La Monarquía parlamentaria se estableció en la España democrática de 1978, surgida de la soberanía nacional que se plasmó en la Carta Magna.
Al entonces Príncipe de España, quien nunca pudo ostentar el título de Príncipe de Asturias, le acompañaba durante semanas una advertencia constante de sus colaboradores más cercanos — pocos, contables con los dedos de una mano —: «Todo dependerá de vuestro primer discurso».
Se considera verosímil que Juan Carlos de Borbón, en la madrugada del 20 de noviembre de 1975, tras una llamada inesperada del doctor Vicente Pozuelo informándole de la muerte de Franco, permaneciera sin poder dormir repasando una vez más el texto del discurso «del que dependía todo».
En ese instante, a las tres de la madrugada y antes de la hora oficial del fallecimiento del dictador, quien ya era rey de España de hecho no recibió notificación alguna por parte del presidente del Gobierno, a quien Don Juan Carlos y Doña Sofía observarían horas más tarde en televisión, junto con el resto de los españoles, anunciando que «Franco ha muerto». La indiferencia de Arias Navarro, así como que Zarzuela apenas fuera considerada en la organización del funeral de Estado y la proclamación, evidencian la fría recepción del búnker — los franquistas más duros — hacia quien asumía la jefatura de la nación como Rey, 44 años después de que su abuelo Alfonso XIII, último Borbón en el Trono, marchase al exilio.
En teoría, Don Juan Carlos recibía de inmediato todos los poderes que había ejercido el Caudillo. Sin embargo, la realidad era mucho más dura y compleja. Según relató al José Luis de Vilallonga, mientras aguardaba al desarrollo de los acontecimientos en aquellas horas críticas junto a su inseparable preceptor, Torcuato Fernández-Miranda, asumía con resignación que «podríamos ver tanto a gente ofreciéndome la corona sobre un cojín, como a la Guardia Civil con orden de detenerme».
El discurso decisivo, aquel del que «dependía todo», fue pronunciado el 22 de noviembre, ante un Palacio de las Cortes con 1.300 asistentes, entre ellos 533 procuradores de semblante grave. Con palabras cuidadosamente medidas, Don Juan Carlos, proclamado Rey en dicho acto, dibujó las bases de un plan para desmantelar el franquismo, planteado para contener a los sectores más rígidos del régimen, pero lo suficientemente claro para resultar esperanzador a la sociedad. Y así fue. Escucharle afirmar que la Corona «integra a todos los españoles», defender el «efectivo ejercicio de todas sus libertades» y reconocer «las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de pueblos», en un guiño a vascos y catalanes, resultó, con Franco aún sin enterrar, prácticamente revolucionario.
Motor fundamental hacia la democracia
Que Don Juan Carlos ejerció un papel fundamental en la complicada Transición hacia la democracia y la obtención de libertades plenas solo puede ponerse en duda hoy desde un revisionismo parcial y poco respetuoso con la Historia. La realidad de esos años, estudiada con detalle por expertos, no puede ser negada ni siquiera por el propio protagonista a través del olvido reflejado en su libro. «De la ley a la ley» fue el proceso mediante el cual se desmontaron uno a uno los cimientos del franquismo. Y aunque técnicamente Juan Carlos I lideró entre noviembre de 1975 y diciembre de 1978 una Monarquía absoluta, su margen de maniobra siempre fue restringido y cada paso resultaba una mezcla de audacia y ensayo con errores, que requería apoyo colectivo, siempre encaminado en una dirección que Don Juan Carlos manifestó sin ambigüedades durante su histórico viaje a Estados Unidos en junio de 1976, donde solicitó confianza para «llevar a España a la democracia».
Fue la primera vez que mencionó aquella palabra prohibida. En cuestión de meses, el viejo régimen comenzó a modificar parcialmente su estructura, aunque de manera demasiado lenta para muchos. El Rey sintió la necesidad de acelerar el proceso, ante el riesgo de que el objetivo final, que no era otro que adoptar una democracia liberal comparable con las de países vecinos, pudiera desviarse. El tiempo de Arias Navarro, que actúa como freno incompatible, había concluido. El equipo de Zarzuela y sus colaboradores más cercanos actuaron con destreza, aunque enfrentaron constantes obstáculos y peligros. La dimisión de Arias Navarro llegó en julio de 1976 y fue sucedido por Suárez, tras una maniobra que en retrospectiva se reveló como magistral. Eso constituye otra historia.
Cuando fue proclamado aquella mañana del 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I contaba únicamente con la legitimidad de la legalidad franquista. Tuvo que trabajar duro — y lo hizo — para ganarse la legitimidad del ejercicio y la popular, esenciales para una institución como la Corona. Aunque en una España que restablecía la monarquía pero carecía de monárquicos — no despertaba simpatía el apodado Juanito el Breve ni era fácil desafiar décadas de propaganda antimonárquica fomentada por el propio régimen —, la legitimidad histórica y dinástica solo importaba en círculos reducidos, lo que hacía insoportable para el nuevo Rey la convivencia no resuelta en la titularidad de la dinastía.
