Se utiliza la metáfora de que el Estado posee el «cañonazo para derribar el muro», mientras que las comunidades disponen solo de «pistolas de feria».
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha tiene definida la estrategia para solucionar el problema del acceso a la vivienda: incrementar la oferta disponible. Para lograrlo, demanda que el Gobierno central «multiplique por 10» la inversión destinada a la edificación de inmuebles nuevos.
«En este asunto las comunidades manejamos una pistola de feria, pero el verdadero cañonazo capaz de derribar el muro debe plantearlo el Gobierno de España», utilizó como comparación Ignacio Hernando, consejero de Fomento de la Junta presidida por Emiliano García-Page, durante su intervención este miércoles en el foro La España Vertebrada, organizado por EL MUNDO, a preguntas del periodista Juanma Lamet.
Según detallan desde el Gobierno autonómico, hace dos años mantuvieron una reunión con el sector donde establecieron que conjuntamente debían edificar 10.000 viviendas. Añaden: «No se cumplió el acuerdo, pues han llegado a ser 15.000, el 20% de ellas con protección oficial y, de esta cifra, el 80% se ubica en zonas con fuerte presión del mercado».
«Las mascarillas, cuando nadie las fabricaba, tenían un precio muy elevado y cuando empezamos a producirlas masivamente, su coste bajó, no por imposición de precios», ejemplificó el consejero de Fomento. «¿Qué hace falta para la vivienda? Disponibilidad de suelo, financiación y mano de obra. No es sencillo, ojalá existiera una solución mágica, pero por fortuna es un problema que se puede resolver con recursos económicos», añadió.
En el encuentro celebrado en Toledo, con el patrocinio de la Junta de Castilla-La Mancha, también intervino la consejera delegada de A+D Arquitectos Urbanistas, Pilar Amores, quien calificó el asunto como «muy complejo» y remarcó que «debería abordarse a nivel nacional mediante políticas con una visión amplia».
Por otro lado, el director general de Urban Castilla-La Mancha en Plataforma Central Iberum, Miguel Ángel González, solicitó que se reduzca la supervisión y se agilicen los trámites administrativos, debido a que «los procesos pueden tardar años». «Todo aquello que no se resuelva genera inseguridad jurídica, y esta deriva en la paralización de inversiones», subrayó.