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- Autor, María Elena Navas
- Título del autor, BBC News Mundo
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La llamada Operación Causa Justa tuvo como fin derrocar al entonces líder de hecho de Panamá, Manuel Antonio Noriega, a quien Estados Unidos imputaba cargos de narcotráfico.
Esta operación se ejecutó en diciembre de 1989 cuando el presidente estadounidense en ese momento, George W H Bush, desplegó miles de militares en Panamá para capturar a Noriega, quien lideraba un régimen militar desde hacía seis años.
La acción terminó en enero de 1990 con la rendición y detención de Noriega.
Treinta y seis años después, una nueva intervención militar estadounidense en América Latina recuerda aquel hecho: la Operación Resolución Absoluta, enfocada en capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, señalado por el gobierno de Donald Trump por narcotráfico.
En ambas situaciones, los líderes arrestados fueron trasladados a Estados Unidos para responder ante la justicia en ese país.
Por el momento, la situación en Venezuela permanece incierta.
Tras las declaraciones de Trump que sugerían que la vicepresidenta Delcy Rodríguez aceptaría todas las demandas de Washington, ella asumió la presidencia interina: “No tiene alternativa”, afirmó el mandatario.
Pero, ¿qué sucedió en Panamá luego de la caída de Noriega?
La invasión
Previo a consolidarse como dictador de facto panameño, Noriega fue un actor destacado en la geopolítica durante la Guerra Fría, manteniendo lazos prolongados con agencias de inteligencia estadounidenses.
Sin embargo, a mediados de los años 80, sus relaciones con Washington se deterioraron considerablemente y, al descubrirse sus ilícitas actividades y vínculos con otros servicios de espionaje, Estados Unidos lo acusó formalmente por múltiples cargos relacionados con tráfico de drogas.
En 1989, la tensión entre ambos países aumentó tras la anulación por Noriega de las elecciones generales realizadas en mayo y la violenta represión contra la oposición.
Ese diciembre, aduciendo preocupaciones sobre la seguridad del Canal de Panamá y las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra Noriega, Bush ordenó la Operación Causa Justa.
Bush despachó alrededor de 2.000 soldados para reforzar las tropas de más de 10.000 militares estadounidenses ya desplegados en la región del Canal. Más tarde, esta fuerza fue ampliada a más de 24.000 efectivos.
Cuando la invasión comenzó el 20 de diciembre de 1989, las fuerzas panameñas fueron rápidamente superadas en combate.
Finalmente, el 3 de enero de 1990 Noriega, tras evadir la captura, se entregó y fue trasladado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión.
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Las repercusiones
Previo a la invasión, la economía panameña estaba gravemente dañada, en gran medida por las sanciones impuestas por Estados Unidos un año antes para presionar la salida de Noriega.
En diciembre de 1989, el periódico Los Angeles Times señaló: «Las sanciones impuestas en marzo de 1988 no presionaron suficientemente a Panamá para obligar la salida del dictador Manuel A. Noriega, como esperaban las autoridades estadounidenses».
«Sin embargo, esas sanciones destruyeron la próspera industria bancaria y de lavado de dinero del país, provocando una masiva fuga de capitales hacia decenas de paraísos fiscales.»
Tras incumplir el pago de su deuda, Panamá entró en una profunda recesión con un desplome del PIB y más de un tercio de su población sobreviviendo con US$2 diarios.
Los expertos predijeron que tomaría varios años reconstruir la economía y revertir los daños ocasionados en 1989.
No obstante, pocos días después de la invasión, el Tribunal Electoral de Panamá restableció rápidamente el gobierno constitucional, reconociendo los resultados electorales de mayo, que presuntamente había ganado Guillermo Endara.
El 27 de diciembre de 1989 quedó oficializada la victoria de Endara como presidente y de Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón como vicepresidentes.
Endara asumió la presidencia enfrentando acusaciones de ser un “títere” de Estados Unidos.
En referencia a su ceremonia de juramentación, la revista Time consignó el 1 de enero de 1989:
«El jueves, el nuevo presidente, protegido por soldados estadounidenses, salió de la base para dar su primer discurso ante la Asamblea Nacional. Se comprometió a liderar ‘un gobierno de reconstrucción y reconciliación’. No obstante, desde ese momento su incipiente administración mostró claramente la etiqueta de ‘Hecho en EE.UU.’.»
