Los socialistas solicitan que la Justicia también examine la gestión de Susana Díaz al pedir la revisión de los contratos de la Junta desde 2015.
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«Existen claras razones de interés público para mantener la prestación objeto de la contratación urgente de servicios sanitarios». Así se expresa el informe del jefe de Servicios Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) respecto a los contratos marco por emergencia sanitaria que el PSOE ha presentado ante la justicia. La cita corresponde a un informe de 2022. Sin embargo, existen otros documentos. En el año previo, cuando el Gobierno andaluz amplió los contratos marco por la vía de urgencia, los servicios jurídicos también respaldaron esta decisión. En ese momento, los servicios jurídicos explicaron que los expedientes que ahora examina Anticorrupción, tras denuncia del PSOE, eran «susceptibles de prórroga conforme a las previsiones del artículo 29.4 in fine de la LCSP» (Ley de Contratos del Sector Público). Estos informes, a los que accedió EL ESPAÑOL, confirmarían que las prórrogas realizadas durante 2021 y 2022 contaban con el aval de los servicios jurídicos del SAS. Dichos documentos tampoco fueron expedidos de oficio. Los solicitó el mismo Gobierno andaluz para esclarecer si podían proceder tal como estaban haciendo. Y así lo validaron: existían «razones evidentes de interés general» para prorrogar las contrataciones por la vía de emergencia.

Dudas del PSOE

La denuncia presentada por el PSOE, no obstante, cuestiona este planteamiento. Asegura que no existía base legal para la contratación de emergencia decretada durante la pandemia y menos para la extensión de este procedimiento durante más de dos años. «No existía causa Covid», argumenta la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, en relación a los contratos de 2021 y 2022. En el escrito remitido al juzgado se sostiene que había una «previsibilidad clara de contratación» que resultaba «indiscutible», evidenciado por el hecho de que los primeros 70 millones de euros autorizados con urgencia no se consumieron de inmediato, sino que se fueron empleando a lo largo de 2020. Además, la denuncia del PSOE contiene una sorpresa más allá de la argumentación legal sobre sus sospechas en la gestión de fondos sanitarios: señala a Susana Díaz, ex presidenta de la Junta y ex secretaria general de los socialistas andaluces. Esto se debe a que el escrito legal del PSOE solicita que se revisen contratos y gastos del SAS desde 2015. En ese momento, conviene recordar, Susana Díaz dirigía el Gobierno andaluz, cargo que perdió frente a la coalición del PP con Ciudadanos y, posteriormente, cedió la secretaría general de su partido ante Juan Espadas, actual líder, en un enfrentamiento intenso.

Pandemia de Covid

Para comprender el caso, hay que remontarse a principios de 2020. Por entonces, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró la pandemia global por el Covid-19 y los sistemas sanitarios se vieron colapsados. Esta situación es reconocida también por el PSOE en su denuncia, aunque atribuye la crisis no solo al coronavirus, sino también a un problema estructural. En ese contexto de alarma máxima, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) implementó un método de contratación ágil que, según el Gobierno andaluz, se concebía para «salvar vidas». El primer contrato marco para estos servicios sanitarios ascendió a 70 millones de euros y se estableció al inicio de la crisis sanitaria. A finales de ese mismo año, tras una consulta del Gobierno andaluz, el asesor jurídico del SAS indicó que esos contratos eran «susceptibles de prórroga». No se especificó el importe, pero sí se estableció un plazo límite de nueve meses. Con la aprobación de los servicios jurídicos, se prorrogó la contratación exprés, aumentando el techo de los 70 millones a 125. Como marcaban los juristas, la prórroga se limitó a nueve meses, hasta septiembre del año siguiente.

Hasta septiembre

En junio de 2022, se amplió nuevamente el importe disponible para estos contratos hasta 226 millones. Cabe recordar que el límite temporal de la prórroga expiraba en septiembre. El sistema volvió a extenderse, esta vez solo por tres meses, es decir, seis menos que el plazo indicado por los servicios jurídicos. A la vez, se añadieron ocho millones de euros. La nueva prórroga se estableció para diciembre de 2022, hasta mayo de 2023. En mayo, la OMS levantó la declaración de pandemia por Covid. El Ministerio de Sanidad replicó esta medida en julio. No obstante, ambas fechas son posteriores a la última prórroga de los contratos.

Denuncia del PSOE

La denuncia del PSOE sostiene, no obstante, que «se ha empleado indebidamente el procedimiento de emergencia sin justificación fáctica ni legal, adjudicando sin control ni procedimiento adecuado sumas millonarias en contratos públicos a dedo». El escrito de los socialistas reconoce que la orden inicial, de enero de 2020, que luego fue prorrogada, era «apropiada aunque comunicada tardíamente al Consejo de Gobierno». La denuncia señala dos puntos: primero, que existía previsión suficiente para la contratación y que, por ello, no hacía falta un sistema urgente, y segundo, que tras enero de 2020, la pandemia no justificaba la contratación exprés para servicios y productos sanitarios. «De forma inaceptable, durante dos años completos se abusó de manera indebida de los contratos de emergencia sin que existiera motivo alguno», afirma la denuncia, descartando que la pandemia mundial amparara dicho procedimiento de urgencia.

«Precios arbitrarios»

El escrito del PSOE indica que las contrataciones denunciadas «vinieron acompañadas de actos singulares con empresas específicas a precios que, presuntamente, fueron arbitrariamente fijados de forma unilateral por la Administración». Esto, según argumentan, causó perjuicio a las finanzas públicas, dado que en un proceso competitivo normal se habrían obtenido precios más bajos. Por eso estiman que lo que pagan las concesionarias es, en promedio, un 10 % menos que el precio licitado y, aplicando una regla de tres, la Junta dejó de percibir unos 25 millones de euros. Esto representa aproximadamente el 10 % de los cerca de 250 millones del fondo de emergencia del SAS.