Las comunidades autónomas dirigidas por el PP estudian el sistema propuesto por Montero y estallan contra las «concesiones» al independentismo y «las restricciones a la solidaridad».
Diversas comunidades autónomas con gobiernos del PP ya consideran la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Siempre y cuando se apruebe. Hasta el momento, EL MUNDO ha confirmado que al menos la Comunidad de Madrid, Castilla y León, la Región de Murcia, Baleares y Aragón analizan emprender acciones legales. Otras, como Andalucía, evaluarán con mayor detenimiento antes de tomar una decisión.
Sin embargo, el mensaje político es claro: varios de los gobiernos territoriales más influyentes del PP se posicionan ya en contra de un sistema que consideran «injusto» debido a las «concesiones» realizadas al independentismo y a la imposición de «límites a la solidaridad» mediante la introducción del criterio de «ordinalidad», que beneficia a Cataluña. La ordinalidad implica que las comunidades que aportan recursos al sistema para redistribuir riqueza no pierdan posiciones en el ranking de financiación como consecuencia de ello.
Para saber más
Junqueras reconoce que la ordinalidad en la financiación únicamente se aplicará a Cataluña porque resulta «inviable» en todas las autonomías
Junqueras reconoce que la ordinalidad en la financiación únicamente se aplicará a Cataluña porque resulta «inviable» en todas las autonomías