Se rechaza que la divulgación de las cuentas ocultas del ex president en Andorra por parte de EL MUNDO afecte la investigación por blanqueo que involucra a toda la familia.
La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado este miércoles la legalidad del procedimiento iniciado hace más de diez años contra la familia Pujol, así como la corrección de que el caso se tramité en la Audiencia Nacional. Esto se expresó en respuesta a las alegaciones presentadas por las defensas durante el trámite de cuestiones previas, que abrió la vista oral contra el ex president de la Generalitat y sus siete hijos el pasado lunes.
El fiscal Fernando Bermejo se opuso a la petición de la familia Pujol de trasladar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual consideran competente dado que parte de los presuntos delitos se habrían cometido en territorio español. Para que la Audiencia Nacional fuera competente, los hechos deberían haberse desarrollado íntegramente en el extranjero.
El representante del Ministerio Público defendió que los hechos ocurrieron parcialmente fuera de España. «Se trata de una actividad compleja que se inició en territorio español y culminó fuera del país», señaló en referencia al delito de blanqueo de capitales que estructura la acusación, lo que determina «de forma clara» la jurisdicción de los juzgados centrales, agregó.
El fiscal también negó que nos encontremos ante una investigación «prospectiva», argumentando que las diligencias previas comenzaron con indicios «concretos y suficientes» de delito. Situó el origen de la investigación en la denuncia presentada ante la policía en septiembre de 2010 por Victoria Álvarez, ex pareja del hijo mayor de los Pujol, quien señaló indicios de una operación económica para ocultar patrimonio.
La línea de defensa sostiene que aquella denuncia no llevó a nada sustancial y que lo que realmente impulsó la causa fue la publicación en EL MUNDO en julio de 2014, sobre el ingreso de 3,4 millones de euros en cuentas de Andorra por parte de la familia Pujol. El fiscal otorgó escasa relevancia jurídica a este hecho, dándola en cambio a la denuncia de Álvarez y al posterior comunicado público del ex president admitiendo la existencia de fondos en el extranjero no declarados a Hacienda.
En su intervención posterior, la Abogacía del Estado también rechazó que la información de EL MUNDO deba afectar ahora la validez de la investigación, como expuso el primer día del juicio Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol. Según este letrado, esos datos fueron proporcionados al diario por el comisario José Manuel Villarejo de forma ilegal, lo que invalidaría cualquier prueba derivada.
«La Comisión Rogatoria a Andorra se sustenta en una ‘notitia criminis’ independiente y autónoma, que es la denuncia de Victoria Álvarez, pero igualmente está basada en una noticia publicada por EL MUNDO. Que los medios de comunicación transmitan a la opinión pública, y por ende a fiscales y tribunales, información veraz no constituye una actividad ilegal», afirmó José Ignacio Ocio, en referencia a la información del periodista Fernando Lázaro.
«Si los hechos reportados son verdaderos y verídicos, llegan a la sociedad y pueden ser conocidos por un órgano judicial de inmediato; no existe pecado original. Esa noticia llega sin ningún vicio al tribunal, que obtiene así conocimiento de las cuentas en Andorra», explicó el abogado del Estado, quien recientemente actuó en el Supremo defendiendo al fiscal general del Estado.
El tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada dio por terminada la fase de exposición de cuestiones previas y convocó a las partes a continuar la vista el próximo 10 de diciembre, fecha en la que resolverá todas las peticiones planteadas por las defensas.