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Donald Trump, presidente de Estados Unidos que afirma luchar contra los carteles de drogas en América Latina, otorgó la libertad a una persona condenada por dirigir un auténtico «narcoestado» en la región.
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras sentenciado a 45 años de cárcel en EE.UU. por narcotráfico, fue oficialmente indultado por Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según diversas fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. informa en su sitio web que Hernández abandonó el lunes la prisión de Hazelton en West Virginia, donde cumplía la condena dictada el año anterior.
«Mi esposo Juan Orlando Hernández ha RECUPERADO su libertad, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump», publicó la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había adelantado esta medida el viernes, en medio de su polémica ofensiva militar contra presuntos narcotraficantes en América Latina que ha causado al menos 83 fallecidos en ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.
El mandatario señaló el martes que EE.UU. comenzará también ataques «terrestres» que podrían dirigirse a Venezuela o cualquier país que considere productor o exportador de drogas ilegales hacia EE.UU.
Su administración argumenta que estas acciones letales son legales para proteger a ciudadanos estadounidenses de la toxicidad de drogas ilícitas.
No obstante, algunos especialistas alertan que estos ataques a civiles podrían constituir ejecuciones extrajudiciales ilegales, y otros sospechan que el objetivo de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que abandone el poder.
Diversos analistas, incluso del propio Partido Republicano de Trump, observan una contradicción entre estas duras maniobras y el indulto concedido a alguien que facilitó el ingreso de más de 400 toneladas de cocaína a EE.UU., según fiscales estadounidenses.
«Genera una incoherencia profunda: se aplica fuerza letal contra traficantes supuestamente de nivel bajo y medio en el mar, y a la vez un jefe de Estado, condenado por facilitar las mismas rutas, recibe un trato completamente distinto», comenta Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, centro de análisis regional en Washington.
«Esto revela que la misión antinarcóticos, o al menos su relato público, parece mucho más selectiva y motivada políticamente», expresó a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
«Justo frente a sus narices»
Las pruebas presentadas contra Hernández en un tribunal federal de Nueva York el año pasado fueron suficientes para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio contra JOH (por sus iniciales) funcionó como una radiografía detallada de lo que los fiscales calificaron como un «narcoestado» latinoamericano en pleno siglo XXI.
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Aunque durante su mandato entre 2014 y 2022 Hernández aparentaba ser aliado de Washington, en privado comentaba sobre «introducir droga a los gringos justo en sus narices», según testimonio de uno de los testigos.
Este mismo testigo, un excontador hondureño que testificó bajo un nombre falso y protegido por el gobierno estadounidense, relató que Hernández recibía maletines con dinero del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño condenado por narcotráfico, indicó que financió campañas políticas de Hernández y que, con apoyo de las autoridades hondureñas, movilizó toneladas de cocaína en alianza con criminales como Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, encarcelado de por vida en EE.UU.
Según Ardón, «El Chapo» entregó un millón de dólares a la campaña presidencial de Hernández en 2013 a través de Tony Hernández, exdiputado y hermano de Juan Orlando, también condenado a cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga ingresaba a Honduras por tierra, aire y mar con infraestructura destinada al narcotráfico: carreteras construidas por el gobierno en zonas apartadas para facilitar el tránsito, pistas de aterrizaje y puertos claves bajo control de narcotraficantes, y fuerzas de seguridad estatales que en realidad resguardaban las cargas ilegales.
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Durante el juicio también se evidenció cómo la violencia incrementó hasta que Honduras tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros y actualmente encarcelado en EE.UU., declaró haber sobornado a Hernández y admitió haber cometido 78 asesinatos, según su propio testimonio.
«Un mensaje terrible»
Hernández ha mantenido su inocencia desde que fue acusado y extraditado a Nueva York en 2022.
En una carta dirigida a Trump en octubre, afirmó ser víctima de una «persecución política» impulsada por el gobierno anterior de Joe Biden.
«Al igual que usted, fui atacado sin justificación por fuerzas radicales de izquierda que no aceptaban el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y utilizaron acusaciones falsas», expresó en la misiva, divulgada por medios en EE.UU.
Tras el indulto, Trump expresó sentirse «muy bien» por esta decisión y calificó el proceso contra Hernández de «una horrible cacería de brujas» por parte del gobierno de Biden.
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«Hernández era el presidente, y había tráfico de drogas en su país, pero siendo él presidente fue atacado», declaró Trump a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno Biden, como Juan González, asesor de seguridad nacional para América Latina, han señalado que gran parte de la investigación federal sobre Hernández se desarrolló durante la primera administración de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto generó críticas desde la oposición demócrata y también dentro del Partido Republicano.
«¿Por qué indultaríamos a este hombre y luego perseguiríamos a Maduro por tráfico de drogas en EE.UU.?», cuestionó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, calificó el indulto como «un mensaje terrible».
«Es contradictorio decir que debemos incluso considerar invadir Venezuela por narcotráfico y, al mismo tiempo, liberar a alguien», declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de encabezar uno de los cárteles latinoamericanos de drogas considerados «terroristas», el Cartel de los Soles, lo cual el presidente venezolano niega y califica como un pretexto para derrocarlo.
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Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, según medios estadounidenses, Trump le dio un ultimátum en una reciente llamada para que abandonara Venezuela antes del viernes pasado.
Desde que comenzaron los ataques militares contra narcotraficantes en el Caribe en septiembre, expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo, el cual nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, centro británico de análisis, considera que para Trump esto «no es realmente una guerra contra las drogas».
«Si fuera así, dirigiría sus fuerzas hacia otros lados y, obviamente, no indultaría a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos», expresó Sabatini a BBC Mundo.
«Se trata de partidismo. Se trata de alianzas. Y, lo más importante», añadió, «se trata de presionar a otros gobiernos de la región para que lo respalden».