El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, está previsto para febrero en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde se les acusa de prevaricación y tráfico de influencias.
La investigación se centra en supuestas irregularidades relacionadas con la creación de una plaza pública que terminó siendo ocupada por David Sánchez, respaldada por evidencia como correos internos que indicaban que el puesto estaba reservado para él.
El proceso judicial y una eventual condena incrementan la presión sobre Pedro Sánchez, dificultando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y complicando el cierre de la legislatura en un contexto marcado por el bloqueo parlamentario y otros procesos judiciales vinculados al entorno del Gobierno.
Después de las elecciones autonómicas en Extremadura, Gallardo podría recuperar el aforamiento y solicitar que su caso sea llevado al Tribunal Superior de Justicia, lo que podría retrasar el juicio sin suspenderlo a corto plazo.
La fijación del juicio para el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en febrero en la Audiencia de Badajoz, reduce las opciones del presidente del Gobierno y dificulta la celebración de elecciones anticipadas en la primera mitad de 2026.
El secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, junto con el músico David Sánchez, afrontarán juicio del 9 al 14 de septiembre por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La Fiscalía argumenta que durante su mandato como presidente de la Diputación de Badajoz, Gallardo diseñó una plaza específica para que la ocupara el hermano del presidente, inicialmente como coordinador de conservatorios provinciales y luego como director de la Oficina de Artes Escénicas.
La instrucción a cargo de la juez Beatriz Biedma ha reunido numerosas pruebas de posibles irregularidades en el procedimiento que permitió a David Sánchez acceder a este puesto.
En declaraciones tras su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belem (Brasil), el presidente Pedro Sánchez manifestó el viernes la «inocencia» de su hermano.
No obstante, una sentencia condenatoria en el primer juicio contra un integrante cercano a su entorno pondría en entredicho la versión de Moncloa, que hasta ahora ha calificado las investigaciones como «bulos» difundidos por los «pseudomedios de la fachosfera».
En esa misma rueda de prensa, Sánchez reiteró su intención de mantener la legislatura hasta 2027, a pesar de que Junts ha anunciado que rechazará los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.
«España seguirá avanzando y el Gobierno continuará ejecutando su plan hasta la conclusión de esta legislatura en 2027», afirmó el presidente desde Brasil.
“Sudaremos la camiseta”, aseguró Sánchez, quien garantizó que empleará toda su capacidad para dialogar y alcanzar acuerdos con el fin de negociar con el partido de Puigdemont.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, afirmó en una entrevista el viernes que su partido no tiene intención de dar marcha atrás a su decisión de bloquear en las Cortes, no sólo los presupuestos, sino también todas las propuestas legislativas del Gobierno.
«No vamos de farol«, enfatizó Nogueras en declaraciones a RNE. Junts presentó el jueves enmiendas a la totalidad a 25 proyectos de ley enviados por el Consejo de Ministros al Congreso y anunció que se abstendrá en otros 21.
Así, la ya frágil mayoría parlamentaria del Gobierno se ha desmoronado.
Además, el Gobierno se ve afectado por otros procesos judiciales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está sentado en el banquillo del Supremo acusado de revelación de secretos.
Próximamente, el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García afrontarán su primer juicio por supuestos cobros indebidos en contratos de mascarillas durante la pandemia.
Adicionalmente, avanzan dos procesos judiciales contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, y contra la persona encargada de la fontanería en Ferraz, Leire Díez.
Con ausencia de Presupuestos, sin capacidad para aprobar leyes en el Congreso y rodeado de escándalos de corrupción, Pedro Sánchez podría enfrentar el colapso de la legislatura.
El juicio a su hermano, previsto para febrero en la Audiencia Provincial de Badajoz, y el efecto que una posible condena tendría en la opinión pública, minan la probabilidad de que Sánchez convoque elecciones anticipadas en la primera mitad de 2026.
Horas antes de que la juez Beatriz Biedma notificara la apertura del juicio oral, Moncloa impulsó una maniobra para que el socialista Miguel Ángel Gallardo recuperara el aforamiento al convertirse en diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura.
Para lograrlo, fue necesario que una diputada del PSOE dimitiera y cuatro integrantes más de su candidatura renunciaran a sus escaños.
El propósito de esta acción era que, al obtener Gallardo nuevamente la condición de aforado, el juicio donde se le juzgará junto al hermano del presidente se celebrara en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE).
Sin embargo, el TSJE consideró que esta estrategia incurre en un «fraude de ley» y determinó que la Audiencia Provincial de Badajoz debería continuar con el juicio contra Gallardo, David Sánchez y otros acusados.
La situación podría cambiar tras las elecciones autonómicas de Extremadura del 21 de diciembre, en las cuales Gallardo opta a la presidencia de la Junta como candidato del PSOE, pese a que el proceso judicial es el mayor obstáculo para su campaña.
Después de los comicios, Gallardo recuperará la condición de diputado autonómico, esta vez sin cuestionamientos de «fraude de ley» en su aforamiento.
En ese momento, Gallardo podría volver a solicitar que su caso sea asumido por el TSJE.
Incluso si su solicitud prospera, según fuentes judiciales, no se retrasará significativamente la fijación de una nueva fecha para el juicio, que probablemente se celebrará en los primeros meses de 2026.
La imagen de David Sánchez en el banquillo y la posibilidad de una condena podrían nuevamente desincentivar a Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas, a pesar de que la legislatura enfrenta un punto muerto.
La investigación realizada por la juez Beatriz Biedma ha sido muy rigurosa. Ha demostrado que el músico David Sánchez empezó a buscar un piso de alquiler en Badajoz poco antes de que la Diputación convocara la plaza.
Los correos electrónicos interceptados evidencian que, pocas horas tras la publicación de la convocatoria, varios funcionarios de la Diputación ya asumían que la plaza sería para el hermano del presidente del Gobierno.
Asimismo, se han descubierto presuntas irregularidades en la evaluación de otros candidatos.
Tras la denuncia presentada por Manos Limpias en los tribunales por estos hechos, la Diputación preparó apresuradamente un despacho para David Sánchez.
Sin embargo, durante su declaración como imputado ante la juez, David Sánchez tuvo dificultades para explicar la ubicación de su oficina, sus funciones y el desarrollo del proceso de selección.
Las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para la Asamblea de Extremadura inician un nuevo ciclo electoral, que continuará con los comicios en Castilla y León en marzo y Andalucía en junio.