leendert Verhoeven
Empresario neerlandés y acreedor de Plus Ultra en los meses previos al rescate público.
Otorgó varios préstamos puente a la aerolínea mediante sociedades de inversión ubicadas en diferentes países. Los contratos incluían altos intereses y cláusulas automáticas de devolución tras el rescate.
Las fiscalías de Suiza y Francia lo investigan como presunto cabecilla de la trama financiera vinculada a Venezuela.
La pesquisa en España sostiene que, tras la inyección de los 53 millones de euros del rescate, la aerolínea priorizó el pago de la deuda a Verhoeven, sospechándose que fue una táctica para aflorar capitales.
La UDEF sigue su rastro por el presunto uso de sociedades en España, como Gerencia Deep, para blanquear dinero a través de la compra de viviendas de lujo en Mallorca.
Abogado español imputado
Se trata de un abogado español cuya identidad aún no ha sido revelada.
Está imputado por su posible implicación en la creación de sociedades pantalla y en operaciones inmobiliarias que investiga la Fiscalía.
Su actuación habría sido fundamental en el desarrollo jurídico de estructuras utilizadas para manejar capitales.
Fue detenido durante el operativo de diciembre de 2025. Tras declarar, quedó en libertad con medidas cautelares.
Los investigadores le atribuyen un rol técnico esencial dentro del entramado societario investigado.