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Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, se enteró de los acontecimientos en Venezuela, se mostró preocupado.
Pocos días antes, el 9 de diciembre de 1902, 15 barcos de las armadas británica y alemana se coordinaron para atacar el puerto de La Guaira, capturaron seis embarcaciones venezolanas y tomaron control de los muelles.
Al día siguiente, dos navíos alemanes capturaron un buque venezolano, mientras que «los ingleses añadieron otro, el Bolívar, a su flota, forzándolo a navegar bajo bandera británica», explicó el historiador Manuel Rodríguez Campos en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Empresas Polar.
Los días 12 y 13 de diciembre, «una expedición inglesa asaltó el castillo Libertador y el fortín Solano en Puerto Cabello».
Se impuso un bloqueo naval sobre las costas venezolanas, al que luego se sumaron buques de la armada italiana.
Pocos días después, buques alemanes «entablaron un enfrentamiento artillero con la guarnición del castillo San Carlos».
«Estas acciones violentas se llevaron a cabo sin una declaración formal de guerra por parte de alguna de las naciones y sin que Venezuela hubiese ofendido a los agresores».
El canciller argentino se pronunció de inmediato.
Un largo camino
Luis María Drago presentó un argumento que derivó en la «Doctrina Drago», uno de los primeros grandes avances hacia la consolidación de los principios de no intervención y la prohibición del uso de la fuerza en el derecho internacional.
Su planteamiento, junto con las ideas de otros juristas y especialistas, allanó la senda que condujo a la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la cual prohibió el uso de la fuerza contra la «integridad territorial o la independencia de cualquier Estado».
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«Esa norma que sostiene las relaciones internacionales, está parcialmente influida por la Doctrina Drago», comenta a BBC Mundo Francisco Quintana, profesor asistente de Derecho Global en la Universidad de Edimburgo y editor asociado de la Revista Europea de Derecho Internacional.
Años antes, en 1933, su impacto quedó de manifiesto en un momento crucial, cuando en Montevideo se adoptó por primera vez un tratado que estipulaba que «ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni externos de otro».
«Eso fue un logro latinoamericano. Esa convención representa un motivo de orgullo para América Latina», afirma Quintana.
«Una bola de nieve»
Para entender lo ocurrido en diciembre de 1902 en Venezuela, es fundamental retroceder algunos años, hasta los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco, apunta el historiador Rafael Arráiz Lucca a BBC Mundo.
Este líder invitó a compañías europeas, entre ellas británicas y alemanas, para construir ferrocarriles en Venezuela.
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«Estas empresas aportaban todo el capital y la tecnología necesarias, mientras que Venezuela no invertía ni un centavo. Sin embargo, se comprometía a que estas compañías recuperarían un 7% de su inversión pagando por pasajes de pasajeros o carga».
Cuando los ingresos por pasajes no alcanzaban ese 7%, el Estado venezolano cubría la diferencia.
En definitiva, la inversión estatal fue mayor y la deuda se convirtió en «impagable».
«Se generó una bola de nieve de deuda de Venezuela con bancos extranjeros para financiar los ferrocarriles», explica el historiador.
Con el tiempo, Venezuela no pudo afrontar ni el pago de cuotas ni los intereses correspondientes.
Por ello, tres países europeos, en representación de las compañías acreedoras, cercaron los principales puertos del país con el objetivo único de cobrar la deuda.
El presidente de Venezuela en esa época era Cipriano Castro.
Suspensión de pagos
Para la historiadora Inés Quintero es clave situarse en el sistema político venezolano de entonces, basado en el predominio del caudillismo.
«Cipriano Castro tomó el poder en 1899 a través de un levantamiento armado al estilo montonera, con sus propias armas y seguidores, conocido como la Revolución Liberal Restauradora», explicó a BBC Mundo.
Después de derrocar al presidente Ignacio Andrade, Castro debía reducir el poder militar de los caudillos para asegurar su posición como presidente.
