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El Tribunal Supremo retoma el juicio al fiscal general con la presencia del decano del Colegio de Abogados de Madrid y varios periodistas
Este martes el Tribunal Supremo vuelve a celebrar el juicio contra el fiscal general del Estado, con la declaración de cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y el periodista que destapó el correo con la confesión de dos delitos atribuida a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Con esta jornada comienza la segunda y última semana del proceso contra Álvaro García Ortiz, fiscal general, acusado de presunta revelación de secretos tras la supuesta filtración del correo fechado el 2 de febrero de 2024. En ese correo, el abogado de Alberto González Amador proponía una conformidad penal en la que admitía un fraude fiscal.
La primera en testificar será Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), entidad que ejerce una de las acusaciones populares y que solicita para el fiscal general cuatro años de prisión, tres años de suspensión para ejercer cargos públicos y una multa de 81.000 euros.
A continuación, declararán la fiscal jefa de Inspección Fiscal, Antonia Sanz, y el fiscal delegado para protección de datos, Agustín Hidalgo, quien probablemente responderá preguntas sobre los protocolos de borrado de dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.
Después comparecerán dos periodistas. El primero, que reveló el correo del abogado de la pareja de Díaz Ayuso en la Cadena Ser la noche del 13 de marzo, es Miguel Ángel Campos, quien aseguró ante el juez instructor haber visto el correo antes de las 23:25 horas —momento en que lo informó en antena— y negó haberlo recibido del fiscal general.
El testimonio del periodista José Manuel Romero, entonces subdirector de El País, tampoco fue valorado en exceso. Romero relató que el 12 de marzo de 2024, horas después de que se hiciera pública la denuncia contra Alberto González Amador por fraude fiscal y un día antes de la filtración, una fuente de la Fiscalía de Madrid le informó sobre la intención de la pareja de la presidenta madrileña de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público reconociendo dos delitos fiscales.