El Gobierno toma la iniciativa y desbloquea, después de 10 meses, la ley de multirreincidencia
Junts ha tomado una decisión definitiva: romper con el Gobierno. Para el partido de Carles Puigdemont, que posee siete votos clave en el Congreso para la estabilidad de la legislatura, ya no son suficientes las señales tardías apenas horas después de anunciar sin ambages que no concederá más tiempo a Pedro Sánchez para cumplir los compromisos pactados a cambio del apoyo independentista en su investidura.
El plazo para el diálogo y las negociaciones ha concluido. Junts ha detenido el reloj y está firme en no ceder ni dejarse influir por movimientos tácticos como el realizado el jueves por la tarde por la mayoría gubernamental —PSOE y Sumar— en la Comisión de Justicia, que desbloqueó finalmente, tras diez meses, la proposición de ley presentada por Junts para combatir la multirreincidencia en la comisión de delitos.
Este gesto hacia la formación independentista se produjo poco después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, acompañada por los otros seis diputados del grupo y sus cuatro senadores, declarara definitivamente roto cualquier respaldo al Ejecutivo y activara los mecanismos parlamentarios para impedir, mediante la presentación de enmiendas de veto, todas las iniciativas legislativas del Gobierno y de sus grupos parlamentarios que están en tramitación, así como las que puedan ingresar en el Congreso en un futuro inmediato o las que apruebe el Consejo de Ministros.
En un claro intento por reconducir la crisis, el primer movimiento desde el Gobierno se efectuó en la comisión de Justicia, donde por fin se acordó desempolvar la ley de multirreincidencia de Junts, convocando para la próxima semana la ponencia que deberá analizar a puerta cerrada todas las enmiendas presentadas al texto y preparar el dictamen de la norma.
No obstante, la expectativa de que este paso hiciera reconsiderar a Junts la ruptura se desvaneció pronto. Los neoconvergentes rechazan una iniciativa que consideran insuficiente y tardía: «¿Por qué justo ahora y no hace un año?», se cuestionan. De hecho, el hecho de que el desbloqueo, considerado fundamental por los alcaldes de Junts, llegase justo tras el anuncio de separación refuerza en el partido de Puigdemont la percepción de que el Gobierno ha jugado con ellos, lanzando promesas que, en condiciones normales, no estaba dispuesto a cumplir.
Nogueras, consultada ayer por este medio, subrayó que el gesto no resulta «para nada» convincente. Reiteró que la ruptura con el Ejecutivo «permanece vigente», sin cambios. Agregó además: «No hay vuelta atrás».
La proposición de ley de Junts propone reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar la justicia y endurecer las penas en casos de repetición de hurtos y delitos menores. Se trata de una propuesta que, con matices distintos, también respaldan el PNV y el PP, pero a la cual se oponen firmemente los aliados de izquierda del Gobierno, incluyendo Sumar.
Para estas fuerzas políticas, la iniciativa de Junts, al igual que la presentada por el PP en el Senado, no es más que un ejemplo de «demagogia punitiva», según afirmó el diputado de Sumar, Enrique Santiago, cuando la propuesta fue admitida a trámite en el Congreso en septiembre de 2024; o una expresión de «populismo punitivo» que pretende aplicar la «mano dura sobre los pobres, excluidos y marginados», mientras que defraudar a Hacienda 120.000 euros «no constituye delito», como defendió entonces la diputada de Podemos, Martina Velarde.
La proposición fue finalmente admitida con los votos de Junts, PP, Vox, UPN, PNV y PSOE. Se remitió a la Comisión de Justicia, donde quedó estancada hasta febrero pasado en sucesivas ampliaciones del plazo para presentar enmiendas. Desde entonces, hasta el jueves por la tarde, permaneció guardada. El Gobierno propició este bloqueo consciente de que, al llegar a la votación definitiva, los socialistas tendrían que posicionarse: bien apoyando una norma que los enfrentaría con sus aliados de izquierda y beneficiaría a la derecha, o bien rechazándola frente a Junts y PNV. La opción elegida fue la de intentar que la iniciativa se desvaneciera.
En cualquier caso, la reactivación de la propuesta no está totalmente garantizada. El proceso de la ponencia puede prolongarse indefinidamente. Lo que sí resulta seguro es que la ley tendría muchas probabilidades de ser aprobada incluso si el PSOE votara en contra.