Tras su condena, la Fiscalía queda dividida, con su prestigio dañado y varias fracturas internas irreparables.
Cada conflicto relevante de la Fiscalía en años recientes ha estado ligado al nombre de su hasta ahora principal responsable, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este fiscal afable, que ascendió a la Fiscalía General tras la gestión de su predecesora Dolores Delgado, se ha convertido en el primer fiscal general condenado en la historia democrática española.
García Ortiz deja tras de sí una Fiscalía fragmentada, desprestigiada y con claros conflictos internos que se hicieron evidentes durante el juicio en el Tribunal Supremo por la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso. Este caso ha sacudido la carrera del fiscal general y le llevó a presentar su renuncia este lunes.
A lo largo de su mandato, García Ortiz no evitó adentrarse en numerosos debates políticos. Apoyó consistentemente al Gobierno de Pedro Sánchez, actuando con tal firmeza para «consolidar el relato» frente al equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que terminó siendo apartado del cargo y muy probablemente perderá su condición de fiscal.
Antes de incorporarse a Fortuny, el ex presidente y ex portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) era reconocido por haber sido el fiscal del caso Prestige, con especialización en temas medioambientales y forestales. Cuando Delgado lo nombró jefe de la Secretaría Técnica, el alcance de este fiscal provincial, de carácter afable, se multiplicó hasta convertirse en un referente en la Fiscalía General. Todas las cuestiones difíciles pasaban por sus manos, simbolizando el poder en Fortuny.
En esa organización de la Fiscalía, García Ortiz era inseparable de Delgado, visto como una extensión de ella. Delgado hizo de él un colaborador indispensable para sus operaciones. Esta función de ideólogo y ejecutor le provocó enemistades en la Fiscalía General, al punto que varios fiscales le apodaron Don Alvarone, en referencia al gánster Al Capone.
Cuando Delgado se retiró en julio de 2022 por razones de salud, lo propuso como su sucesor, y el Gobierno de Pedro Sánchez lo nombró.
Como fiscal general, promovió a su antecesora a la máxima categoría dentro de la carrera fiscal, designándola fiscal de Sala; sin embargo, el Alto Tribunal concluyó que García Ortiz incurrió en «desviación de poder» en una de esas designaciones. A pesar de ello, volvió a nombrar a Delgado fiscal de Sala de Memoria Democrática. Para estos nombramientos utilizó su autoridad como fiscal general, a pesar de que contaron con la mayoría contraria del Consejo Fiscal. Esa oposición no le afectó. Por primera vez en democracia, el Consejo General del Poder Judicial calificó al jurista Álvaro García Ortiz como «inidóneo» para ejercer como fiscal general del Estado.
Además, durante su gestión, impidió que el Consejo Fiscal, órgano de representación directa de la carrera fiscal, se pronunciara sobre la Ley de Amnistía al procés, a pesar de las reiteradas solicitudes desde el Senado.
Por otra parte, intentó forzar a los fiscales del procés –Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno– a emitir informes favorables para amnistiar al prófugo Carles Puigdemont y a otros líderes del 1-O condenados por el desafío independentista catalán de 2017. Ellos rechazaron la petición y fueron apartados del caso.
De igual modo, se enfrentó a la Fiscalía Superior de Cataluña por recurrir una aplicación de la amnistía, corrigiéndolos casi al mismo tiempo que Junts reprochaba al PSOE la actuación del Ministerio Público.
También, García Ortiz reprendió a los fiscales Anticorrupción cuando solicitaron la puesta en libertad de Víctor de Aldama, empresario imputado en el caso Koldo, por su colaboración con la Justicia. En ese momento, el Ejecutivo describía a Víctor de Aldama como otro «pequeño Nicolás».
En su declaración ante el Tribunal Supremo, el fiscal general terminó su interrogatorio afirmando que «la verdad no se filtra, la verdad se defiende». Sin embargo, el Tribunal Supremo ha determinado que, de manera excepcional, la verdad es que el fiscal general del Estado, principal garante del cumplimiento de la legalidad, cometió un delito.