La Audiencia Nacional ha exonerado al comisario retirado José Manuel Villarejo en la pieza número 8 del caso Villarejo, al no hallarse pruebas que vinculen su implicación en el acceso a datos confidenciales de un empresario.
Dos agentes de policía, Constancio Riaño y Antonio Bonilla, han sido sentenciados a un año de prisión por un delito de descubrimiento de secretos de particulares tras acceder y difundir datos notariales de un empresario de Marbella.
La resolución judicial libera a Villarejo de los cargos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público, y asimismo exonera a Riaño y Bonilla del delito de cohecho pasivo.
La investigación se inició a partir de una solicitud realizada por Marzena Kartzyna Nikiel, quien contactó con el entorno de Villarejo para conseguir información dentro de un litigio urbanístico con el empresario Felipe Gómez Zotano.
La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo en la pieza número 8 del caso Villarejo.
La Sala de lo Penal considera que no existen pruebas de que este accediera a datos privados de un empresario marbellí por encargo de una mujer que mantenía un litigio urbanístico con él.
En cambio, sí ha impuesto una condena de un año de prisión a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla por estos hechos, considerándolos responsables de un delito de descubrimiento de secretos de particulares.
Los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, sin embargo, absuelven al comisario retirado de los cargos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público, imputados durante el juicio.
El tribunal señala que «no consta» la participación de Villarejo en los hechos investigados. Además, absuelve a Riaño y Bonilla del delito de cohecho pasivo que se les atribuía.
La Fiscalía Anticorrupción pedía una condena de nueve años de prisión para el excomisario, mientras que solicitaba más de un año de cárcel para cada uno de los policías.
Según los hechos probados, el 24 de julio de 2015, una residente en Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó con Rafael Redondo, socio de Villarejo que no fue juzgado en este caso debido a su avanzada edad.
Ella recurrió a él por su condición de abogado en activo en el despacho Stuart&Mckenzie, buscando ayuda en un conflicto que mantenía con el empresario Felipe Gómez Zotano.
Días después, el 18 de agosto, el inspector de Policía José María Serrano Ydigoras, asignado a la Comisaría General de Información y jefe inmediato de Constancio Riaño, realizó una búsqueda sobre las escrituras públicas otorgadas por Gómez Zotano ante notarios españoles.
Tras obtener dicha información, según relata la sentencia, la remitió al acusado Constancio Riaño Prieto, consciente de su origen.
Este último, posteriormente, envió la información desde su correo profesional a la entidad Anbycol, gestionada por Antonio Bonilla como una segunda actividad dentro del Cuerpo Nacional de Policía.
Bonilla, que conocía el origen de los datos, al día siguiente remitió la información al correo electrónico de Rafael Redondo en la empresa Cenyt.
Esta empresa, al igual que la firma de abogados Stuart&Mckenzie, formaba parte del grupo empresarial de Villarejo, quien aún estaba en activo en la policía cuando ocurrieron los hechos objeto de la investigación.
Con estos datos, Bonilla examinó la información notarial de Zotano, «de acuerdo con el convenio suscrito con Cenyt».
El informe resultante fue incorporado al procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, derivado de la querella presentada por Marzena Kartzyna contra el Ayuntamiento de Marbella.
No obstante, no existe constancia de que el comisario interviniera de alguna manera en los hechos relatados. «En este caso, el resultado de la prueba practicada exime a José Manuel Villarejo», concluye la Sala, dictando su absolución.