El juez pone en duda el sistema de pagos en efectivo del PSOE debido a la carencia de supervisión y control en las liquidaciones de gastos.
Mariano Moreno, exgerente del PSOE, reconoce que la práctica de pagos en metálico era habitual en la Ejecutiva del partido.
Se ha evidenciado que el PSOE retiró aproximadamente un millón de euros en efectivo para cubrir gastos de sus dirigentes y empleados entre 2017 y 2024.
El juez advierte que la falta de control sobre los pagos en efectivo podría facilitar operaciones de blanqueo de capitales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que presentarse este jueves ante la ‘comisión Koldo’ del Senado tras las declaraciones en el Tribunal Supremo del exgerente del PSOE y una empleada de la Secretaría de Organización, que no lograron aclarar las dudas sobre el sistema de pagos en efectivo del partido.
De hecho, las declaraciones como testigos de Mariano Moreno y Celia Rodríguez resaltaron que esos pagos en efectivo se realizaban únicamente presentando facturas o tickets de gastos por actividades cuya existencia no se verificaba.
Ni siquiera se confirmaba que el dirigente del PSOE que entregaba los tickets fuera quien efectivamente había realizado dichos gastos. Tampoco se revisaba cómo se había adelantado el pago correspondiente a la supuesta actividad ligada al partido.
De este modo, el método de pagos en metálico que el PSOE mantuvo hasta el pasado año (con liquidaciones a favor de Santos Cerdán, sucesor de José Luis Ábalos como secretario de Organización, registradas en octubre de 2024) permitía cargar al partido como gastos oficiales cualquier factura de comida o alojamiento supuestamente pagada previamente por un dirigente o empleado.
Este sistema, que según confirmó quien ejerció como gerente del partido hasta octubre de 2021, se aplicaba tanto en la Secretaría de Organización como en toda la Ejecutiva, entidad en la que Pedro Sánchez ocupa la Secretaría General.
Así lo ratificó Moreno al ser preguntado por el juez instructor, el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, quien mostró su sorpresa ante la carencia de controles básicos en los pagos en efectivo que se realizaban en la sede de Ferraz.
Mariano Moreno también confirmó el escrito reciente en el que el PSOE justificaba, 48 horas antes de las citaciones, la salida de fondos desde una cuenta bancaria del partido para alimentar la caja destinada al pago de liquidaciones por gastos previamente adelantados por dirigentes y empleados.
Se trata de cerca de un millón (940.388 euros) ingresados en efectivo en la caja entre los años 2017 y 2024.
Las órdenes de retiro de estos fondos bancarios se emitían desde Ferraz, y el dinero era trasladado al partido mediante vehículos de una empresa especializada en transporte seguro de efectivo.
«No alcanzo a entender el motivo por el que, si el dinero está depositado en el banco, se contrate a una empresa en lugar de hacer los pagos desde esa entidad directamente. No veo qué ventaja tiene», señaló el juez instructor.
El exgerente respondió que ese procedimiento «ya existía» cuando fue nombrado gerente en junio de 2017, y que «formaba parte de la cultura organizativa de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal».
Añadió que muchos trabajadores con actos públicos o desplazamientos durante el año solían anticipar sus gastos y preferían realizar la liquidación en caja al regresar a Madrid.
El instructor mostró escepticismo ante esta respuesta, especialmente porque minutos antes la empleada Celia Rodríguez indicó que el departamento de administración permitía liquidar gastos solo tres días al mes, en horarios restringidos y exclusivamente durante la penúltima semana de cada mes. «Eso es más lento que una transferencia bancaria», resumió el juez.
Además, recordó que en esa época predominaba la reticencia al manejo de efectivo debido a la pandemia.
Esta no fue la única ocasión en la que Puente evidenció la ausencia de controles para los pagos en efectivo en Ferraz.
Riesgo de «blanqueo»
Durante la declaración, el juez preguntó a Moreno si era factible que un dirigente o empleado del partido reuniera tickets de restaurante y los presentara para cobrar como si dichos gastos correspondieran a actividades oficiales.
«No lo sé», respondió el exgerente.
«¿No existían mecanismos de control?», insistió el magistrado.
«En ese momento no se verificaba ese aspecto«, admitió Moreno.
«¿Ni siquiera se comprobaba que la persona hubiera pagado en el restaurante?»
«No se verificaba», reconoció Moreno, quien agregó que se revisaba que la factura tuviera el CIF de la empresa emisora, el concepto del gasto y que la liquidación estuviese firmada por un dirigente autorizado, en este caso Ábalos como secretario de Organización.
«No parece un control muy riguroso», puntualizó el juez.
Puente también intervino cuando el abogado de Victor de Aldama, José Antonio Choclán, preguntó si se controlaba el método de pago (tarjeta, efectivo) empleado por quien adelantaba fondos para gastos del partido.
«Ya he respondido», indicó el juez, «No solo no se comprobaba si se pagaba en efectivo, sino que ni siquiera se verificaba que el gasto hubiese sido efectivamente pagado«.
Esta cuestión es relevante dado que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectó el manejo de dinero en efectivo de origen desconocido por parte de Ábalos y su asistente, Koldo García.
El juez comentó al exgerente que «no parece que existiera un control válido si el objetivo era evitar un blanqueo mediante la devolución de gastos«.
Deducir testimonio
El pasado día 20, al acordar citar a Moreno y a Rodríguez, el instructor explicó que sus testimonios eran esenciales para aclarar el dinero pagado por el partido a Ábalos y García, así como para entender los desajustes detectados por la UCO.
En esa resolución, Puente señalaba que las declaraciones eran necesarias para «deducir, si corresponde, los testimonios pertinentes para una eventual investigación«.
Durante la declaración de Celia Rodríguez, el juez sugirió que dicha investigación podría ser, efectivamente, necesaria.
Cuando el abogado del PP, Alberto Durán, preguntó a Rodríguez si estaba formada en materia de cumplimiento normativo, Puente aclaró que «la declarante está en calidad de testigo. Quizá tenga oportunidad de hacer esa pregunta, pero no a ella«.