El Tribunal Supremo ordena registrar las oficinas de la empresa en Madrid y Bilbao, basándose en la información incautada a Servinabar
El informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fortalece las sospechas contra el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, señalado como figura clave en la manipulación masiva de obra pública desde el Ministerio de Transportes. Este atestado policial ha impulsado además una nueva macrooperación anticorrupción que abarca Madrid, Sevilla, Bilbao y San Sebastián, entre otras localidades españolas.
Fuentes de la investigación revelan a EL MUNDO que el análisis de la documentación incautada el pasado junio en la empresa Servinabar 2000 SL, vinculada a Santos Cerdán y creada como instrumento mercantil para canalizar supuestas comisiones ilegales cobradas por el ex diputado socialista, ha llevado a los investigadores a reactivar el caso Koldo.
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó ayer el registro de las sedes de la multinacional Acciona en Madrid y Bilbao, con el fin de hallar documentación relacionada con los amaños en obras durante el mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Desde que la Guardia Civil remitió al Supremo el informe en junio, en el que se revelaban cobros de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas, Acciona ha permanecido bajo la mira de los investigadores.
Tras recibir esta misma semana el informe patrimonial de la UCO sobre Cerdán, el juez decidió iniciar una pieza separada y secreta para proceder a las entradas y registros. Actualmente, el ex número 2 del PSOE está en prisión preventiva por delitos relacionados con organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en los amaños, ante el riesgo de destruir pruebas.
Fuentes con conocimiento de la investigación confirman que el nuevo informe sobre Cerdán refuerza las pruebas contra quien fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez, ya que el atestado policial detalla porcentajes cobrados por comisiones ilegales, vínculos con miembros de su familia, el rol central de su socio Antxon Alonso y el uso de las cooperativas Noran y Erkolan, presuntamente empleadas para ocultar el rastro de los sobornos.
Por otra parte, fuentes de la investigación explican que el nuevo atestado de la UCO confirma la expansión de la supuesta organización criminal desde Navarra hacia todo el territorio nacional tras el nombramiento de José Luis Ábalos como ministro de Transportes por parte de Sánchez.
Después de examinar la documentación encontrada en Servinabar, el juez Puente autorizó los registros en dos de las principales sedes de Acciona, una de las compañías más relevantes en infraestructuras en España. Un aspecto crucial es que Acciona constituyó varias UTE junto a Servinabar, a la cual pagó varios millones de euros. Entre las obras investigadas se encuentran el puente del V Centenario en Sevilla, la autovía A-68 en Logroño y el ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), entre otras, según fuentes del caso.
Pelegrini, la figura clave de Acciona
Dentro de Acciona, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO han centrado su atención en Justo Vicente Pelegrini, director de Acciona Construcciones hasta el 16 de junio pasado, cuando la empresa procedió a despedirlo días después del estallido del escándalo que llevó a Cerdán a prisión en Soto del Real, Madrid. Ayer, agentes de la UCO realizaron varias horas de inspección en el área directiva de Acciona Construcción, bajo control de Pelegrini. Además, la Guardia Civil registró también la vivienda particular del exdirectivo, según ha podido confirmar este medio.
Por su parte, la empresa reiteró su colaboración plena con la policía judicial durante la investigación y aclaró que «las diligencias practicadas no implican ninguna irregularidad por parte de la compañía».
Durante las actuaciones y registros llevados a cabo por la UCO en junio, los agentes encontraron un contrato privado de compraventa donde Alonso transfería 1.350 participaciones sociales (de las 3.000 que componen la mercantil) a Santos Cerdán.
Posteriormente, se reveló que Erkolan recibió 258.000 euros de Servinabar, parte de los cuales se destinaron al pago de un salario a la hermana de Cerdán, Belén. Por su lado, Noran, la cooperativa que también se sospecha fue una sociedad instrumental creada por Antxon Alonso, obtuvo alrededor de 700.000 euros de Servinabar. Ambas cooperativas fueron registradas ayer por la Guardia Civil en San Sebastián.
Asimismo, la Guardia Civil registró ayer dos compañías que formaron UTE con Acciona en Sevilla: Tecade y Freyssinet, vinculadas a las obras del puente del V Centenario.
A lo largo de la investigación centrada en el amaño de obras públicas, el juez Puente destacó que Cerdán era la «persona encargada de efectuar los cobros indebidos a las empresas beneficiadas» con las adjudicaciones. Estos cobros, según afirmó el juez, «los distribuía haciéndolos llegar, al menos, a Koldo García y a Ábalos, quienes, cuando lo requerían, exigían los pagos a aquel y no a las empresas».
Además, el instructor del Supremo consideró al ex hombre fuerte del PSOE como la persona que «inequívocamente» conocía «el monto total de los pagos indebidos relacionados con cada obra adjudicada, así como el procedimiento específico por el cual la empresa adjudicataria satisfacía las comisiones o premios pactados».
La causa permanece bajo secreto de sumario, aunque se prevé que este se levante la próxima semana.