La UCO ha arrestado a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por una posible red de corrupción vinculada a contratos públicos desde 2018.
Los detenidos están implicados en delitos como fraude, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
La investigación se centra en la compañía Servinabar y su relación con Santos Cerdán, utilizando sociedades como Forestalia, Sumelzo y Cistec para canalizar comisiones ilegales.
Se han llevado a cabo 19 registros en oficinas de entidades públicas y privadas, entre ellas SEPI, Enusa, Mercasa y Forestalia, buscando indicios de irregularidades.
Las recientes detenciones efectuadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de una nueva causa judicial todavía bajo secreto de sumario y promovida por la Fiscalía Anticorrupción, acercan la presión política sobre el Ejecutivo español.
La fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, fueron arrestados sorpresivamente desde la tarde del miércoles hasta la mañana del jueves en un asunto desconocido que investiga el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.
Dado que la causa está bajo secreto, aún no se conocen los detalles que motivaron las detenciones ni su fecha exacta, aunque todo indica que se trata de una nueva investigación por presuntas anomalías en la contratación pública iniciada tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018.
Todos ellos están siendo investigados por supuestos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a una organización criminal.
El vínculo principal entre los tres arrestados es Santos Cerdán y la empresa Servinabar, de la cual poseería el 45% del capital social —no público— y que supuestamente fue usada para canalizar las supuestas comisiones a cambio de contratos amañados, lo que llevó al exsecretario de Organización del PSOE a prisión. Vicente Fernández también formó parte del personal de esta compañía.
Junto con estas detenciones, la Guardia Civil ha realizado múltiples registros en las sedes de las compañías presuntamente implicadas, incluyendo oficinas de SEPI, Enusa, Mercasa y Forestalia.
En total, según informó la Audiencia Nacional, se han llevado a cabo hasta 19 registros en diversas provincias españolas.
Los siguientes párrafos explican, basados en sus protagonistas principales, el funcionamiento de la presunta red corrupta integrada entre otros por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso; estos dos últimos fueron colaboradores cercanos de la ministra María Jesús Montero y del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, respectivamente.
1. Antxon Alonso
El nombre de Antxon Alonso emergió tras el informe de la UCO que condujo a la prisión de Santos Cerdán, con quien mantenía una amistad íntima y sociedad en Servinabar, y que también terminó con su imputación ante el Tribunal Supremo.
Además, fue la persona que abrió las puertas para que Cerdán contactara con EH Bildu y PNV, según la declaración de Cerdán ante el Alto Tribunal, y organizó un encuentro crucial entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi entre el 24 y 31 de mayo de 2018 en un caserío del País Vasco para acordar la moción de censura contra Mariano Rajoy, tal como adelantó EL ESPAÑOL.
Junto a Santos Cerdán, ejerció influencia sobre el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, favoreciendo a mercantiles como Forestalia, Sumelzo y otras firmas del sector renovable que presuntamente los remuneraban. De hecho, gestionó la aprobación ministerial para construir una autopista eléctrica entre Aragón y el País Vasco, actuando como mediador entre Forestalia, Sumelzo y el Gobierno de Navarra.
Posee también una compañía de energías renovables domiciliada en la misma dirección que varias sociedades vinculadas a Forestalia y la familia Sumelzo: Next Generation Caliope Innova SL.
2. Vicente Fernández Guerrero
Presidió la Sociedad Española de Participaciones Empresariales entre junio de 2018 y octubre de 2019 y fue mano derecha de María Jesús Montero, vicepresidenta primera, vicesecretaria del PSOE y candidata a presidir la Junta de Andalucía, quien lo designó para liderar SEPI.
Su vínculo se fortaleció cuando en 2016 comenzó a trabajar con Montero como interventor general de la Junta de Andalucía hasta junio de 2018, periodo en el que ella dirigía la Consejería de Hacienda en el gobierno socialista de Susana Díaz.
También fue secretario de los consejos de administración de la Empresa Pública de Gestión de Activos; la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial y Cartuja 93.
En octubre de 2019, fue imputado en el conocido caso Aznalcóllar, que investigaba presuntas irregularidades en la licitación de la mina de Aznalcóllar.
Leire Díez, en ese momento jefa de comunicación de la sociedad pública Enusa, colaboró para exonerarlo y estuvo presente en las primeras sesiones del juicio antes de que su nombre trascendiera públicamente.
Tras la negativa a archivar el caso, el expresidente de SEPI fue contratado en 2021 por la constructora Servinabar 2000, propiedad de Antxon Alonso, y permaneció en nómina durante más de 18 meses.
