El exministro socialista recibe un salario neto mensual de 5.581 euros por acudir a votar y desempeñar funciones como vocal en una comisión que se reúne aproximadamente ocho veces al año.
José Luis Ábalos ha permanecido en su escaño en el Congreso a la espera de la citación para sentarse en el banquillo acusado por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, concluyó a principios de noviembre la investigación sobre la parte del caso Koldo vinculada al presunto cobro de comisiones ilícitas por la venta de mascarillas durante la pandemia, decidendo enviar a juicio – aún sin fecha fijada – al exministro de Transportes, sin que esto alterase sus planes laborales inmediatos. Este jueves se celebrará una vista para revisar su situación respecto a medidas cautelares.
El también exsecretario de Organización del PSOE no ha mostrado en ningún momento intención de renunciar a su acta de diputado, que le garantiza un sueldo neto de 5.581 euros al mes distribuidos en 14 pagas, prácticamente sin dedicar tiempo, además de preservar su condición de aforado. De hecho, cuando el pasado 15 de octubre se barajó la posibilidad de prisión tras ser llamado a declarar nuevamente — lo que provocó incluso un debate jurídico inédito sobre su suspensión en funciones — la única precaución del político valenciano fue dejar su coche particular en el parking del Congreso.
La dirección de Ferraz suspendió a Ábalos de militancia en febrero de 2024 tras la detención de quien fuera su mano derecha en el Ministerio, Koldo García, aunque por entonces no existía ningún «reproche penal» contra él. Le exigieron también que abandonara su escaño, orden que desobedeció, pasando a integrarse en el Grupo Mixto. Desde entonces, su actividad parlamentaria se ha limitado al registro de 11 preguntas para respuesta escrita por parte del Gobierno, de las cuales tres guardan relación con asuntos de su interés personal.
El exministro suele presentarse en los plenos del Congreso en las jornadas de votación — salvo en junio, cuando no asistió a ninguna sesión — y llega justo al sonar el timbre que convoca a los diputados al hemiciclo. Tras ocupar tres años los asientos azules reservados para los miembros del Ejecutivo en primera fila, ahora se acomoda en el gallinero. No ha intervenido jamás en debates, aunque tiene opción de repartir tiempos con sus compañeros de bancada, y tampoco participa en las discusiones en las que es directamente objeto de ataques políticos.
Sin embargo, percibe el mismo sueldo base que los otros 349 miembros de la Cámara, que asciende a 3.236,32 euros brutos mensuales, y un complemento de 2.078,92 euros destinado a diputados de circunscripciones distintas a Madrid — en su caso Valencia — exento de tributación y orientado a gastos. A esto se suman otros 1.203,45 euros brutos al mes por su puesto como vocal en la Comisión de Peticiones, un órgano que se dedica exclusivamente a analizar solicitudes dirigidas al Congreso y remitirlas a las instituciones competentes para su tramitación, reuniéndose en total un máximo de ocho veces al año. Desde su incorporación al Grupo Mixto, ha acumulado más de 120.000 euros en ingresos.
Aunque Ábalos amenazó con dejar de seguir la disciplina de voto del PSOE al sentirse sin respaldo dentro del partido, al que acusó públicamente de «deslealtad absoluta», en la práctica ha mantenido un bloque casi homogéneo con ellos. Una de las pocas ocasiones en que marcó una diferencia fue su voto favorable a la proposición del PP para solicitar al Gobierno una «auditoría independiente» de las fallas en las pulseras para la protección de víctimas de maltrato, mientras que el grupo de Sánchez optó por abstenerse tras considerar votar en contra.
Además, el ex número tres de Ferraz mostró su apoyo — nuevamente alineado con los socialistas — a la Proposición de Ley para crear la Oficina de Prevención de la Corrupción en septiembre pasado, cuando ya estaba imputado por su supuesta implicación en la trama que incluye a su exasesor y también a su sucesor como secretario de Organización en el PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, la iniciativa fue descartada al sumar fuerzas el PP, Vox y Junts.
Entre los asuntos de interés para Ábalos en esta legislatura se encuentran la auditoría solicitada por el Ministerio de Transportes, actualmente dirigido por Óscar Puente, para fiscalizar los contratos de mascarillas que él autorizó durante la pandemia y que están siendo investigados en el caso Koldo; la «posible vigilancia sin aval judicial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» sin considerar su condición de aforado; y el proceso de promoción interna de su policía de confianza, Rubén Eladio López, designado director de la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis.
Los otros ocho temas que ha abordado el diputado del Grupo Mixto incluyen una denuncia de un camionero contra los escoltas de Santiago Abascal, líder de Vox, por presunta agresión en una estación de servicio en El Bruc (Barcelona); los insultos al exlíder de Podemos Pablo Iglesias y a la exministra de Igualdad Irene Montero al acudir a un juzgado; la utilización de medios militares en las celebraciones del 2 de Mayo en Madrid; un acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa para la formación de 30.000 agentes; el estado de conservación de la A-4; el Reglamento de Restauración de la Naturaleza y dos cuestiones relativas a Valencia, la provincia por la que obtuvo su acta: una sobre la dana y otra sobre el ERE de Ford en la planta de Almussafes.