Un informe del Parlamento Europeo señala al Ministerio del Interior por retirar evidencias fundamentales y dificultar la investigación al ocultar la zódiac relacionada con el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate.
La delegación europea denuncia que no tuvo acceso para examinar la embarcación usada por los agentes muertos, lo que impidió valorar las condiciones materiales de la Guardia Civil.
El reporte solicita recursos adicionales, respaldo jurídico, unidades especializadas y que las agresiones a policías se consideren «eurodelitos» con el fin de incrementar las sanciones.
El documento destaca la vulnerabilidad de los cuerpos policiales frente al narcotráfico y pide que se reconozca la profesión policial como de alto riesgo en toda la UE, junto con una gestión más transparente de recursos y evidencias.
Un informe del Parlamento Europeo acusa al Ministerio del Interior de «retirar pruebas esenciales» y obstaculizar su labor investigativa durante la visita realizada en mayo pasado en el Campo de Gibraltar y Barbate, donde tuvo lugar el asesinato de dos guardias civiles a manos de narcotraficantes.
De acuerdo con el informe, al que ha accedido EL ESPAÑOL, la misión investigadora del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo «lamenta la decisión del Gobierno socialista español de eliminar pruebas clave antes de la visita de la delegación, especialmente la patrullera vinculada con los asesinatos ocurridos en Barbate».
El texto concluye que esta acción del Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska, reportada en exclusiva por EL ESPAÑOL, «supuso un obstáculo significativo para la transparencia y el objetivo de la investigación de la misión».
No se trata de la única crítica que incluye el informe producido por la delegación de eurodiputados que visitó las áreas con mayor impacto del narcotráfico. El documento también señala que la delegación «toma nota» de que el Gobierno, contrario a la voluntad de las familias de las víctimas, otorgó un ascenso profesional en agosto de 2025 a los mandos que enviaron a los guardias en una zódiac que fue embestida por una lancha rápida en el puerto de Barbate.
Así, Interior impidió a los diputados europeos examinar la embarcación usada para salir al mar frente a las semirrígidas más potentes de los narcotraficantes. Por ello, los representantes no pudieron constatar las condiciones materiales de los agentes en el momento del ataque.
La zódiac, como adelantó este medio, fue trasladada desde el puesto de buceo especializado de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar. Fuentes consultadas indican que la lancha fue enviada a la comandancia de Algeciras poco antes de la llegada de la misión europea.
La tragedia en Barbate ejemplifica la fragilidad policial ante organizaciones criminales cada vez más armadas y con medios superiores para introducir droga en España. Según testimonios incluidos en el informe, los guardias civiles fallecieron tras embarcar en una zódiac dañada y sin motor, persiguiendo una lancha de narcotraficantes con mucho mayor tamaño y potencia.
Familiares y asociaciones de agentes resaltaron la carencia de medios y la falta de respaldo institucional como factores directos que contribuyeron a las muertes.
El Comité de Peticiones solicita cambios profundos en su informe final: llama a restablecer unidades permanentes y especializadas contra el narcotráfico, en referencia al extinguido OCON-Sur de la Guardia Civil. Además, reclama un mayor apoyo legal para los agentes y que las agresiones a las fuerzas de seguridad sean calificadas como «eurodelitos», lo que implicaría sanciones más duras.
La misión europea demanda más inversión y el reconocimiento formal de la profesión policial como de alto riesgo en toda la UE, junto con una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de recursos y evidencias relacionadas con la seguridad.
La retirada de la embarcación ha generado un nuevo conflicto entre Bruselas y Madrid en materia de seguridad y derechos laborales policiales, evidenciando la necesidad urgente de abordar los déficits materiales y legales que enfrenta la Guardia Civil en zonas consideradas puntos calientes del narcotráfico internacional.
El informe concluye alentando a los Estados miembros a fortalecer mecanismos de supervisión, acelerar la conversión de bienes incautados y respaldar la declaración del Campo de Gibraltar como Zona Especial de Seguridad.
Finalmente, el documento insta a los Estados miembros a «asegurar la protección jurídica completa de los funcionarios que utilicen fuerza legítima, incluidas armas de fuego», en el desempeño de sus funciones, y a eliminar la inseguridad jurídica que dificulta que los agentes se defiendan a sí mismos o a los ciudadanos.
La visita de la delegación de la UE a España surgió a partir de una iniciativa de la Confederación Española de Policía (CEP). Este sindicato presentó una petición al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo denunciando el aumento considerable de agresiones a policías en Europa.
La solicitud de CEP contó con el respaldo de organizaciones como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM).
El informe coincide con recientes ataques a policías en Sevilla (narcotraficantes disparando con armamento de guerra), Madrid y Valencia (agresiones brutales a policías reconocidos fuera de servicio), subrayando la importancia de implementar las medidas propuestas.
Desde CEP reclaman la dimisión de Fernando Grande-Marlaska tras este revés. «No puede permanecer ni un minuto más en el cargo. Es, sin duda, el peor ministro en la historia democrática, durante cuyo mandato más policías han sido agredidos, abandonados y humillados. Ahora no solo lo decimos nosotros, también un informe oficial del Parlamento Europeo».