El órgano encargado del gobierno de los jueces considera que Peramato cumple con los requisitos legales necesarios para ejercer como fiscal general.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgó este miércoles su aprobación sin objeciones a la sucesora de Álvaro García Ortiz. Los vocales manifestaron un apoyo unánime a la idoneidad de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado, luego de la condena por revelación de datos reservados a García Ortiz.
Los veinte vocales, encabezados por Isabel Perelló, respaldaron la propuesta del Gobierno para que Teresa Peramato, actual fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, lidere el Ministerio Público.
El Poder Judicial confirma que Peramato posee los méritos y condiciones requeridas para ser designada fiscal general del Estado, cargo para el cual fue propuesta ayer por el Consejo de Ministros. De este modo, el órgano de gobierno de los jueces cumplió con el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por su parte, el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que el fiscal general del Estado será designado por el rey, a propuesta del Gobierno, tras escuchar previamente al Consejo General del Poder Judicial, escogiendo a un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo en su profesión.
Desde que María José Segarra asumió la Fiscalía General del Estado en 2018, es la primera ocasión en que un aspirante a dirigir el Ministerio Público recibe el respaldo total de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ anterior, con mandato vencido, se dividió al apoyar a Dolores Delgado y García Ortiz, e incluso llegó a rechazar a este último en su segundo mandato.
Tras superar la evaluación del CGPJ, Peramato deberá pasar por la valoración de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que examinará sus méritos y aptitudes, aunque ni su informe ni el del Consejo son vinculantes. Luego, el Consejo de Ministros procederá a su nombramiento, que entrará en vigor tras el juramento o promesa ante el rey y la toma de posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.