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«Eso llevó a que Castro dirigiera la política para centralizar el poder en una sola figura reconocida por los caudillos, utilizando además los escasos recursos estatales para comprar armas con el fin de reducir la fuerza de esos caudillos».
Por otro lado, enfrentó una caída drástica de los ingresos provenientes de la exportación de café, principal producto de la época.
En este contexto, comenta el historiador Luis Alberto Buttó, Castro tomó una decisión.
«Decretó una moratoria de la deuda nacional, tanto interna como externa, ordenando una ‘revisión técnica’ de las deudas adquiridas durante su gestión, lo que implicaba suspender pagos hasta que esa revisión se completara», señaló a BBC Mundo.
«Diplomacia de las cañoneras»
Además, Castro paralizó indefinidamente el pago de las deudas adquiridas antes de su presidencia.
«Esta última situación fue la causa del reclamo armado realizado por Alemania, Inglaterra e Italia, ya que la mayoría de la deuda impaga que motivó el bloqueo y bombardeo naval fue contraída entre las décadas de 1870 y 1880».
El bloqueo impuesto por las potencias extranjeras tuvo lugar en medio de una rebelión iniciada en 1901 para derrocar a Castro, sumergiendo a Venezuela en un conflicto interno.
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Para Buttó, resulta importante considerar este bloqueo en el contexto de una época en que las potencias europeas intentaban expandir sus esferas de influencia en diversas regiones, no solo para sostener su desarrollo económico sino también para dirimir rivalidades entre sí.
«En términos tácticos, esta acción constituyó una demostración clara de lo que la historiografía denomina ‘diplomacia de las cañoneras’, que consistía en que las potencias imperialistas llevaban a cabo acciones bélicas navales, como bombardear costas y puertos con la artillería de sus buques de guerra, contra países atrasados para forzarlos a pagar deudas adquiridas con sectores privados de esos países potencias».
También buscaban indemnizar a ciudadanos de esas potencias cuyas propiedades sufrieran daños.
«Un precedente peligroso»
El 20 de diciembre de 1902, el representante argentino en Washington, Martín García Mérou, envió un informe a la cancillería de su país sobre la situación en Venezuela.
Tras leerlo, Drago respondió con una carta solicitando que se compartiera el contenido con el secretario de Estado de Estados Unidos.
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En su carta, fechada el 29 de diciembre de 1902, el canciller argentino manifestó su preocupación «al conocer que la falta de pago de la deuda pública venezolana se usaba como justificación para la captura de su flota, el bombardeo de un puerto y el bloqueo naval establecido».
«Si estas medidas se consolidasen, crearían un precedente peligroso para la seguridad y la paz en las naciones americanas».
Además, advirtió que «el cobro inmediato y forzoso, mediante la fuerza, solo conduciría a la ruina de las naciones más débiles».
De esta manera, Drago expresó claramente al gobierno estadounidense su rechazo a la intervención militar extranjera en Venezuela para el cobro de deudas.
«Temía que ello pudiera desembocar, en última instancia, en una recolonización de América por parte de las potencias europeas», señala Quintana.
«Advertía que el cobro coercitivo de deudas podía ocasionar una pérdida de soberanía».
Así lo expresó el canciller: «El principio que deseo ver reconocido es que la deuda pública no puede justificar la intervención armada, ni mucho menos la ocupación material del territorio de las naciones americanas por una potencia europea».
La experiencia latinoamericana
Según Quintana, la mayoría de las intervenciones en América Latina, especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX, se justificaron en defensa de intereses comerciales de inversores o ciudadanos europeos y estadounidenses en la región.
Por ejemplo, en 1862 Francia inició una segunda intervención en México, alegando la suspensión temporal de pagos de la deuda externa como motivo.
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«La Doctrina Drago fue una primera declaración clara en contra de la intervención armada para el cobro de deudas públicas».
