El magistrado ha descubierto que Álvaro Romillo, quien financió a Alvise Pérez, vendió un Bentley Bentayga valorado en más de 200.000 euros a una empresa vinculada a su abogado por tan solo 15.000 euros con la finalidad de evitar su embargo judicial.
La maniobra fue identificada gracias a una multa de tráfico y a transacciones bancarias que relacionan la compra con el abogado Francisco Miranda, quien negó haber utilizado el coche pese a las evidencias recogidas.
Este caso se inscribe dentro de la investigación sobre una presunta estafa piramidal de 260 millones de euros, donde se emplearon sociedades pantalla, contratos ficticios y pagos simbólicos para ocultar vehículos de lujo ante acciones judiciales.
Las conductas detectadas podrían constituir delitos como quebrantamiento de medida cautelar, frustración de la ejecución, malversación y falsedad documental; la documentación será enviada a los juzgados de Madrid para continuar la investigación.
El juez José Luis Calama ha revelado que Álvaro Romillo, financiador de Alvise Pérez, vendió por apenas 15.000 euros un Bentley Bentayga Azure V8 a una empresa propiedad de su abogado, con el propósito de impedir que fuera incautado por las autoridades judiciales.
No obstante, se trata de un vehículo de alta gama, cuyo valor supera los 200.000 euros. El magistrado confirmó la transferencia del coche gracias, entre otros elementos, a una multa de tráfico, ya que un radar registró un exceso de velocidad.
Calama está investigando a Romillo en el denominado caso Madeira, relacionado con una supuesta estafa piramidal valorada en 260 millones de euros. Por esta causa, la Audiencia Nacional dispuso el embargo de varios vehículos de lujo ligados a la organización presuntamente liderada por el empresario.
Una resolución judicial reciente, fechada el 27 de octubre y a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, desvela la venta del Bentley al abogado y la cesión de otros automóviles a terceros.
De acuerdo con el juez, esta acción pretendía «evitar la ejecución de incautación judicial sobre la mayoría de los vehículos objeto de decomiso cautelar en las presentes diligencias».
El magistrado señala, que los pagos efectuados por el abogado “tenían como finalidad la compra fraudulenta del vehículo” de lujo. Sin embargo, esos movimientos financieros han sido detectados por la Justicia.
Calama también examinó dos multas por exceso de velocidad, ocurridas después de la adquisición del automóvil.
El abogado de Romillo es Francisco Miranda Velasco. Según indica el juez, junto con otra abogada, administra una empresa llamada Jireh Investment SL, a través de la que se realizaron dos transferencias en abril de 2025.
Estas transferencias suman 14.978 euros (11.953 euros y 3.025 euros) y están dirigidas a la cuenta de Maranello Classic SL, que estaría controlada por supuestos testaferros del Madeira Invest Club (MIC), conglomerado empresarial de Romillo y núcleo central de la presunta estafa piramidal.
El juez ha verificado que dichas transferencias coinciden exactamente con los importes y la numeración de facturas emitidas por la empresa vinculada al supuesto testaferro de Romillo a cambio del Bentley Bentayga.
Otra prueba tomada en cuenta por la Justicia es la localización del vehículo: fue detectado circulando en la provincia de Málaga, lugar donde el abogado tiene su domicilio social y ejerce habitualmente.
«Para pasar desapercibido en posibles controles», advierte el juez, el coche de lujo llevaba matrículas provisionales con números diferentes.
La Audiencia Nacional también analizó el paso del vehículo por varios peajes. El 31 de mayo de 2025, este automóvil fue registrado en Las Pedrizas, en la autopista del Guadalmedina (Málaga).
Multas de tráfico
Tras un rastreo policial de la tarjeta bancaria usada por el conductor, se descubrió que la titularidad correspondía a Francisco Miranda, el abogado de Romillo.
La conexión con Maranello de los administradores de la empresa Jireh Investment SL queda claramente evidenciada mediante las transferencias bancarias, así como por registros obtenidos de las cámaras de la Dirección General de Tráfico.
El juez recalca en el auto que Miranda Velasco había negado haber utilizado el vehículo y que Jireh poseyera el mismo.
No obstante, esta afirmación queda refutada no sólo por el pago del peaje con su tarjeta, sino también por la existencia en la DGT de dos denuncias por exceso de velocidad vinculadas a la matrícula del Bentley.
La conclusión de la resolución judicial es contundente: los hechos descritos indican una maniobra destinada a impedir la incautación de este y otros vehículos de lujo relacionados con MIC.
Esta supuesta red, que involucró a más personas y afecta a otros automóviles, utilizó la creación de sociedades interpuestas, la simulación de contratos de compra-venta con precios simbólicos (entre 6.000 y 11.000 euros) y trámites administrativos fraudulentos para simular legalidad en la circulación de esos bienes.
Según el juez, las conductas detectadas podrían ser delitos de quebrantamiento de medida cautelar, frustración de la ejecución (conocido como alzamiento de bienes), apropiación indebida de fondos públicos y falsedad documental.
Dado que estos delitos no corresponden a la competencia de la Audiencia Nacional, el juez Calama ha remitido toda esta documentación a los Juzgados de Instrucción de Madrid, que decidirán sobre la apertura de una investigación.
Coches de lujo
El Bentley Bentayga es uno de aproximadamente veinte vehículos de lujo que se encontraban en paradero desconocido al inicio del caso y que posteriormente fueron localizados por la Policía Nacional. Están vinculados a la presunta estafa piramidal millonaria encabezada por Álvaro Romillo, también conocido como CryptoSpain.
Este empresario admitió ante la Fiscalía haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para financiar su campaña en las elecciones europeas.
El pasado verano, los investigadores hallaron que algunos de estos vehículos podrían estar almacenados en una nave industrial en Portugal, arrendada a nombre de una mercantil portuguesa propiedad de Romillo, su padre y su tío, así como en otros depósitos registrados igualmente a nombre de ellos.
Todos estos vehículos, según destacó la Policía en uno de sus informes, fueron vendidos por Romillo y su entorno por precios aproximados de entre 6.000 y 11.000 euros, hecho que llamó la atención a los investigadores, quienes consideran que tales pagos irrisorios sirvieron para esconder los coches de lujo de la acción judicial.
«Una práctica extremadamente visible, muy por debajo del valor de mercado», señalaron fuentes policiales.
Este viernes, Romillo comparece ante la Audiencia Nacional como investigado por la supuesta estafa. Lo acompañará su abogado Francisco Miranda. En declaraciones a EL ESPAÑOL, el letrado sostiene que nunca utilizó el vehículo y que el pago registrado fue únicamente un préstamo. Además, afirmó que nunca llegó a disponer realmente del automóvil.