La Junta de Andalucía, junto con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, ha alcanzado un preacuerdo para incrementar el salario y mejorar las condiciones laborales de 65.000 empleados públicos en la región.
Este convenio prevé una reorganización salarial que se fundamenta en diversos complementos evaluando funciones, competencias, rendimiento y trayectoria profesional dentro del ámbito administrativo.
Se procederá a la recuperación gradual de las ayudas de acción social que permanecen suspendidas desde 2012, incluyendo apoyos para familias, educación y servicios sanitarios.
El costo financiero total de este acuerdo alcanzará los 250 millones de euros entre 2026 y 2030, abarcando la modernización administrativa y la mejora en la calidad del empleo público.
La Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO anunciaron este jueves un preacuerdo destinado a elevar el sueldo de hasta 65.000 empleados públicos andaluces.
Este pacto, pendiente aún de ratificación, implica una reforma progresiva del actual sistema retributivo mediante la aplicación gradual de complementos.
Según la Junta, la nueva Ley de la Función Pública de Andalucía servirá como marco para esta reorganización salarial, que se implementará a través de varios complementos específicos.
El complemento de puesto valorará las características y obligaciones asociadas a cada empleo; el complemento de nivel competencial reconocerá la formación profesional y grado de competencia de cada trabajador.
Por otro lado, se establecerá un complemento de desempeño basado en la evaluación de resultados y rendimiento; mientras que el complemento de carrera compensará el avance profesional dentro de la Administración mediante diversos niveles de carrera horizontal.
Desempeño
El acuerdo incluye además la implantación de un modelo de evaluación del desempeño y carrera horizontal, que permitirá a los empleados públicos progresar en su desarrollo profesional y salarial sin necesidad de cambiar de puesto. Este sistema está diseñado para promover la mejora continua, la productividad y el compromiso con el servicio público.
Asimismo, destaca la recuperación gradual de las ayudas de acción social suspendidas desde 2012, que volverán a ofrecer apoyo económico en situaciones familiares especiales, estudios, prestaciones sanitarias y servicios sociales. Esta medida responde a una de las demandas más reiteradas por los trabajadores en la última década.
El coste total del acuerdo alcanzará los 250 millones de euros durante el periodo 2026-2030, destinados a la implementación del nuevo modelo salarial, a la actualización de los convenios colectivos y a la restauración de los beneficios sociales.
Modernzación
En conjunto, el preacuerdo establece «las bases de una Administración andaluza más moderna y con un empleo público de calidad, en el que el reconocimiento económico se vincule al esfuerzo, la competencia y la prestación eficaz de servicios a la ciudadanía», subrayan desde la Junta.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, calificó este acuerdo de “histórico”, destacando que pone fin a las movilizaciones del sector público a pocos meses de las elecciones andaluzas.
El acuerdo se estructura en cuatro ejes principales: la modernización de la Administración, el refuerzo del capital humano, la actualización de los convenios colectivos y la mejora en la calidad de los servicios públicos.