El Senado ha inaugurado unas jornadas especializadas sobre la okupación ilegal, con la participación de expertos, profesionales afectados y los alcaldes de Madrid y Barcelona, quienes presentarán y compararán sus diferentes estrategias de actuación.
José Luis Martínez-Almeida (Madrid) y Jaume Collboni (Barcelona) expondrán enfoques contrapuestos: Madrid favorece intervenciones policiales rápidas, mientras que Barcelona opta por la mediación y el apoyo de los servicios sociales.
El PP impulsa leyes y ha presentado un protocolo antiokupas con el objetivo de permitir desalojos en las primeras 48 horas sin necesidad de orden judicial, a la vez que critica la inacción del Gobierno central y el bloqueo de la ley antiokupas en el Congreso.
La okupación ilegal representa una preocupación creciente en las grandes ciudades y, según el PP, ha crecido un 54,7% desde el comienzo del mandato de Pedro Sánchez.
Este lunes, el Senado arranca unas jornadas especializadas sobre okupación ilegal en el marco de la Comisión de Vivienda. Participarán expertos, profesionales y personas afectadas. Sin embargo, el evento más relevante será el debate entre los alcaldes de Madrid y Barcelona, previsto para el 14 de enero de 2026.
José Luis Martínez-Almeida y Jaume Collboni han aceptado intervenir en esa sesión para presentar sus respectivos enfoques para afrontar este fenómeno. El contraste reflejará el diálogo institucional en medio de la polarización política sobre un asunto que genera una creciente inquietud social.
Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, manifestó que «Pedro Sánchez ha entregado las llaves del mercado de la vivienda a los okupas».
Desde el PP mantienen una postura clara, visible en los dos proyectos de ley que han promovido en la Cámara Alta: «El okupa se desaloja, el propietario se respeta».
Las jornadas comienzan este lunes 24 de noviembre con la intervención de expertos y profesionales del sector. Participarán representantes de JUPOL, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
El PP ha planteado un protocolo antiokupación que contempla actuaciones policiales dentro de las primeras 48 horas sin necesitar orden judicial. Este modelo, promovido por el Grupo Popular, contrasta con la falta de acción del Gobierno socialista en materia de vivienda.
La estrategia senatorial del PP pretende presionar al Ejecutivo sobre un asunto bloqueado por casi dos años en el Congreso. La ley antiokupas cuenta con el respaldo de PNV, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, pero el Gobierno limita su tramitación en la Cámara Baja.
El Senado aprobó este miércoles presentar un conflicto de atribuciones contra el Congreso, y Alberto Núñez Feijóo anunció acciones legales contra Francina Armengol al considerar que se produce un «fraude de ley» al bloquear las iniciativas legislativas aprobadas en el Senado. El líder del PP sostiene que la presidenta socialista incumple sus responsabilidades constitucionales.
Por ahora, las sesiones monográficas centran la atención en el problema y sus posibles soluciones. Asistirán expertos y afectados, quienes mostraran el impacto real de la okupación ilegal en el mercado inmobiliario español.
«Un hogar merece protección»
El PP busca poner de manifiesto la ausencia de respuesta del Gobierno ante un problema que afecta especialmente a las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona.
El modelo madrileño, impulsado por Almeida, se centra en acciones rápidas y contundentes para combatir la okupación. Barcelona, bajo la gestión del socialista Collboni, opta por un enfoque distinto que da mayor importancia a la mediación y a los servicios sociales.
García advirtió que «en España hay miles de familias viviendo con un miedo que nadie debería experimentar». Destacó que ese temor a perder la vivienda, a que alguien ocupe una propiedad «mientras el Gobierno desatiende la situación«, genera consecuencias claras: inseguridad jurídica, menos oferta y elevación de precios.
La portavoz popular denunció que «cuando la ley protege al okupa, abandona al propietario». Recordó que desde la llegada de Sánchez al gobierno, la okupación ha crecido un 54,7%: «Cada día, 45 viviendas okupadas, 45 familias desprotegidas».
García cerró con un mensaje firme: «Sin freno a la okupación, no habrá solución a la crisis de vivienda, por eso abrimos las puertas del Senado a expertos, profesionales y afectados». La portavoz reafirmó el compromiso de Feijóo: «Una vivienda no es un botín, es un hogar, y un hogar siempre se protege».