Más presión sobre los sueldos elevados, incertidumbre respecto al salario mínimo interprofesional, cuotas de autónomos congeladas y mayor presión mediante el MEI con el propósito de garantizar las pensiones frente a la jubilación de los ‘baby boomers’
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha activado el proceso para definir la forma de cotización en 2026. Lo ha hecho mediante la publicación para consulta pública de la orden de bases de cotización correspondiente al próximo año, un documento fundamental aunque todavía provisional, debido a que varios elementos siguen sin confirmarse. Entre ellos destacan dos que condicionan todo el sistema: el salario mínimo interprofesional (SMI), que aún no se ha actualizado para 2026, y la cifra definitiva del IPC de noviembre, que determinará el incremento de la base máxima.
A pesar de estas incertidumbres, la orden ya presenta cambios importantes que afectarán tanto a empresas como a trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Además, establece una tendencia clara: las cotizaciones continuarán aumentando para fortalecer el financiamiento del sistema de pensiones en los períodos de mayor presión demográfica, en especial tras la jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’.
Uno de los puntos más esperados está prácticamente decidido. La orden contempla una subida del 3,9% en la base máxima, alcanzando los 5.101,2 euros mensuales, cifra que podría experimentar ligeras variaciones una vez se tenga el IPC definitivo, aunque no se esperan cambios significativos.
Este aumento se explica por la reforma del sistema de pensiones impulsada por José Luis Escrivá. Desde 2024, las bases máximas se actualizan anualmente tomando el promedio del IPC de los doce meses previos, al que se añade un 1,2 puntos extra. Para 2026, el INE ha adelantado un IPC promedio del 2,7%, que sumado al 1,2% da lugar a un incremento aproximado del 3,9%. Esta metodología se mantendrá hasta 2050, implicando que las bases máximas continuarán incrementándose de forma sistemática por encima de la inflación.
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Base mínima: pendiente del SMI, sin descenso por debajo de 1.381,2 euros
La contraparte, la base mínima, está condicionada por la actualización del SMI para 2026. Por ley, esta base se calcula agregando un sexto al salario mínimo. Sin embargo, mientras continúan las negociaciones sobre el nuevo SMI, la orden mantiene la base mínima vigente: 1.381,2 euros mensuales, idéntica a la cifra establecida para 2025, hasta que se confirme la revisión del salario mínimo.
Este dato es crucial no solo para trabajadores y empleadores, sino también para otros mecanismos incorporados en las reformas laborales recientes, como la penalización por contratos temporales de corta duración.
La orden también especifica que, provisionalmente, se mantiene en 32,6 euros la cotización adicional que las empresas deben abonar tras la finalización de contratos temporales inferiores a 30 días. Este coste extra, creado con la reforma laboral de 2021 para reducir la temporalidad, está vinculado a la base mínima de cotización del grupo 8 y será actualizado cuando se confirme el nuevo SMI.
Cuotas de autónomos: total incertidumbre
Uno de los mayores enigmas continúa siendo la cuota de autónomos para 2026. La orden no especifica estas cantidades, a la espera de que el Ministerio decida si aplicará la última propuesta presentada: congelar las cuotas para los tramos de menores ingresos y aumentar entre un 1% y un 2,5% las de los otros tramos, lo que implicaría entre 2,9 y 14,75 euros más al mes.
Por ahora, el documento no detalla nada concreto. La resolución dependerá tanto de las negociaciones con las asociaciones del sector como de las previsiones de ingresos del sistema.
Sin embargo, un aspecto ya cerrado es el del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización adicional que se implementó en 2023 para fortalecer la “hucha de las pensiones”. A partir del 1 de enero de 2026, el MEI aumentará del 0,80% actual al 0,90%, de los cuales 0,75% corresponderá a la empresa y 0,15% al trabajador. Este incremento forma parte del calendario previsto hasta 2029, cuando llegará a su máximo del 1,2%. Los fondos que se recauden se destinan exclusivamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, esencial para financiar las pensiones de la generación del ‘baby boom’.
Cuota de solidaridad: mayor presión para los salarios altos
La denominada cuota de solidaridad, que se introdujo en 2024, afectará progresivamente a los salarios más altos. Se trata de un recargo aplicado sobre la parte del salario que excede la base máxima de cotización, que aumenta de manera progresiva según los tramos.
Con la base máxima fijada en 5.101,2 euros, los tipos para 2026 serán: 1,15% para salarios entre 5.101,2 y 5.611,32 euros (0,96% empresa y 0,19% trabajador); 1,25% para salarios entre 5.611,33 y 7.651,8 euros (1,04% empresa y 0,21% trabajador); y 1,46% para salarios superiores a 7.651,8 euros (1,22% empresa y 0,24% trabajador).
Un empleado que perciba un 10% más que la base máxima —es decir, 5.611,32 euros mensuales— abonará alrededor de 5,86 euros adicionales al mes por este concepto, lo que supone aproximadamente 70 euros anuales. Para un salario un 50% superior a la base máxima —7.651,8 euros mensuales—, la cuota de solidaridad ascenderá a 31,36 euros mensuales, es decir, 376 euros al año.
Este recargo no incrementa la pensión que corresponderá y solo afecta a trabajadores por cuenta ajena, excluyendo a autónomos. Para 2045, cuando la cuota esté plenamente implementada, los tipos serán considerablemente mayores: 5,5%, 6% y 7% según cada tramo.
Un objetivo común: fortalecer el sistema para garantizar las pensiones
La suma de estos mecanismos —incrementos en las bases máximas superiores al IPC, el aumento anual del MEI y la aplicación gradual de la cuota de solidaridad— responde a un objetivo común: elevar los ingresos del sistema de Seguridad Social para anticipar los períodos de mayor presión financiera.
La década de 2040, cuando se jubile la generación más numerosa en la historia de España, constituirá un punto crítico. El Gobierno sostiene que este refuerzo progresivo permitirá mantener el gasto en pensiones sin que el déficit público se descontrole.