Alberto González Amador relató al Supremo el daño que le ocasionó la filtración: «El fiscal general me había destruido públicamente»
El novio de Díaz Ayuso acusa al fiscal general de haberle "destruido públicamente"
El Código Penal considera la gravedad del perjuicio causado para determinar la pena por un delito de violación de secretos. Si el Tribunal Supremo decide condenar al fiscal general del Estado, en la evaluación de la sanción influirá la intervención de ayer de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso que hasta entonces había permanecido en silencio. Sin embargo, los juicios son públicos y durante su interrogatorio como testigo, se le vio volverse hacia el acusado para declarar: «Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Mi vida se acabó. El señor García Ortiz, fiscal general del Estado, me había destruido públicamente, me había aniquilado por completo». Mientras declaraba, señalaba con la mano a García Ortiz.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid promovió mediante su querella una investigación acerca de la nota de prensa emitida por la fiscalía sobre su caso y la filtración del correo en el que su abogado reconocía «dos delitos contra la Hacienda Pública».
El compañero de Isabel Díaz Ayuso explicó que hasta ese momento él y sus abogados daban por segura una resolución discreta mediante un acuerdo. Su objetivo era una vía «rápida» y «sin ruido» para evitar perjuicios a su pareja. Los planes se vieron truncados cuando el asunto fue dado a conocer públicamente. Sus derechos fueron «destrozados» y dejó de poder defenderse «como un ciudadano común».
«Esto es un asunto personal mío. Ella [Ayuso] continuará en Madrid ganando elecciones. Sánchez puede seguir en su cargo y el fiscal general del Estado permanece en su puesto, de hecho. A mí es a quien han arruinado la vida. […] El punto de inflexión fue la nota de prensa del fiscal general. Ese es el origen, la raíz por la que estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídicamente, socialmente y económicamente».
Asimismo, el testigo detalló que había delegado en su abogado la gestión total del asunto y desconocía los correos intercambiados con la Fiscalía. Las preguntas de la Abogacía del Estado —defensa de García Ortiz— intentaron subrayar esa distancia entre el correo filtrado y el querellante, para cuestionar que contuviera secretos de González Amador. En contraste, el testigo afirmó que el letrado actuaba en su nombre y en él había depositado su «intimidad» en este asunto.
«O me voy de España o me suicido», señaló el testigo en una apasionada intervención final cuando el tribunal ya le había autorizado a abandonar la sala. «Ninguna de las dos opciones se recomienda. En todo caso, hable con su abogado, que es quien mejor podrá asesorarle», intervino el magistrado Andrés Martínez Arrieta con el mismo tono calmado característico de sus escasas intervenciones en la dirección de la vista.
Tras González Amador declaró su abogado en el caso de fraude fiscal. Carlos Neira, autor del correo filtrado, aseguró al tribunal que «nunca» en su extensa carrera profesional había vivido «una revelación tributaria de este tipo».
Antes había pasado por el estrado de testigos Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, cuyas informaciones «manipuladas» según el fiscal general provocaron su reacción. Ayer, la abogada del Estado, Consuelo Castro, repasó sus mensajes en redes sociales en los días de la filtración. En uno de ellos anticipó el destino jurídico desfavorable de García Ortiz. «Dije que el fiscal general iría p’alante. No estaba equivocado».
También aclaró que cuando difundió que el pacto con la Fiscalía se frenó «por órdenes superiores» lo hizo porque fue una «deducción lógica», ya que el acuerdo no se cerró y la Fiscalía está jerarquizada. «Si usted tuviera 22 ministros y a todo el aparato gubernamental insultándole constantemente, seguro que pensaría lo mismo que yo», respondió a la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, quien replicó: «Seguro que no».
En la sesión matutina declaró otro especialista en la materia, el jefe de Comunicación de La Moncloa durante la filtración. Francesc Vallès sostuvo que no prestó especial atención a la investigación penal sobre la pareja de Ayuso por estar ocupado con otros temas: el adelanto electoral en Cataluña, la decisión de no presentar presupuestos y la votación de la Amnistía. «Nadie me preguntó ese día por ese asunto», aseguró el testigo.
«¿El novio de Ayuso formaba parte de la comunicación política del gobierno de España?», insistió el abogado Gabriel Rodríguez-Ramos. «El novio de Ayuso no. Eso eran noticias en los medios. Nadie del Gobierno mencionó al novio…». Por otro lado, el propio testigo recordó que, «por primera vez», el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió en el Congreso la dimisión de Ayuso debido a la investigación contra su pareja.