El abogado de David Sánchez acusaba a los tres magistrados de haber perdido la «imparcialidad judicial» al resolver recursos en favor de la juez Biedma
Begoña García Boró, fiscal encargada del caso de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y del candidato del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rechazado la recusación planteada por varias defensas, incluyendo la del propio artista, contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que integrarán el tribunal del juicio oral donde serán juzgados ellos y otros nueve acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El juicio está previsto que comience a finales del próximo mes de mayo. Los magistrados designados para este tribunal son José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Fernández Gallardo.
En un documento remitido a la sección primera de la Audiencia Provincial, la Fiscalía solicita «la desestimación de las peticiones de recusación planteadas, al considerar no demostrada la existencia de la causa alegada para dicha recusación». Cabe recordar que esta fiscal se posicionó en contra de la apertura del juicio oral, argumentando la falta de indicios sólidos en la acusación sobre la supuesta concesión irregular de la plaza de alto rango en la Diputación de Badajoz a David Sánchez.
Concretamente, las defensas de David Sánchez Pérez-Castejón, Juana Cinta Calderón (ex directora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz), Francisco Martos Ortiz (ex diputado de Cultura), Manuel Candalija (ex jefe del Servicio de Actividades Culturales) y Emilia Parejo (ex directora del Área de Cultura) promovieron la recusación, cuestionando la «imparcialidad» de los magistrados por haber resuelto durante la instrucción numerosos recursos siempre favoreciendo las tesis de la jueza investigadora del caso, Beatriz Biedma. No obstante, la Fiscalía considera que los argumentos de las defensas «no son suficientes para poner en duda dicha imparcialidad». En este sentido, Begoña García Boró enfatiza que para que una recusación resulte procedente «la parcialidad debe quedar demostrada con datos objetivos», cosa que no ocurre en este caso.
En su defensa, el abogado del músico, Emilio Cortés, señalaba que la Audiencia ya resolvió en contra un recurso de alzada interpuesto el 23 de septiembre frente al auto del 28 de abril de la jueza Beatriz Biedma, que situaba a los investigados al borde de ser juzgados. Cortés argumenta que «tres de los cuatro magistrados que firmaron dicha resolución formarán parte del Tribunal de Enjuiciamiento en este proceso, por lo cual han tenido una intervención decisiva acerca de la fase de instrucción y ahora serán responsables de la celebración del juicio oral, de manera conjunta».
Para Cortés, «en la revisión de los indicios seleccionados por la instructora para promover la apertura del juicio oral se presentan como acreditados elementos incriminatorios contra los acusados», además de que el Tribunal de la Audiencia «marca con parcialidad extrema, hasta distorsionarla, al aceptar sin reservas los postulados fácticos de la jueza Beatriz Biedma».
Los tres magistrados recusados deben remitir un informe al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para responder a estas acusaciones, siendo este órgano judicial el encargado de decidir en último término sobre las recusaciones presentadas.