El tribunal de la Audiencia Nacional ha rechazado eximirlo de la vista oral y señala que irá evaluando si su estado de salud permite que continúe sentado en el banquillo junto con sus siete hijos.
Jordi Pujol participará por videoconferencia en el juicio en el que le solicitan 9 años de prisión
Este lunes, la Audiencia Nacional ha determinado que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, puede ser juzgado a pesar de su estado de salud. Pujol tendrá la posibilidad de seguir la vista oral desde su residencia en Barcelona, y el tribunal valorará su situación cuando se acerque el momento en que deba realizar una «intervención activa», es decir, cuando tenga que declarar en los próximos meses.
La Sección Primera de lo Penal adoptó esta resolución tras una sesión a puerta cerrada previa al inicio del juicio, en la que médicos informaron sobre el «deterioro cognitivo moderado» que presenta. El propio Pujol, de 95 años, compareció mediante videoconferencia desde su domicilio en Barcelona ante el tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada. Informó acerca de sus problemas de salud, aunque no solicitó la exoneración del juicio, petición que sí constaba por escrito a cargo de su defensa. «No me encuentro en mi mejor momento», admitió Pujol.
En el banquillo están sentados un total de 19 acusados, entre ellos los siete hijos de Pujol y Marta Ferrusola, ésta última también investigada anteriormente y ya fallecida. Las jornadas de hoy y mañana se destinarán a cuestiones previas, incluyendo numerosas alegaciones de las defensas para evitar la celebración del juicio.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el expresidente una condena de nueve años de prisión por los delitos de pertenencia a asociación ilícita (cuatro años) y blanqueo de capitales (cinco años). La sanción más elevada corresponde al mayor de los hijos, Jordi Pujol Ferrusola, con 29 años de prisión. Además de las causas de su padre, se le imputan cinco delitos fiscales (tres años cada uno), un delito de falsedad documental (tres años) y un delito de frustración de la ejecución (dos años más) por deshacerse de bienes que debía emplear para afrontar deudas. A su exesposa, Merçé Gironés, le solicitan 17 años. Al resto de hijos, ocho años, exceptuando a Josep, con 14 años.
«De manera coordinada ocultaron, al menos desde 1991, una suma considerable de dinero en Andorra, fruto de la ventaja otorgada a ciertos empresarios para que resultaran adjudicatarios de varios concursos públicos de la administración catalana», señala Anticorrupción.
La Fiscalía dirigida por Alejandro Luzón sostiene que el expresident «se benefició de su cargo político para establecer una red de clientelismo, a través de la cual él mismo, Jordi Pujol Soley, y determinados empresarios vinculados al partido que lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían las cuantiosas ganancias generadas por concursos públicos dependientes de distintas administraciones catalanas controladas por CDC».
La versión de la familia Pujol sostiene que los fondos en Andorra procedían de la herencia del padre del expresidente. En un comunicado, Pujol indicó que nunca encontró «el momento adecuado para regularizarlos».
Una de las primeras peticiones de las defensas fue que el tribunal declare su «falta de competencia» y remita el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona. El abogado Cristóbal Martell, representando a Jordi Pujol Ferrusola, expuso que tras los largos años que ha tardado el procedimiento en llegar al juicio, la doctrina del Supremo se ha clarificado y ahora la competencia de la Audiencia solo aplica si los hechos delictivos ocurrieron íntegramente fuera de España, no parcialmente.
«La competencia de la Audiencia Nacional existirá exclusivamente cuando el delito se produzca íntegramente en el extranjero. Ya no se permite un balance entre lo ocurrido en España y fuera», explicó el letrado.
Otra defensa presentó una alegación contra la «vaguedad» del escrito de acusación de Anticorrupción, argumentando que debería retirarse la parte relativa al blanqueo, que supuestamente se deriva de delitos de corrupción, porque estos no fueron especificados. «Solo hay menciones genéricas, sin concreción que permita formular una respuesta adecuada».
La defensa de Josep Pujol también presentó cuestiones previas con impacto en toda la causa, lo que implicaría la nulidad de casi todo el material incriminatorio existente.
El abogado Jaime Campaner señaló que el origen de la investigación sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra proviene de la información publicada por este diario que reveló su existencia. «Este es el principio del fin de esta causa. Todo se resume en una imagen, y esta es la imagen, señorías: la portada de EL MUNDO del 7 de julio de 2014, donde se expone claramente el titular que afirma que la familia Pujol ingresó 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra», manifestó el abogado, mostrando una copia de la portada que el tribunal le solicitó como prueba.
Esa portada impactante, acompañada de un informe que «detallaba con precisión» las operaciones bancarias de la familia Pujol, fue el detonante del comunicado en el que el expresident reconoció la existencia de fondos en el extranjero, justificándolo mediante la herencia. Esto, a su vez, impulsó la denuncia de Anticorrupción que llevó a la Audiencia Nacional a emitir una comisión rogatoria para obtener esa información en Andorra.
La defensa alegó que detrás de la información bancaria publicada existió una «obtención inconstitucional de fuentes de prueba», atribuida al comisario José Manuel Villarejo, según indicios recogidos en esta causa y en el caso Tándem. Señalaron que ese origen ilícito comprometería todas las actuaciones judiciales posteriores, explicó Campaner. Sin «lo poco que existía antes», no habría sido posible avanzar en la investigación, añadió.
El abogado recordó que María Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, declaró que fue la Policía Nacional quien la contactó para que testificara sobre los fondos. También existen registros de mensajes de Jorge Moragas, jefe de Gabinete del entonces presidente Mariano Rajoy, instándola a declarar: «Si lo contaras todo, salvarías España».
Campaner solicitó al tribunal que resuelva esta cuestión previa sin esperar a incluirla en la sentencia. Argumentó que, según la doctrina del Supremo, si los investigados deciden declarar sobre esos datos bancarios, estarían «remediando» la ilegalidad inicial de dichos datos, que podrían ser utilizados en su contra. De no hacerlo, estarían omitiendo presentar una tesis alternativa a la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La sesión terminó con la decisión del tribunal de eximir a los acusados de asistir al resto de las sesiones, excepto cuando deban intervenir personalmente. Por tanto, el expresident tampoco tendrá que seguir la vista por videoconferencia. La sesión del martes continuará con las cuestiones previas presentadas por las defensas y la respuesta de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Finalizará con la declaración del primer testigo, una ex secretaria de Jordi Pujol Ferrusola. Solo luego de escuchar las declaraciones de casi un centenar de testigos, serán interrogados los investigados.