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Carlos Manzo está emergiendo como un emblema. Por su carisma, su lucha directa contra el crimen, y su característico sombrero.
Han transcurrido tres semanas desde el homicidio del alcalde del municipio de Uruapan, en Michoacán, y el impacto de este evento no ha hecho más que crecer.
En un país donde, en promedio, cada mes asesinan a un presidente municipal durante el último año, el caso de Manzo ha adquirido una importancia singular.
A diario, surgen nuevos datos, detenciones o análisis sobre el posible motivo del crimen, capturando la atención paralizante del panorama mediático.
Con frecuencia, también aparecen mensajes políticos que intentan minimizar el caso o lo utilizan como arma para atacar a opositores.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado este asunto en prácticamente todas sus conferencias matutinas desde entonces, anunciando un ambicioso plan para pacificar Michoacán, uno de los estados más afectados por las luchas entre grupos criminales y su influencia en el sistema político, judicial y económico de la región.
Las autoridades han ejecutado alrededor de diez arrestos relacionados con el asesinato, incluyendo a algunos escoltas de Manzo y a Jorge Armando N., conocido como "El Licenciado", supuesto coordinador del atentado.
El autor material, un joven de 17 años llamado Víctor Ubaldo, fue abatido junto con dos cómplices inmediatamente después del ataque ocurrido el 1 de noviembre.
Aunque la motivación del crimen no está completamente definida, las autoridades señalan el posible involucramiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los dos mayores del país, y una disputa entre una célula del cartel y un grupo de autodefensas en una zona con abundantes cultivos de limón y aguacate.
Mientras los detalles se desvelan lentamente, el asesinato del alcalde frontal, ocurrido durante el Día de Muertos, va tomando fuerza como símbolo del cansancio ante la violencia en México.
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Un perfil poco común
La repercusión del asesinato está estrechamente ligada al perfil del alcalde de este municipio de 400.000 habitantes, situado en un punto clave de la próspera industria del aguacate.
A sus 40 años, Manzo ganó rápidamente popularidad en la política de Michoacán gracias a su estilo transparente y un discurso de "cero tolerancia" ante el crimen.
Como diputado y posteriormente alcalde, Manzo no dudó—contrario a varios de sus colegas en la región—en denunciar el "descontrol" de la violencia en Michoacán, revelar la supuesta "complicidad" entre criminales, políticos y policías, exponer los campos de reclutamiento y entrenamiento infantil por parte de grupos armados, y detallar con nombres y apellidos las redes de extorsión que rodean la agroindustria.
Proveniente del partido oficialista Morena, Manzo compitió como independiente para la alcaldía con la intención de romper con los esquemas tradicionales de poder. Su proyección política no solo era local—se le consideraba un posible candidato a la Gobernación—sino también nacional.
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Desde octubre de 2024, al frente de la alcaldía, Manzo buscó retomar el control territorial del Estado en áreas disputadas, se coordinó con el gobierno federal para depurar policías y fiscalías, e incluso canceló eventos públicos emblemáticos como el Grito de la Independencia para preservar la seguridad de la población ante una cadena de ataques.
"No deseo ser otro presidente municipal más en la lista de ejecutados", expresó en una entrevista.
En sus redes sociales manifestó: "Podrán asesinarme, levantarme, intimidarme o amenazarme. Pero afuera hay un pueblo que demanda justicia y está agotado de las extorsiones. Podrán dañarme, pero se enfrentarán con un tigre furioso, que es el pueblo de Uruapan. Así que cuidado, porque si lastiman a uno, lastiman a todo el pueblo de Uruapan".
Este mensaje parece haber sido efectivo. Su Movimiento del Sombrero —una corriente que utiliza el sombrero de palma como símbolo de combate directo al crimen— empieza a extenderse más allá de Michoacán.
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Un problema nacional
Gran parte de lo que este caso simboliza no es exclusivo de este estado del occidente mexicano: en Guerrero, Zacatecas, Colima, Morelos y el Estado de México convergen las mismas condiciones de captura institucional y fragmentación de grupos armados que generan disputas continuas.
En otras entidades como Guanajuato, Chihuahua y Sinaloa, la presencia del crimen organizado es una constante que se refleja, casi diariamente, en homicidios y extorsiones.
Sin embargo, la ola de violencia en México no es reciente: durante por lo menos veinte años el país ha estado inmerso en esta situación, y el poder de las organizaciones criminales solo ha crecido.
En Michoacán, de hecho, tres presidentes anteriores a Sheinbaum —Felipe Calderón en 2006, Enrique Peña Nieto en 2014 y Andrés Manuel López Obrador en 2021— implementaron planes de pacificación y recuperación territorial, ninguno de los cuales logró éxito.
En ausencia de resultados efectivos por parte de las autoridades, entre 2010 y 2013, diversos grupos ciudadanos locales unieron fuerzas y crearon escuadrones armados para intentar controlar la violencia mediante retenes, patrullajes, coordinación vecinal y enfrentamientos directos con los cárteles.
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No obstante, en vez de bajar, la violencia aumentó tras el surgimiento de las autodefensas; aunque hoy no cuentan con la misma fuerza que hace una década, parte de sus integrantes originaron escisiones que ahora se encuentran en el corazón del conflicto que indirectamente llevó al asesinato de Manzo.
Sheinbaum asumió el poder con una estrategia de seguridad que tuvo logros durante su alcaldía en Ciudad de México: fortalecimiento y depuración de fiscalías y cuerpos policiales, coordinación entre civiles y fuerzas militares, y mejores salarios y formación técnica para los agentes.
Para varios analistas, asesinatos como el de Manzo son una reacción a esta campaña gubernamental.
Según datos oficiales, su estrategia ha mostrado resultados: los homicidios descendieron un 37% en el país, se arrestaron cerca de 40,000 personas por delitos de alto impacto y se destruyeron 1.500 laboratorios dedicados a la producción de drogas ilegales.
Sin embargo, las desapariciones han crecido alrededor de un 13%, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, reportándose un promedio diario de 41 personas desaparecidas.
"El caso de Manzo evidencia las desigualdades regionales existentes, porque mientras aparentemente las cifras generales mejoran, en ciertas regiones específicas la violencia persiste", señala Carlos Pérez Ricart, analista político especializado en Seguridad.
Añade: "Que su liderazgo contara con apoyo popular, que el crimen ocurriera en la Noche de las Velas del Día de Muertos y tuviera cobertura mediática, y que su Movimiento del Sombrero resuene a nivel nacional, junto a que su esposa, Grecia Quiroz, lo reemplazara en la alcaldía y sea considerada para la gobernación, indican que esta historia aún está en desarrollo".
El símbolo de Manzo apenas comienza a forjarse.
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