El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentado esta semana por el Gobierno, establece varias propuestas destinadas a prevenir y mitigar los impactos de estas amenazas
Durante este verano, España enfrentó uno de los impactos más graves del cambio climático. En una serie de incendios que azotaron el país de norte a sur y de este a oeste, miles de hectáreas fueron consumidas por las llamas, destruyendo hogares, cultivos y cobrando vidas.
Según cifras provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que incluyen datos hasta el 30 de noviembre, la superficie forestal quemada alcanza cerca de 351.000 hectáreas. Así, el año 2025 podría convertirse en el que registra la cifra más elevada desde 1994, cuando se incendiaron 437.602 hectáreas.
Las inundaciones también han cobrado protagonismo en los últimos meses. Con el recuerdo reciente de la DANA en Valencia, en diversas regiones las intensas precipitaciones pusieron a prueba el modelo urbanístico español en aspectos como planificación, ubicación y diseño de construcciones en áreas vulnerables al riesgo hidrológico; asimismo, la capacidad de los sistemas de detección temprana, la coordinación de los servicios de emergencia y la eficacia de los protocolos de aviso a la población.
Ante este escenario, surge la necesidad de implementar medidas que preparen al país frente a los eventos extremos derivados del cambio climático, que persistirán en las próximas décadas, principalmente por la localización geográfica de España. En este marco, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a mediados de agosto, en plena oleada de incendios forestales, la propuesta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Cuatro meses más tarde, el pasado miércoles se presentó la versión ampliada de ese documento, tras recibir casi 3.900 aportaciones de administraciones, organizaciones y ciudadanos mediante un proceso de participación pública abierto en septiembre. Ahora, queda quizá uno de los desafíos más complejos, dado el contexto actual de fragmentación política y falta de consensos: lograr el respaldo del resto de los grupos parlamentarios.
Varios de los ejes principales del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática se enfocan justamente en estos fenómenos cada vez más frecuentes y agresivos en el país. “Todavía es posible reducir su escala y mitigar las consecuencias sociales, económicas y ambientales más graves”, destaca el documento oficial del Gobierno de España.
El fuego: estrategias para su prevención y la recuperación del terreno afectado
El segundo pilar del pacto climático se centra en la implementación de un “modelo de gestión forestal moderno, adaptado a las condiciones climáticas, territoriales y económicas actuales”. Se plantean seis propuestas, en las que destaca, principalmente, la idea de la prevención y anticipación como herramientas clave para enfrentar estos eventos.
Mediante quemas prescritas, la aplicación planificada de fuego de baja intensidad, la ganadería extensiva, el pastoreo y la innovación tecnológica en maquinaria y labores forestales, se busca una gestión activa y eficiente.
Además, se promueve la ampliación del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y la creación de incentivos ligados a servicios ecosistémicos para el sector. Entre los aspectos cruciales del documento está la organización de la biodiversidad territorial, proponiendo un paisaje forestal multifuncional que incluya, por ejemplo, la ordenación en mosaico y la creación de corredores ecológicos.
Las reforestaciones son esenciales para restaurar los suelos destruidos por el fuego, pero deben realizarse con criterios de innovación y funcionalidad, empleando especies resistentes al fuego y protegidas para conservar el terreno.
Otro factor que potencia la propagación y extensión de los incendios es la insuficiente vigilancia del terreno. La escasez de personal y la despoblación rural generan una gestión forestal menos efectiva. Por ello, se plantea un modelo de gobernanza participativa y colaborativa.
Inundaciones: un caso que subraya la necesidad de limitar la ocupación del suelo
“El agua representa el vector más visible de la emergencia climática en España, manifestándose en sequías prolongadas, precipitaciones e inundaciones extremas, agotamiento de acuíferos y conflictos territoriales”, señala el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).
En cuanto a las inundaciones, el documento propone desarrollar una planificación hídrica que permita una gestión eficiente, segura y sostenible de los recursos y riesgos asociados a estos fenómenos. Se promueve, además, reducir esta amenaza en zonas vulnerables mediante la limitación del uso del suelo y las construcciones. Para ello, se sugiere incluir criterios de resiliencia hídrica y climática en todas las contrataciones públicas de infraestructura, basándose en mapas de riesgo.
El Pacto también contempla medidas para enfrentar el calor extremo, combatir la desinformación climática y frenar la pérdida de biodiversidad. “Proteger el clima no es un capricho ideológico, aunque exista una batalla política detrás”, enfatizó Sánchez el pasado miércoles. “Implica reducir daños futuros, evitar pérdidas millonarias; salvar vidas; conservar nuestra rica biodiversidad, única en el mundo, y fortalecer nuestra seguridad colectiva”.