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Durante sus cinco años en el cargo, Endara se enfrentó a retos para limpiar las instituciones públicas, reactivar la economía devastada y reducir la criminalidad.
En una entrevista con The New York Times en 1990, Endara manifestó que, dadas las circunstancias, podría haber rechazado la presidencia y aunque se opuso a la acción militar de Estados Unidos, optó por aceptarla.
“La historia tal vez me juzgue mal”, comentó sobre esta decisión. “Sabía que los latinoamericanos no me respetarían mucho. Pero desde un punto de vista moral, patriótico y cívico, no tenía otra opción. Tenía que hacerlo”.
Después de Endara, Panamá ha llevado a cabo siete transiciones pacíficas de poder, incluyendo la llegada de Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, quien lideró el país desde un golpe de Estado en 1968 hasta su fallecimiento en 1981.
La economía panameña comenzó a recuperarse gradualmente luego de que Estados Unidos levantara las sanciones y la inversión extranjera retornara.
El papel de Washington
La influencia estadounidense en Panamá no finalizó con la retirada militar. Aunque los soldados se marcharon rápidamente, Washington siguió involucrado en la configuración del futuro del país.
“Su influencia continuó por medio de vías políticas, económicas e institucionales”, señala la profesora Adriana Marin, experta en relaciones internacionales de la Universidad de Coventry, Reino Unido.
“Washington tuvo un papel clave en la configuración de la seguridad en Panamá, impulsando la abolición del ejército y la creación de un sistema de seguridad basado en fuerzas policiales. También impactó la política económica mediante ayudas, organismos financieros y acuerdos comerciales”, explica la especialista a BBC Mundo.
Este tipo de “gobernanza indirecta” demuestra cómo, tras una intervención militar, se puede mantener influencia sin necesidad de ocupación.
“Esta experiencia sigue modelando actualmente las relaciones de Estados Unidos con América Latina”, añade Marin.
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Punto de inflexión
El año 1999 marcó un cambio decisivo en la economía panameña.
En diciembre de ese año, Estados Unidos transfirió el control total del Canal de Panamá a Panamá, un logro establecido por los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que definían la administración, operación y mantenimiento del canal, trasladándolos de manos estadounidenses al gobierno panameño.
Desde entonces, el Canal ha prosperado con mejoras significativas, una ampliación en 2016, y un sector logístico y de transporte que aporta miles de millones de dólares anuales, convirtiéndose en un referente regional con un crecimiento medio del 5% anual.
Sin embargo, el contexto social del Panamá post-invasión es más complejo.
La incursión de 1989 causó cientos de muertes civiles y desplazó a unas 20.000 personas, según el informe de 1995 de la Misión de Asistencia Técnica de la ONU en Panamá, tras la completa destrucción de viviendas en varios distritos, incluyendo El Chorrillo.
Según Adriana Marin, hubo escaso reconocimiento de estas pérdidas y poca responsabilidad legal, lo que ha impedido una reconciliación social completa.
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¿Un éxito estratégico?
No cabe duda de que la invasión de 1989 y la remoción de Noriega abrieron camino hacia la democracia en Panamá. El régimen militar terminó, las elecciones se convirtieron en algo habitual y el gobierno civil logró estabilizarse.
¿Se podría calificar entonces como un triunfo para Estados Unidos?
“La respuesta está en cómo definamos ‘éxito’”, opina Adriana Marin. “La estabilidad se creó sobre una ruptura forzada desde el exterior, en lugar de una transición interna acordada”.
“El poder se reorganizó bajo una fuerte influencia estadounidense, generando dudas constantes sobre la autonomía política, la dependencia de las élites y el grado en que la democracia panameña posterior a la invasión fue moldeada internamente y no por presiones externas”.
Además, la invasión dejó heridas profundas en la población que aún persisten, junto con cuestionamientos éticos e históricos que han quedado sin resolver.
Sin embargo, según la experta, lo más significativo es que la invasión de Panamá estableció un precedente importante.
“Demostró que la soberanía en el hemisferio occidental es condicional, sometida a la interpretación estadounidense de lo que significa democracia, seguridad y legitimidad. Esto resultó problemático porque debilitó la noción de que todos los Estados son iguales ante el derecho internacional”, afirma Marin.
“Esto ha creado incertidumbre para los Estados más pequeños, cuyos gobiernos pueden ser etiquetados como ‘ilegítimos’ cuando entran en conflicto con intereses estadounidenses”.