La norma avanza tras la ponencia de la Comisión de Justicia y se encamina a reforzar el Código Penal
Un nuevo paso. Una de las demandas fundamentales de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez en la lista de temas pendientes para restablecer la confianza entre el PSOE y Junts consiste en aprobar mecanismos legales que permitan enfrentar con mayor rigor el problema de la multirreincidencia en delitos. Esto está próximo a concretarse, tras el avance decisivo que supuso ayer la aprobación de la ponencia de la reforma destinada a endurecer el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
PSOE, PP y Junts han dado luz verde a seis enmiendas que desbloquean de forma definitiva la propuesta, dejando una imagen paradójica: los socialistas progresan en una iniciativa respaldada por toda la derecha y que provoca objeciones en algunos de sus socios de izquierda, como Podemos y EH Bildu, además de las reservas de Sumar.
La incorporación de esas seis enmiendas se ha producido en el seno de la ponencia de la Comisión de Justicia que tramita la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia, la cual dictaminó favorablemente. Esto ha permitido reactivar una ley que Junts presentó en 2024 y que había permanecido inactiva en un cajón durante más de un año desde su admisión.
Hasta ahora, el proyecto había estado postergado, hasta que el PSOE, presionado, decidió actuar. La iniciativa propuesta por Junts figura en la relación de agravios que llevaron a Puigdemont a romper con el PSOE y retirar el respaldo parlamentario al Ejecutivo.
Actualmente, los socialistas intentan acelerar para favorecer una reconciliación con Junts que permita sostener la legislatura. Este movimiento forma parte de una estrategia global del Gobierno que, esta misma semana, quedó patente en las declaraciones del presidente, quien reconoció sus «incumplimientos» con Puigdemont y se comprometió a intentar resolverlos en breve.
Con el fin de lograr la recuperación de Junts, el PSOE aceptó tres enmiendas transaccionales presentadas por el PP, que derivan de una ley de multirreincidencia propia de los populares. El PP también consiguió aprobar una enmienda in voce. Las primeras están vinculadas con el aumento de penas para hurtos reiterados de teléfonos, dispositivos móviles y fraudes multirreincidentes.
Fuentes del PP indican que esas tres enmiendas transaccionales se aprobaron con el apoyo mayoritario de los grupos y niegan rotundamente que dicha aprobación haya surgido de una «negociación previa» con el PSOE. Por ello, estas fuentes aclaran: «No se trata de ningún acuerdo a tres». Añaden que las propuestas recibieron también el respaldo de otras formaciones, entre ellas Vox.
Endurecimiento de penas y orden de alejamiento en barrios
Respecto al contenido de los cambios, se destacan varias medidas. Una consiste en endurecer las penas para quienes hayan sido condenados por lo menos por tres delitos similares, de los cuales al menos uno debe ser leve.
También se establece la posibilidad de imponer una orden de alejamiento durante la investigación de un delito, ya sea para proteger a la víctima o para prevenir la reincidencia. De este modo, se podrá prohibir de forma cautelar acudir a un lugar específico, que puede ser un barrio, municipio, provincia u otra entidad local, incluso una comunidad autónoma.
Existen otros cambios adicionales. Uno está relacionado con las narcolanchas y el llamado «petaqueo». La adquisición, posesión, depósito, almacenamiento o suministro con manifiesta temeridad de cualquier combustible líquido en contra de las leyes o disposiciones generales será sancionada con penas de prisión de uno a cinco años.
En cuanto a los delitos cometidos a través de internet, teléfono o tecnologías de comunicación, el juez podrá ordenar la retirada temporal de contenidos ilegales, la suspensión de los servicios que los ofrezcan o el bloqueo de los mismos cuando provenzan del extranjero.
Fuentes del PSOE celebran el avance parlamentario de la proposición de ley de multirreincidencia «con el consenso de varias formaciones políticas» y valoran que se haya logrado un «entendimiento» que permitirá que el texto incorporado «se adecúe mejor» a la posición socialista «en contraste con opciones que podrían ofrecer únicamente otros grupos de derecha».
La ponencia culminó con un dictamen que será remitido a la Comisión de Justicia, la cual se reunirá la próxima semana para aprobarlo. Este paso permitirá que la iniciativa de Junts llegue al Pleno del Congreso para su aprobación final tras las vacaciones de Navidad.
La fecha exacta sigue siendo incierta. Si en enero se habilita la actividad parlamentaria, poco habitual en ese mes, la ley se aprobará entonces. En caso contrario, la propuesta deberá esperar hasta febrero.
En cualquier caso, el consenso alcanzado entre PSOE y partidos de derecha garantiza un resultado favorable en el Congreso y, posteriormente, en el Senado. El desafío estará en sus aliados de izquierda y en si su rechazo a la ley genera un conflicto.