Don Juan de Borbón y Battenberg fue el tercer hijo varón del último rey antes de la llegada de la II República, Alfonso XIII. No estaba predestinado al Trono, pero las renuncias de sus dos hermanos mayores le situaron como heredero legítimo. A la muerte de su padre en 1941, se convirtió en jefe de la Casa.
La proclamación del Manifiesto de Lausana en 1945 condenó a Don Juan a perder definitivamente el Trono. Aquel compromiso implicaba asociar la Monarquía tradicional con un paraguas «para todos los españoles» y con las libertades. Resulta asombroso lo semejante que son la música y el texto de aquel Manifiesto con el primer discurso de Don Juan Carlos en 1975. Lo que Don Juan proponía era una Monarquía parlamentaria dentro de un régimen democrático y liberal, imitando las Monarquías europeas que sobrevivieron al tsunami republicano del siglo XX. Naturalmente, esto era incompatible con quien detentaba todo el poder en España, Francisco Franco, y con el régimen franquista, que le convirtieron en su bestia negra.
La España constituida como Reino mediante la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, por supuesto, no contemplaba a Don Juan. Si bien es comprensible su decepción humana ante la aceptación de Don Juan Carlos como sucesor de Franco en 1969 — que convirtió al dictador en «un hacedor de reyes», según el constitucionalista Javier Tajadura —, tampoco tuvo sentido enviar al Príncipe a España a los 10 años si hubiese rechazado la única opción posible que la dinastía tenía para recuperar el Trono algún día.
Finalmente, Don Juan entendió la situación y demostró grandeza histórica y responsabilidad de Estado al renunciar a sus derechos dinásticos en mayo de 1977, tras la convocatoria de las primeras elecciones democráticas; un gesto sin efecto jurídico-institucional, pero con alto valor simbólico que facilitó el camino a su hijo.
Un monarca sin poderes efectivos
Aunque la actuación de Don Juan Carlos en la Transición fue notable, aún más significativo es que, por primera vez en la historia, él representase a partir de 1978 una Monarquía parlamentaria y constitucional, en la que, como Jefe de Estado, se le despojó de todos los poderes efectivos. El sistema completaba su evolución hacia una democracia plena, con el pueblo español como único titular de la soberanía nacional. No solo desaparecía una larga dictadura, sino también quedaba atrás una Monarquía cuyo titular era soberano, en solitario o en conjunto con las Cortes, como había ocurrido durante la Restauración. Se instauraba por tanto una Corona ex novo.
Para entonces, Juan Carlos I había logrado ser percibido, en palabras de José María de Areilza, «como la clave del arco de la operación que se estaba definiendo en el horizonte; consolidado como referencia arbitral suprema en cuya persona se concentraban las diversas opciones disponibles para alcanzar un consenso lo más amplio posible que hiciera viable el entendimiento constitucional».
La forma política del Estado no fue tema prioritario para el constituyente. El Grupo Parlamentario Socialista propuso enmienda al Título II para definir España como República, pero fue una simple puesta en escena. Por su parte, la UCD defendió que la Monarquía «fue el motor que permitió la instauración pacífica de la democracia». El PSOE aceptó de inmediato esta posición, condicionada a que el pueblo español ratificara la Constitución, como efectivamente sucedió en 1978. El Rey pasó a ser lo que Benjamín Constant definió como un poder neutral.
Desde entonces, la legitimidad de cualquier Rey, desde Juan Carlos I hasta su abdicación en 2014, es constitucional y democrática. El actual monarca, Felipe VI, es un eslabón de una dinastía secular, sí, pero su legitimidad es legal-racional, sumada a su compromiso por mantener la tradicional carisma — fruto del mérito, la experiencia y el “plebiscito diario” que señalaba Renan — siguiendo los términos clásicos de Weber.
No sorprende, por tanto, la determinación y casi obsesión de Don Felipe por guardar y hacer cumplir la Constitución, como ordena, y su constante vinculación al espíritu de la Transición que dio lugar a esta «Monarquía para todos», todavía vigente y con la cual ya estaban comprometidos tanto su abuelo como su padre.
El Rey encarna la más alta magistratura del Estado, simboliza la unidad y ejerce funciones de representación, integración y arbitraje recogidas en el Título II de la Constitución. Además, bajo el reinado de Felipe VI, la Monarquía parlamentaria convierte la necesidad en virtud, comprometida con los más altos estándares de ejemplaridad y preocupada, como es evidente, por dignificar la vida pública.