En comparación con otros países europeos, España cuenta con una cuña fiscal superior a la media, pero un nivel salarial inferior, lo que implica que el esfuerzo fiscal sobre el empleo sea mayor
El coste de generar empleo en España ha incrementado de forma constante durante la última década, impulsado principalmente por el aumento de las cargas fiscales y laborales. Este crecimiento sitúa la cuña fiscal del trabajo en España en un 40,6 % para 2024, según el informe de Fundación Civismo. Este indicador refleja la diferencia entre el coste laboral total asumido por el empleador y el salario neto recibido por el trabajador.
El incremento de la cuña fiscal en España posiciona al país como el decimotercer con mayor carga fiscal sobre el empleo entre los 38 miembros de la OCDE. La media de esta organización se establece en un 34,9 %, mientras que la zona euro registra un 39,8 %. Frente a otros países europeos, España presenta una cuña fiscal superior a la media, pero con un nivel salarial inferior, lo que provoca que el esfuerzo fiscal relativo sobre el empleo sea mayor que el que indica el porcentaje nominal.
Según en Fundación, el elemento más significativo dentro de esta carga es la cotización empresarial, que representa aproximadamente un 58 % del total. Además, en 2024, el coste adicional soportado por las empresas sobre el salario bruto fue del 23,6 % por contingencias comunes, a lo que se suma un recargo del 0,8 % asociado al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
3.256,54 euros de coste laboral medio
El informe señala que el coste laboral medio mensual por trabajador en 2025 alcanzará los 3.256,54 euros, de los cuales 2.416,50 euros corresponden al salario y 840 euros a otros gastos. Este último ha aumentado un 28 % desde 2015, frente a un crecimiento del 22 % en los salarios, elevando su peso relativo al 25,8 % del coste total.
Asimismo, Fundación Civismo destaca que entre 2015 y 2025 la base mínima ha crecido un 75 %, impulsada por las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que pasó de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025. De igual modo, la base máxima se incrementó un 34 % (4.909,50 euros). Aunque los tipos nominales de cotización permanecieron estables, la implementación del MEI introdujo un recargo del 0,8 % en 2025, con una previsión de alcanzar el 1,2 % en 2029.
El informe resalta también el aumento de “otros costes”, que crecieron un 4 % interanual en el segundo semestre de 2025, superando el incremento salarial del 2,7 %, evidenciando así una mayor proporción de cotizaciones y costes no salariales dentro del coste laboral total. El Índice de Coste Laboral Armonizado confirma esta tendencia, con un avance interanual del 3,8 % por hora trabajada en el mismo periodo.
El esfuerzo fiscal en España recae sobre las empresas
La presión fiscal en España, entendida como la relación entre los ingresos públicos de origen tributario (impuestos y cotizaciones sociales obligatorias) y el PIB nominal, alcanzó un 37,3 % en 2023, situándose por encima del 33,9 % de la media de la OCDE y cercana al 40 % de la Unión Europea-27. Las proyecciones de 2024 apuntan a una recaudación récord, con una presión fiscal ligeramente superior a la de 2023.
El informe de Fundación Civismo destaca que España cuenta con una estructura tributaria muy orientada al trabajo asalariado y al consumo, mientras que los impuestos sobre la propiedad o el capital tienen menor peso y una recaudación más variable. Las cotizaciones sociales representan aproximadamente un tercio del total de ingresos tributarios, una proporción superior al 26 % de la media OCDE, lo que conlleva que gran parte del esfuerzo fiscal recaiga sobre las empresas y los trabajadores asalariados.
Respecto al esfuerzo fiscal, que mide la relación entre la presión fiscal efectiva y la presión fiscal “esperada” en función del nivel de renta per cápita, España se encuentra entre un 13 % y un 14 % por encima de la media europea. El informe subraya que España recauda como un país con ingresos altos, pero con una renta similar a la de un país medio, lo que obliga a un mayor esfuerzo relativo por parte de empresas y contribuyentes.