Además, alquiló el piso en Diego de León que utilizaba la fontanera del PSOE para mantener reuniones con empresarios con el fin de recolectar información.
3. Leire Díez
Exmilitante socialista, su nombre salió a la luz tras la publicación en varios medios, incluido EL ESPAÑOL, donde se desveló su labor como fontanera de Ferraz, buscando información sobre jueces, fiscales y mandos de la UCO incómodos para el Ejecutivo.
«Necesito a Balas. Si está muerto, mejor», decía en una conversación con el empresario Alejandro Hamlyn publicada por El Confidencial, refiriéndose al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las investigaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Además de Balas, Díez buscó información sobre otros mandos de la Guardia Civil, como el capitán Juan Bonilla, exjefe de fuentes de la UCO.
Afirmaba hablar en nombre del presidente y ser la persona designada por el PSOE para investigar posibles irregularidades y ofrecer a cambio ascensos a fiscales y guardias civiles y a diversos empresarios imputados, lo que llevó al Juzgado de Instrucción nº9 de Madrid a abrir diligencias en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
Fue consejera en Cistec Technology, directora de comunicación en la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y posteriormente jefe de relaciones institucionales en Correos, todas empresas dependientes de SEPI, hasta febrero de 2024.
Su relación con Cerdán potenció sus contactos en Ferraz. Junto con otros colaboradores, incluso se reunió en la sede del PSOE con el entonces director adjunto de Gabinete de Pedro Sánchez, Antonio Hernando, para entregar audios relacionados con las saunas del padre de Begoña Gómez.
4. Gaspar Zarrías
Ex presidente de la Junta de Andalucía y exsecretario de Estado de Cooperación Territorial bajo José Luis Zapatero, es amigo personal de la vicepresidenta María Jesús Montero, con quien compartió siete años en el Gobierno de Manuel Chaves, donde fue presidente en funciones en 2009. Fue uno de los pocos que apoyó a Pedro Sánchez cuando aspiraba a liderar el partido.
También mantuvo a sueldo a Leire Díez mientras esta recopilaba información comprometedora sobre agentes de la Guardia Civil, jueces y fiscales a favor del PSOE, a través de la sociedad Zaño Sociedad Consultora, vinculada igualmente al partido; en ella han trabajado dirigentes como Anabel Mateos, actual secretaria de Municipios del Litoral en la Ejecutiva de Pedro Sánchez y esposa del secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando.
Su consultora cobró además de otro empresario implicado en la trama de contratos amañados, Pepe Ruz, mediante Koldo García, con quien mantenía estrecha relación.
Fue condenado a nueve años de inhabilitación para cargos públicos por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, aunque fue el último socialista cuya condena fue anulada por el Tribunal Constitucional.
5. Fernando Samper
Empresario aragonés, propietario y presidente del grupo Forestalia, actor relevante en parques eólicos y fotovoltaicos, con numerosos proyectos polémicos por su impacto territorial.
Su holding Fernando Sol y sociedades relacionadas comparten domicilio y operaciones con vehículos de la familia Sumelzo y entidades vinculadas a Antxon Alonso, situándolo dentro de la red de sociedades beneficiadas por decisiones administrativas en energía renovable.
En septiembre de 2023 se reunió en el Palacio de Navarra con el vicepresidente Félix Taberna, Santos Cerdán y directivos de Forestalia como Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor.
6. Fernando y Juan josé Sumelzo
Miembros de la familia Sumelzo, empresarios del sector renovable y primos/hermanos de la diputada socialista Susana Sumelzo, cercana a Pedro Sánchez.
Mediante sociedades como Sumelzo SA y otros vehículos eólicos, intercambian participaciones y cargos con Forestalia y empresas del entorno de Samper, creando una red de sociedades instrumentales para proyectos en Aragón.
Su función en la trama es la de socios empresariales que se benefician de la expansión de megavatios renovables, ligados simultáneamente al poder político socialista y a la estructura empresarial investigada.
8. SEPI
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un holding público que agrupa distintas empresas públicas con participación estatal, adscrita al Ministerio de Hacienda. Entre sus filiales figuran Correos, Navantia, Agencia EFE, Tragsa, Mercasa y Hunosa, entre otras.
Durante la presidencia de Vicente Fernández, SEPI adquirió participación en Cistec.
9. Enusa
Empresa pública dedicada al ciclo nuclear, dependiente de SEPI, donde Leire desempeñó un cargo antes de pasar a Cistec y Correos, evidenciando un patrón de puertas giratorias en empresas estatales.
Todo indica que su sede fue objeto de registro por la vinculación con la ex militante socialista y por su condición de entidad pública.
