«Me llegaron imágenes de hombres masturbándose y en sus perfiles se podía ver toda la información: nombre, edad…»
Albanta fue víctima de una agresión sexual en la vía pública. Un desconocido le metió la mano bajo la falda. Para narrar lo ocurrido, publicó un vídeo en Instagram y cuando la historia llegó a los medios, un medio deportivo acompañó la noticia con una foto suya en bikini.
«Al denunciarlo en redes sociales, preferí no hacerlo desde la primera persona porque, por suerte, no fue algo más grave. Sin embargo, esa situación representa solo una pequeña parte de un problema mayor», explica por teléfono. Utilizó la plataforma para contar el abuso sufrido. Además, fue a través de plataformas de streaming que manifestó su indignación y denunció «la reacción más horripilante» ante esa experiencia.
Albanta San Román es actriz y podcaster. También es autora de un libro. Hace una década comenzó a grabar contenido en el ámbito digital y actualmente cuenta con 97.600 seguidores en Instagram. Por el tamaño de su audiencia, se le considera una micro influencer: creadora de contenido dirigida a públicos muy específicos. Ella comparte contenido de corte feminista.
«Tanto yo como otras colegas nos hemos enfrentado a IAs y deepfakes que colocan nuestras caras en cuerpos desnudos para desacreditarnos», relata. Este tipo de material le llega por mensajes privados en la plataforma, muchas veces desde perfiles anónimos; en otros casos no: «He recibido fotos de hombres masturbándose y en sus perfiles se veía toda la información: nombre, edad, número de hijos…».
Tanto las imágenes generadas tecnológicamente con contenido sexual como la fotografía que empleó el medio deportivo para ilustrar la noticia sobre el incidente evidencian, según San Román, que «la violencia en internet no se limita a foros ocultos». Ambos casos se engloban dentro de la violencia digital, conforme a la definición incluida en la actualización del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, respaldada por todos los grupos parlamentarios excepto Vox.
«Se entenderá por violencia digital de género todo acto de violencia dirigido contra las mujeres, realizado con la ayuda total o parcial de tecnologías de la información y comunicación, o agravado por su uso, como teléfonos móviles, Internet, redes sociales o correo electrónico, por el hecho de ser mujer», establece el acuerdo. Además, el informe Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital, elaborado por el Ministerio de Igualdad, categoriza esta violencia como cualquier acción «dirigida hacia el colectivo de mujeres y niñas», manifestada en formas como «discursos de odio, difusión de información falsa o cosificación femenina».
El Informe sobre delitos contra la libertad sexual 2023, del Ministerio del Interior, indica que el 66% de las víctimas de ciberdelitos sexuales son mujeres, y el 84,8% de ellas son menores de 18 años.
No obstante, existen otras formas, según el mencionado informe de Igualdad, de ejercer violencia a través de internet; métodos quizá más sutiles que se agregan al maltrato que una mujer puede sufrir. Estas acciones, aunque accesorias, afectan psicológicamente a la víctima. Eso fue lo que vivió Jésica.
«Recibía amenazas por teléfono, me decía que iba a matarme, me enviaba whatsapps insultándome con palabras como zorra…», recuerda ahora. Ese tipo de intimidación se produjo al final de la relación. Cuando él destrozó su casa. Durante los seis años que duró la relación, su pareja la agredió físicamente. Al comenzar a salir juntos, ella aún no había superado los 30 años. Ahora, siete años después de romper, rememora las primeras señales de que él tenía problemas con el alcohol. «Mi padre y yo teníamos un restaurante y en algunas ocasiones, cuando se hacía tarde y él había bebido, se volvía agresivo, sobre todo cuando llegábamos a casa».
Golpes. Puñetazos. Humillaciones. Insultos. Incluso durante el embarazo de su primer hijo con él, la maltrataba. «Pero mi autoestima estaba rota. Y él siempre me prometía que cambiaría», explica Jésica, tratando de entender por qué tardó en denunciarlo.
En este sentido, la presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, Encarni Iglesias, apunta que estas violencias digitales han sido «tipificadas» en el nuevo Pacto de Estado. Entre otras disposiciones, el texto propone «asegurar recursos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan realizar peritajes informáticos en delitos relacionados con violencia digital contra mujeres», lo que para Iglesias es fundamental porque las pruebas digitales deben certificarse. De esta forma, si se ve la denuncia de estas acciones como «una pérdida de tiempo» o no se facilita, no se denunciarán. Y en ese caso, persistirá la percepción que denuncia Albanta San Román: «No existe conciencia de que se trate de una violencia real».