La actual gerente y dos exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han justificado ante el juez los contratos exprés firmados durante la pandemia, argumentando la emergencia sanitaria.
Solo respondieron a las preguntas de la Fiscalía, el juez y sus defensores, explicando que la urgencia de la crisis impuso la simplificación de trámites y la continuidad de la contratación de emergencia.
La investigación judicial se basa en una denuncia del PSOE sobre contratos de emergencia por 242 millones de euros, supuestamente mantenidos cuando la pandemia había finalizado.
Tanto los directivos del SAS como la Junta de Andalucía afirman que los informes técnicos respaldan la legalidad y la necesidad de estos contratos durante la crisis del Covid-19.
La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, junto con sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, se han apoyado en la emergencia de la pandemia para justificar los contratos que se firmaron entonces bajo investigación del Juzgado de instrucción 13 de Sevilla.
La gerente y sus predecesores respondieron únicamente a las preguntas de la Fiscalía, el juez y sus defensas, según ha informado EL ESPAÑOL.
En sus declaraciones coincidentes, explicaron que el SAS mantuvo las contrataciones de emergencia debido a la pandemia, ya que se trataba de un escenario donde era necesario acelerar los procedimientos.
Así, la defensa de los tres acusados se fundamenta en que los informes correspondientes respaldaban los contratos exprés por la situación pandémica. Por ello, consideran que los contratos fueron adecuados.
Los tres investigados comparecieron a primera hora en el Juzgado. Sin hacer declaraciones, se presentaron ante el juez instructor para detallar su participación en los contratos de emergencia y justificar su gestión.
Gerente del SAS
Además de la urgencia causada por la pandemia, la gerente y los exgerentes del SAS destacaron que, en el momento de la firma de estos contratos investigados por la Justicia, aún existía incertidumbre por la crisis del Covid-19 y una alta presión en la adquisición de material sanitario.
Este juzgado está encargado de la denuncia presentada por el PSOE respecto al mantenimiento de estas contrataciones de emergencia, con un valor total aproximado de 242 millones de euros, cuando ya se consideraba finalizada la pandemia que las justificaba.
Desde la Junta de Andalucía respaldan, al igual que los gerentes, la legalidad de dichos contratos. Asimismo, hacen referencia a informes que avalan la firma y respaldan las decisiones de quienes declararon este martes ante el juez de instrucción.