Hasta ahora, se han divulgado registros y solicitudes de documentación sin que se haya detallado imputación específica contra ENUSA como entidad dentro del contexto general de la red.
10. Correos
Correos ha sido uno de los organismos públicos registrados por la UCO en esta investigación. Leire Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales; los investigadores examinan si su cargo fortaleció su red de contactos, así como su acceso a información o influencia.
11. Forestalia
La relación entre Forestalia y la familia Sumelzo data de 2017. Esta empresa comparte domicilios y bufetes con sociedades de la familia de la secretaria de Estado, Susana Sumelzo, y con la sociedad Next Generation Caliope Innova, que fue administrada por Ántxon Alonso hasta poco antes de su arresto.
La investigación sugiere que compañías como Forestalia podrían haber recibido un trato preferente a través de SEPI y sus participadas (Cistec, Enusa), con Díez y Fernández como facilitadores de fondos y contratos. Aunque Forestalia no figura entre los detenidos ni imputados directos, su inclusión en los registros refuerza la sospecha de una red donde las renovables funcionan como vehículo para flujos irregulares ligados a Servinabar (de Alonso) mediante comisiones ilegales.
12. Sumelzo SA
Esta constructora, con sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), está gestionada por el hermano y primo de Susana Sumelzo, quien se ha desligado totalmente de los negocios familiares. «Nunca he tenido relación económica ni participación alguna en estas actividades empresariales», afirmó a EL ESPAÑOL.
Asimismo, ha conseguido decenas de millones en contratos de obra pública desde la llegada de Sánchez a Moncloa. La UCO identificó un pago de esta empresa a la constructora de Santos Cerdán y Antxon Alonso.
13. Next Generation Caliope Innova
Es una firma instrumental de renovables creada el 8 de abril de 2022 y administrada por Ántxon Alonso desde septiembre de ese año hasta noviembre de 2025, justo antes de su detención. Su domicilio coincidía con varias sociedades de Forestalia y la familia Sumelzo.
Posee un activo valorado en 2.180.918 euros y no ha registrado facturación en los últimos años. La sede fue inscrita en la calle Serrano, 76 de Madrid por el socio de Cerdán.
En esa dirección se ubica el despacho de abogados GVJ & Associates, que también opera en Suiza y está especializado en energías renovables.
14. Servinabar
Esta sociedad, de la cual es propietario Antxon Alonso, según los investigadores habría cobrado aproximadamente un 2% de las obras adjudicadas irregularmente a Acciona, sumando unos 6,7 millones de euros en comisiones ilegales. Acciona cuenta con varios exdirectivos investigados por su relación con la trama que supuestamente obtenía contratos mediante Santos Cerdán, enlace con el Ministerio de Transportes.
Recibió, asimismo, más de 100 millones de euros en contratos públicos del Gobierno de Navarra bajo María Chivite, incluyendo la obra de los túneles de Belate valorada en 76 millones.
Contrató en 2018 a la esposa del exsecretario de Organización, Francisca Muñoz, a quien pagaba un salario neto mensual de 1.900 euros, y financió el ático que habitaba durante su militancia en el PSOE, según documentos de la Guardia Civil.
Además, recibió transferencias significativas de sociedades ligadas a Forestalia y la familia Sumelzo.
15. Mercasa
Empresa pública dedicada a mercados mayoristas, en la que el holding público posee el 51% del capital y el Ministerio de Agricultura el 49%, con filiales en logística alimentaria (Mercamadrid, Mercabarna), transporte nuclear (ETSA) y gestión de residuos (EMGRISA).
Aunque por ahora no se ha imputado a directivos vinculados a esta entidad, la UCO registró sus oficinas para obtener documentación relativa a posibles irregularidades en contratos y adjudicaciones, especialmente durante la gestión de Fernández al frente del holding y el periodo en que Díez trabajaba en otras empresas públicas.
16. Cistec Technology SL
Compañía tecnológica vasco-navarra que cobra protagonismo tras la detención de Leire Díez. El punto central reside en que SEPI adquirió el 25% de su capital en 2018, año en que Sánchez llegó al Gobierno, y Díez fue consejera entre 2021 y 2023 en representación del holding, justo después de su paso por ENUSA.
A pesar de ello, Díez no percibió remuneración como consejera; sin embargo, los agentes examinan si la empresa sirvió como plataforma para desviar fondos hacia otras mercantiles.
Desde la entrada de Sánchez en el Ejecutivo, esta compañía ha ganado más de 60 adjudicaciones públicas por aproximadamente 5,5 millones de euros y ha recibido subvenciones cercanas al millón de euros.