Una primera adjudicación por 92 millones a Acciona en La Rioja marca el inicio de la operativa que posteriormente desarrolló Cerdán
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado que la primera obra pública obtenida por la red de Koldo García y Santos Cerdán bajo el Ministerio de José Luis Ábalos fue una adjudicación estatal de 92 millones en La Rioja. Este hecho marcó el comienzo de su estrategia para conseguir contratos estatales a cambio de comisiones mediante procedimientos poco claros y con un estilo poco ortodoxo.
El modus operandi en esta adjudicación presenta detalles inusuales, como que uno de los empresarios firmantes contrató a Servinabar aproximadamente un mes antes de conocer formalmente a «la consultora», además de que la UCO no ha logrado localizar 100.000 euros de los dos millones que se presume formaban parte del pago irregular recibido por la trama.
Aunque el informe de la UCO no utiliza expresamente este lenguaje, destaca que «es importante recordar que esta obra fue una de las que, según Koldo García y Santos Cerdán, habrían generado una contraprestación para José Luis Ábalos y su asesor».
EL MEMORÁNDUM
La búsqueda de la primera adjudicación por parte de la trama, con José Luis Ábalos ya al mando del Ministerio, se activó el 15 de diciembre de 2018 con la licitación de esta obra en La Rioja, concretamente en la Autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete, con un importe cercano a los 100 millones. Ya a principios de octubre —tres meses tras el cambio de Gobierno— el Ministerio dirigido por Ábalos había planteado un primer avance, y el delegado de Acciona en Navarra en ese momento, Fernando Merino, mostraba mayor interés que incluso Koldo García —asesor de Ábalos— sobre el inicio del concurso, según mensajes incluidos en la investigación. Apenas cuatro días después del anuncio de licitación, Acciona y la poco conocida empresa navarra Servinabar —con Cerdán poseyendo un 45% del capital— firmaban el 19 de diciembre un memorándum de entendimiento «para colaborar conjuntamente y desarrollar con éxito la oportunidad de negocio».
EL DISFRAZ
El memorándum contenía un anexo en el que se detallaba el importe a pagar a Servinabar por diversos conceptos que la UCO interpreta como un encubrimiento de la mordida. La suma pactada alcanzó 2,028 millones de euros, de los cuales se asignaron 888.255 por «servicios de prevención de la obra» y 171.920 por «instalaciones de higiene y bienestar», además de otros conceptos imprecisos que dificultan confirmar si se materializaron realmente.
EL «BINGO!!!»
El 4 de abril, Cerdán presionaba a Koldo y Ábalos para agilizar la asignación de la obra a Acciona; más tarde, el 22 de abril, el director general de Carreteras del Ministerio, Javier Herrero, comunicó al asesor del ministro la excelente noticia. «Bingo!!! En Logroño», en referencia a que la oferta de Acciona había superado con éxito la Mesa de Contratación. El asesor de Ábalos informó inmediatamente a Cerdán: «Ya está en La Rioja cerrado». Así ocurrió, aunque hubo que esperar hasta septiembre para que la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona y Aquaterra formalizara la adjudicación de la obra por 92 millones de euros.
EL CONTRATO
Llegado el momento de cumplir con Servinabar, el 22 de octubre la UTE de Acciona y Aquaterra contrató a la consultora navarra por los 2,028 millones acordados inicialmente «para llevar a cabo labores de gestión y prevención de la salud». Este importe representaba el 2,19% del valor global de la adjudicación, siendo una primera muestra, según la UCO, de las comisiones que la empresa navarra recibiría de Acciona Construcción en otras obras. Se mantenía siempre en torno al 2% del total. Resulta notable que los directivos de Acciona investigados —ya despedidos y suspendidos por la empresa— fijaran en su memorándum inicial de diciembre una cifra que equivalía al 2% de la oferta ganadora en el concurso público.
CONTRATADO A CIEGAS
Los investigadores subrayan que uno de los signatarios del contrato con Servinabar lo firmó sin conocer oficialmente a quién se iban a desembolsar dos millones de euros. El 15 de noviembre de 2019, el directivo de Acciona que lideró la negociación, Tomás Olarte, envió un correo a Antxón Alonso, principal accionista de Servinabar, y a Juan de Dios Fernández Quesada, consejero delegado de Aquaterra. «Buenos días a ambos. Este correo es para presentaros de cara a una posible colaboración», escribió Olarte. «Juan de Dios es nuestro socio en la UTE Variante de Logroño y Antxón representa a Servinabar». La UCO señala al juez que «resulta llamativo que la presentación entre las partes se realizase tras la firma de un contrato de prestación de servicios en el que Aquaterra ya figuraba como contratante de los servicios de Servinabar».
LO MÁS CARO, LO GENÉRICO
Acciona Construcción sostiene que todos los pagos efectuados a Servinabar cuentan con facturas justificativas. En esta obra cero con el Gobierno, también existen facturas, aunque la UCO advierte que las partidas de mayor cuantía corresponden a conceptos poco concretos. Como ejemplo, el 8 de enero de 2020, Antxón Alonso facturó a la UTE 608.408 euros bajo el término genérico de «gestión seguridad y salud». Más adelante, en agosto de ese año, otra factura de 28.753 euros incluía entre otros servicios específicos el suministro «de una mesa de madera para diez personas» o «un panel metálico reflectante». Conforme a la UCO, «es destacable» que «el importe de la factura con conceptos genéricos es considerablemente superior al de la factura con detalles más específicos».
EL 52%, GANANCIA
En 2023, Servinabar emitió la factura final y, de acuerdo con la contabilidad propia de la empresa, «los beneficios generados por los ingresos» entre 2020 y 2023 derivados de la obra en La Rioja alcanzaron los 850.961 euros. Esto equivale a un «52,62% de beneficio sobre el total facturado». Tal porcentaje es poco habitual en cualquier sector industrial para un proveedor que ofrece servicios reales a un contratista.
NO CUADRAN LAS CUENTAS DE LA OBRA
El último detalle que complica esta sospechosa operativa es que las cuentas no cuadran, según los investigadores. La presunta comisión pactada ascendía a los mencionados 2,028 millones, pero en los libros de Servinabar sólo se han registrado ingresos por esta obra por un valor de 1,928 millones. Es decir, faltan 100.000 euros de los acordados que no han ingresado en ninguna cuenta de la empresa navarra y cuya ausencia la UCO no ha podido esclarecer.