Dos ejecutivos de Acciona han negado ante el Tribunal Supremo haber realizado pagos de comisiones ilegales a la red encabezada por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
La empresa Acciona suscribió acuerdos de colaboración con Servinabar, empresa que los investigadores consideran pieza fundamental en la supuesta trama corrupta.
La Guardia Civil detectó transferencias superiores a 6,7 millones de euros de Acciona a Servinabar desde 2015, vinculadas a contratos públicos cuyo valor total excedía los 300 millones de euros.
Aunque negaron irregularidades, los ejecutivos abandonaron el Supremo con restricciones: retención del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.
Un exresponsable de Acciona Construcción y un directivo aún vinculado a la compañía rechazaron esta mañana ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haber distribuido comisiones ilegales dentro de la red de corrupción presuntamente encabezada por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Justo Vicente Pelegrini, quien hasta julio fue CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África, junto a Tomás Olarte, director de la zona norte de la constructora, admitieron que la compañía estableció acuerdos con Servinabar, una pequeña empresa navarra ubicada en el foco de la investigación.
No obstante, rechazaron que Servinabar haya servido para canalizar sobornos a cambio de la obtención de contratos del Ministerio de Transportes.
De esta forma, siguieron la línea del primer empleado de Acciona implicado en estas pesquisas, Fernando Merino, exdelegado para el País Vasco y Navarra, quien testificó en el Tribunal Supremo en julio pasado.
Además de Merino, están investigados Pelegrini —despedido en junio tras conocerse un informe de la UCO relacionado con pagos de comisiones—, Olarte y Manuel García Alconchel. Este último, responsable de la zona sur y África, no declaró hoy y está citado para el próximo día 15.
Olarte y García Alconchel, que reportaban a Pelegrini, permanecen como directivos de Acciona, aunque fueron suspendidos cautelarmente de sus funciones el 18 de noviembre, tras la publicación de un informe de la UCO, fechado una semana antes, que detalla evidencias sobre la relación entre los tres investigados y Servinabar.
La UCO descubrió acuerdos entre Acciona y Servinabar, por los que esta última recibiría un 2% del valor del contrato a cambio de actividades de prevención, seguridad y salud cuyo cumplimiento real es cuestionado por los investigadores.
Según la UCO, Servinabar, empresa navarra pequeña, ha recibido desde 2015 al menos 6.707.294,67 euros de Acciona, por trabajos que alcanzaron adjudicaciones superiores a 300 millones de euros.
El 75,3% de los ingresos de la firma de Antxon Alonso -propiedad en un 45% de Cerdán, según la UCO, aunque el exdirigente socialista lo niega- provienen de su vínculo con Acciona, conforme al último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Pelegrini explicó ante el Supremo que el 2% previsto en los acuerdos con Servinabar no era un porcentaje fijo, sino un límite máximo establecido.
Defendió la realidad de los servicios entregados por Servinabar, respaldándolos con facturas que acreditan dichas prestaciones.
Pelegrini y Olarte indicaron que la relación con Servinabar comenzó en 2015 a partir del proyecto Mina Muga. En todas las obras ‘sensibles’, que podrían causar inquietud o rechazo social, Acciona mantenía reuniones con agentes sociales y políticos para sondear la opinión pública. En ese contexto conocieron a Santos Cerdán, quien «era amigo de Antxon Alonso», y mantuvieron encuentros con él.
Acciona fue mencionada en las investigaciones del Tribunal Supremo el 16 de diciembre, cuando el empresario Víctor de Aldama declaró que la compañía mantenía «una serie de pactos» para obtener contratos en País Vasco y Navarra, regiones bajo influencia del penúltimo exsecretario de Organización socialista.
Posteriormente, gracias a audios encontrados en los teléfonos de Koldo García, asistente de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se reveló que Cerdán mostró interés por proyectos adjudicados a Acciona en otras partes del país, ahora bajo sospecha, como el Puente del Centenario en Sevilla. Para esa obra, el cuñado de Santos Cerdán fue contratado como peón.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, no se mostró convencido por las explicaciones de Pelegrini y Olarte, y tras concluir su declaración solicitó para ellos medidas cautelares: retirada del pasaporte y comparecencias cada quince días en el juzgado.
Estas son las mismas medidas que tenían el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente, Koldo García, antes de ingresar en prisión la semana pasada.
El juez ha aprobado la solicitud realizada por el fiscal.