Patria Insurgente :: 02.04.08 – 09:57 :: * Héroes y mártires
Los insurgentes siempre hemos pensado que una organización que no se acuerda de sus muertos está MUERTA. A través de este espacio queremos hacer un homenaje a nuestros héroes y mártirez, que con su lucha y sacrificio nos mostraron el camino por el que debemos transitar. Hasta la victoria final!!!
5 de diciembre de 1990: Durante el gobierno del MIR y la ADN se asesino a integrantes de la Comisión Néstor Paz Zamora junto al empresario secuestrado Jorge Lonsdale. Detenciones y tortura Después de las operaciones de la CNPZ-ELN, se detuvo a decenas de personas, principalmente estudiantes. Algunos fueron liberados sin cargos. Amnistía Internacional recibió informes de que durante los primeros días de reclusión la mayoría de los detenidos sufrieron diferentes formas de tortura, como simulacro de ejecución y malos tratos, a manos de agentes de policía y de miembros del ejército en centros de detención secretos en La Paz, en un centro que identificaron como el Centro de Investigaciones Policiales (CEIP) o la Segunda Sección del Ejército. Seis personas, acusadas de delitos de terrorismo y de otros delitos de naturaleza penal, fueron detenidas. Ejecuciones extrajudiciales ! El 5 de diciembre de 1990 se llevó a cabo una operación conjunta del ejército y de la policía para rescatar al industrial boliviano Jorge Lonsdale, secuestrado por la CNPZ-ELN. En el curso de la operación conjunta del ejército y de la policía, tres presuntos miembros de la CNPZ-ELN fueron muertos: Miguel Northtufster, Luis Caballero y Osvaldo Espinoza. Jorge Lonsdale también murió. Amnistía Internacional expresó su preocupación a las autoridades bolivianas debido a que la información recibida parecía indicar que al menos dos miembros de la CNPZ-ELN fueron ejecutados extrajudicialmente después de rendirse. El Ministerio de Interior indicó que al negarse los secuestradores a negociar la libertad del rehén, el Ministerio había recibido «carta blanca para las operaciones correspondientes…» En diciembre de 1990, Amnistía Internacional escribió al entonces presidente Jaime Paz Zamora. La organización expresó su creencia de que, independientemente de que el secuestro de Jorge Lonsdale era un delito grave, los gobierno no podían utilizar los actos de los grupos armados de oposición para justificar la violación de derechos humanos básicos, como llevar a cabo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional también recordó al presidente que, con el fin de impedir la comisión de estas violaciones, correspondía al gobierno garantizar que todas las actuaciones de los agentes encargados de hacer cumplir la ley se llevaran a cabo de conformidad con el Código de Conducta de las Naciones Unidas para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Amnistía Internacional no ha recibido información de fuentes gubernamentales indicando que se haya iniciado una investigación independiente para aclarar las circunstancias, forma y causa de la muerte que rodearon los homicidios de los miembros de la CNPZ-ELN. ! El 10 de diciembre de 1990, el Ministerio de Interior declaró que se había identificado un cadáver encontrado en el depósito de cadáveres de la ciudad como el de Alejandro Escobar Gutiérrez, ciudadano peruano y miembro de la CNPZ-ELN. Según los funcionarios del depósito, el cadáver fue entregado entre el 6 y el 7 de diciembre por unos agentes de policía sin ofrecer ninguna explicación. Los informes de la autopsia indicaron que la muerte de Alejandro Escobar Gutiérrez, posteriormente identificado como Evaristo Salazar, fue debida a disparos de bala y señaló que su cuerpo mostraba señales claras de tortura. El 18 de enero se inició un sumario penal contra dos agentes de policía por este homicidio. El juicio contra los dos agentes por homicidio culposo y coacción, a los que se había concedido libertad provisional, comenzó el 19 de agosto de 1991. Sin embargo, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna información sobre el resultado del juicio que, según el juez de la causa, para mayo de 1993 estaba estancado debido a dificultades de procedimiento. La organización siente preocupación debido a que, al parecer, las autoridades no investigaron las denuncias de que el cuerpo de Evaristo Salazar mostraba señales claras de tortura.
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