En la oferta se incluirán cláusulas para verificar que los adjudicatarios sean empresas con experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social
El Consejo de Ministros, en su reunión del martes, ha aprobado la licitación por un importe de 55,39 millones de euros -sin IVA- para el contrato de gestión y mantenimiento de las 40.000 viviendas que la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, recibirá procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Además, según ha comunicado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, esta licitación contemplará cláusulas “antifondo”.
Con dicho acuerdo, el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez lanzará la licitación de los contratos para la administración de los diferentes lotes de vivienda, que se pondrán a disposición de la ciudadanía en modalidad de alquiler asequible, y establecerá cláusulas para asegurar que los adjudicatarios sean empresas con experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social. Esta medida busca impedir que compañías controladas por grandes fondos de inversión consigan las concesiones de estos contratos.
Además de las cláusulas para evitar la participación de grandes fondos de inversión, el Ministerio de Vivienda ha resaltado que la licitación incluye “diversos requisitos para asegurar la calidad y la sensibilidad social en la prestación del servicio, como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social”.
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo de estas condiciones contractuales es garantizar una gestión de vivienda asequible desde “el compromiso social”, priorizando no solo criterios económicos. Por ello, uno de los servicios contemplados será la prevención, detección y atención temprana de situaciones que supongan riesgo de pérdida de vivienda.
Necesidad de solvencia y experiencia comprobada
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que fondos de inversión están vendiendo a precios por debajo del valor de mercado, con el fin de incrementar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)
En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez pondrá especial atención en la solvencia técnica y experiencia acreditada en la gestión de vivienda vinculada a un programa específico de alquiler asequible o vivienda social, requiriendo que las empresas interesadas hayan tenido esta experiencia durante al menos un año en los últimos tres para poder participar en la licitación.
Este contrato constituye para el Gobierno un avance tras la aprobación en julio pasado del traspaso gradual de un total de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para edificar 55.000 viviendas, propiedad de Sareb a Sepes; un patrimonio que, según el Ejecutivo en su comunicado, nutrirá la nueva empresa pública de vivienda que se está creando.
La Entidad Estatal de Vivienda ha instaurado además un sistema de penalizaciones y bonificaciones dirigidas a optimizar la calidad del servicio ofrecido a los inquilinos, estableciendo sanciones cuando los niveles del servicio no cumplan los plazos definidos para la ejecución de las labores, como la resolución de incidencias en las viviendas. Por otro lado, se otorgarán bonificaciones por altos estándares de calidad, tales como una puntuación destacada en la encuesta de satisfacción anual aplicada a las personas inquilinas.