Como explica el especialista, este principio forma parte de una tradición latinoamericana que defiende la no intervención, de la que el canciller argentino «fue probablemente un pionero destacado».
A esta posición se suman otros juristas notables, como el diplomático argentino Carlos Calvo, nacido en Uruguay, quien en 1868 afirmó que los Estados debían estar libres de cualquier tipo de interferencia y que los extranjeros no debían gozar de privilegios ni protección diplomática en sus reclamos, debiendo someterse a los procedimientos legales nacionales, al igual que el resto de los ciudadanos.
También destaca el diplomático mexicano Genaro Estrada, creador en 1930 de la doctrina que lleva su nombre, en la que se pronunció contra la explotación económica y el intervencionismo de potencias europeas y de Estados Unidos, defendiendo la autodeterminación de los pueblos.
El principio de no intervención está muy ligado a América Latina, señala Quintana, porque fue la primera región en el mundo en independizarse.
Su historial de intervenciones la llevó, paradójicamente, a convertirse en «una defensora de la no intervención» y, en ese contexto, «la Doctrina Drago estableció un precedente crucial».
«Los países latinoamericanos consiguieron la independencia a principios del siglo XIX, por lo que han enfrentado la presión de potencias más poderosas por mucho más tiempo que otras regiones. En cambio, gran parte del mundo alcanzó su soberanía en los procesos de descolonización durante las décadas de 1950 y 1960».
En la política exterior
El historiador Edgardo Mondolfi Gudat sostiene que la Doctrina Drago representó un cambio fundamental respecto a la doctrina jus ad bellum, que regula las condiciones bajo las cuales un Estado puede recurrir a la guerra o al uso de la fuerza.
Frente a lo ocurrido en Venezuela en 1902, «Drago consideró necesario revisar la doctrina del derecho a la guerra centrada en reclamos económicos y no territoriales».
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«Lo innovador en su planteamiento es que moduló el derecho a la guerra con la idea de que tener un reclamo económico respecto a otro país no justificaba una intervención armada», señaló a BBC Mundo.
«Este planteamiento sirvió de base para el desarrollo de la doctrina moderna del siglo XX», en la que se adaptó la Doctrina Drago para condenar el cobro forzoso de deudas mediante la fuerza.
No debe considerarse un esfuerzo aislado: Mondolfi recuerda que en paralelo se realizaban las Conferencias de Paz de La Haya, que promovían el arbitraje internacional en la resolución de conflictos.
De hecho, la Doctrina Drago fue presentada en la segunda de estas conferencias, en 1907.
Para Einer Tah Ayala, profesor de Política Exterior de México y América del Norte en la Universidad del Mar, la Doctrina Drago es «una pieza central» en la estructura del sistema internacional.
«Drago contribuye a definir las reglas de conducta de los Estados en relación con la no intervención y la solución pacífica de controversias», afirmó a BBC Mundo.
«Aunque esta doctrina es relevante para el derecho internacional, también tiene gran impacto en la economía mundial y la política exterior».
¿Y cómo se resolvió el bloqueo?
El bloqueo terminó tras la firma de protocolos en los que el gobierno estadounidense actuó como mediador.
Estos acuerdos se suscribieron en Washington el 13 de febrero de 1903.
Las potencias involucradas lograron que el gobierno venezolano reactivara los pagos de capital e intereses de la deuda, según relata Buttó.
«En definitiva, Venezuela fue la gran perdedora material y simbólica del conflicto, ya que ni siquiera pudo representarse por sí misma en las negociaciones, que fueron lideradas por funcionarios estadounidenses», señala el historiador.
No obstante, las potencias europeas no fueron las únicas beneficiadas.
Estados Unidos afirmó su estatus de potencia en América, alineado con la Doctrina Monroe que advertía a las potencias extranjeras no desafiar su dominio regional.
«De hecho, el bloqueo naval iniciado en 1902 contra las costas venezolanas no hubiese ocurrido sin el consentimiento o la neutralidad previa del gobierno estadounidense».