La Audiencia Nacional ha citado para los días 27 y 28 de noviembre al empresario y al ex asesor de Ábalos, investigándolos como partícipes en un delito de tráfico de influencias.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Víctor de Aldama obtuvo la «contratación de emergencia de material sanitario» durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres en Canarias, tras pagar a Koldo García comisiones mensuales de 10.000 euros.
El Ministerio Público argumenta que Aldama «venía abonando» al ex asesor de José Luis Ábalos «al menos desde octubre de 2019 una especie de nómina que facilitaba la petición de favores» y que estas transferencias persistieron varios meses después de que Ábalos y su ex asesor fueran reemplazados en el Ministerio de Transportes.
Así, Koldo terminó «adoptando como propios los intereses de Aldama en la consecución de sus diferentes negocios», principalmente los contratos millonarios de mascarillas con el gobierno canario presidido por el actual ministro de Política Territorial bajo Pedro Sánchez, señala Anticorrupción.
En consecuencia, se ha solicitado una nueva declaración de Koldo García y Víctor de Aldama como investigados por su presunta participación en un delito de tráfico de influencias. La Audiencia Nacional ha programado la citación para los próximos 27 y 28 de noviembre.
Acceso a diversas administraciones
La Fiscalía destaca que los pagos realizados por Aldama a Koldo aseguraban, en primera instancia, «el acceso directo al propio ministro» Ábalos, garantizando así la capacidad de actuación del empresario dentro del Ministerio de Transportes. También incluían «asegurar la capacidad de influencia para obtener un beneficio económico personal» en otros ámbitos. Además, se añade que estas comisiones «no se limitarían a acciones concretas», sino que abarcaban una colaboración amplia en varias administraciones.
Dentro de esta relación, Aldama solicitó a Koldo asistencia en todos los «detalles relacionados con la contratación de emergencia de material sanitario por parte de la Administración canaria, la certificación del material y el cobro por parte de Soluciones de Gestión (empresa mediada por Aldama), entre otros aspectos.»
«Toda esta dinámica podría encajar dentro del delito de tráfico de influencias (artículo 428 del Código Penal), en el que inicialmente estarían implicados Koldo García y Víctor de Aldama», concluye Anticorrupción.
En la investigación sobre la rama canaria del denominado caso Koldo, el juez examina la adjudicación de material sanitario por un valor superior a diez millones de euros a empresas vinculadas a Aldama, que sorteó las objeciones técnicas mediante la intervención directa de Ángel Víctor Torres.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó hace pocos días un nuevo informe que muestra decenas de mensajes intercambiados entre Koldo García y el ministro socialista, revelando cómo el ex asesor de Ábalos ejerció una presión constante para que pagara a las compañías vinculadas a Aldama. El colaborador del ex ministro de Transportes llegó a dirigirse a Torres con palabras como: «Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti». Además, le urgía afirmando que el empresario y sus socios se iban a «pegar un tiro» si no recibían pagos del Gobierno canario.
Lejos de evitar la presión, Torres se implicó de forma directa para resolver el problema. «Les llamaré cuando esté realizada la transferencia. La orden ya está firmada y hoy finalizan el documento contable para procesar el pago», escribió a Koldo. Este respondió: «Tiene huevos que estas cosas las tengas que hacer tú».
En esta maniobra para acelerar los pagos, contra la oposición de los técnicos que alertaron de que el precio del material sanitario se encontraba «fuera de mercado», Torres también involucró a su entonces colaborador más cercano, Antonio Olivera.
«Ana (la responsable económica de Sanidad canaria) no se resiste a pagar la factura, sino a efectuar los abonos sin las verificaciones correspondientes, porque hay varias empresas que presentan dificultades», advirtió Torres, añadiendo que había exigido desbloquear la situación: «Le he transmitido la excepcionalidad de esta factura… Tranquilo, estoy haciendo todo lo posible, ¿eh? Esta mierda te la arreglo sí o sí».
Una vez superado el bloqueo de las operaciones, Koldo envió un audio a Torres expresándole que estaba a su disposición «para lo que le saliera de los cojones» como muestra de gratitud, y Torres le respondió que no se detendría hasta descubrir qué funcionarios habían «saboteado» los pagos, sugiriendo que tomaría represalias.
El PP solicita la expulsión del PSOE como acusación popular en el ‘caso Koldo’
Europa Press
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que formalizarán una petición ante la Audiencia Nacional para que el PSOE sea retirado como acusación popular en el caso Koldo. En su opinión, los delitos que implican al PSOE hacen «insostenible» que mantenga esta condición, ya que «Ferraz no puede actuar como acusación de Ferraz».
En declaraciones grabadas difundidas por el PP, Gamarra ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «utilizar» la figura de acusación popular y de «entorpecer» la labor de la acusación «en un proceso en el que están bajo sospecha y siendo investigados».
Tras recalcar que no resulta «admisible que Sánchez y su entorno usen la acusación popular en una causa» donde están siendo objeto de investigación, Gamarra señaló que el Partido Socialista «ya está siendo investigado por corrupción y pronto puede ser procesado, acusado y declarado culpable».
«¿Qué diligencias solicitará quien, en lugar de acusar, debe ejercer su defensa? ¿O acaso solo pretende entorpecer el trabajo de la acusación?», se cuestionó la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.

