La Fiscalía imputa a Álvaro Romillo, financiador de Alvise Pérez, un presunto delito de fraude fiscal, además de una estafa piramidal valorada en 185 millones de euros.

Antes de las elecciones europeas de 2024, Romillo entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, cuya agrupación SALF consiguió tres escaños en esos comicios.

Para canalizar ingresos hacia cuentas en el extranjero y evadir impuestos en España, el empresario utilizaba Madeira Invest Club, promoviendo la elusión fiscal a través de redes sociales.

La solicitud de la Fiscalía para investigar el fraude fiscal ha generado división entre los denunciantes del caso Madeira, con abogados defendiendo diferentes posiciones respecto a la vinculación entre ambos delitos.

La Fiscalía también imputa a Álvaro Romillo un presunto delito contra Hacienda, el empresario que financió la campaña electoral de Alvise Pérez y quien ya está procesado por una estafa piramidal valorada en 185 millones de euros.

En un documento al que ha accedido EL ESPAÑOL, la fiscal Mar Scharfhausen solicita al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la anulación del procesamiento de Romillo y que se abra una investigación sobre el supuesto fraude fiscal.

Este empresario fue quien entregó 100.000 euros en efectivo a Luis Pérez (nombre real de Alvise) poco antes de las elecciones europeas de 2024, en las que Pérez se presentó y consiguió un escaño en el Parlamento Europeo. En total, su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF), obtuvo tres diputados en Bruselas.

En el auto de procesamiento, el juez Calama describe que Romillo, «con ánimo de lucro ilícito«, creó y dirigió una organización criminal jerarquizada y estructurada, con la que supuestamente llevó a cabo una estafa de gran magnitud.

Todo esto se gestionaba a través de Madeira Invest Club (MIC), que ofrecía oportunidades de inversión en sectores como inmobiliario, automóviles de lujo, restauración y relojería…

La Fiscalía señala en un informe que en los últimos años Romillo, con un «ideario crítico y extremado» hacia el Estado, se dedicó a compartir contenidos sobre «elusión fiscal» en redes sociales. Para darle rentabilidad, creó Madeira Invest Club.

«Los pagos por los servicios se realizan en cuentas bancarias extranjeras, propiedad de sociedades también extranjeras», explica Scharfhausen.

«Aunque la actividad se promociona y está orientada principalmente a un público en España —dado que los cursos de formación y consultorías se centran en la ‘elusión’ de impuestos españoles—, los ingresos no tributan en España», enfatiza.

«Se observa una clara confusión entre el uso de cuentas bancarias y sociedades internacionales, ya que los servicios se cobran indistintamente en diversas cuentas, reflejando que el titular último y responsable de todo el entramado societario es una sola persona», afirma la Fiscalía acerca de Madeira Invest Club.

Por estas razones, al considerar que hay conexión entre la presunta estafa y el supuesto fraude fiscal, Scharfhausen solicita al juez reabrir la instrucción y realizar nuevas diligencias.

Esta postura de la Fiscalía ha generado división entre los denunciantes del caso Madeira, que están agrupados en diferentes colectivos y representados por distintos abogados.

El abogado Víctor Soriano, en un documento, ya ha mostrado su desacuerdo con la petición de la Fiscalía. Solicita que no se anule el procesamiento de Romillo y considera que los presuntos delitos fiscales no están vinculados a la estafa piramidal.

Representando a una veintena de denunciantes, Soriano defiende que «se respete el criterio del instructor, por más legítimo que sea el de la Fiscalía».

«La única diferencia que tiene la Fiscalía pública es que considera que los supuestos delitos fiscales que pudieran haber cometido los procesados —sin que existan diligencias previas ni relación con la estafa— deben investigarse en este procedimiento», señala el abogado.

«El enfoque del recurrente [la Fiscalía] es incorrecto», valora Soriano.

Por otro lado, el despacho Zaballos Abogados, que representa a otra parte de las víctimas de la estafa, comparte en parte la postura del Ministerio Público. En un escrito distinto, este bufete pide al juez que realice diligencias para determinar la cuantía del presunto fraude fiscal.