¿Cobro fijo para algunos sectores?
Integran comisión para estudiar esa posibilidad y además no cobrar energía no registrada en asentamientos
Consumidores instan a españoles devolver servicio al Estado si dicen que no les resulta rentable
Tras un encuentro entre la Red de Consumidores y representantes de Unión Fenosa se lograron tres acuerdos previos, destacando la creación de una comisión para analizar la propuesta de establecer el cobro de una cuota fija de consumo para los pobladores de bajos ingresos de los asentamientos.
Asimismo, según informó Ruth Selma Herrera, la empresa no debe cobrar la Energía No Registrada a todos los asentamientos donde ésta se facturó a lo largo del presente año, y que se debe suprimir también el cobro conexo de mora, IGV, comercialización y alumbrado público.
Ruth Selma dijo previamente que se discutieron varios temas que agobian a la población, y aunque los planteamientos son como infinitos, al menos llegaron a darle forma a acuerdos como el siguiente:
Que Unión Fenosa ofreció capacitar a su personal en todo el país en los derechos de los usuarios a fin de contrarrestar las denuncias de mal trato que la población manifiesta a diario y que la Red presentó enérgicamente frente a los distribuidores, recordándoles que estos abusos no pueden cometerlos en España donde la legislación tiene en cuenta los derechos de los usuarios.
IMAGEN DETERIORADA
La Red Nacional de Defensa de los Consumidores indicó que con sólo la reunión con «este monopolio español», ellos reconocen que las múltiples denuncias y reclamos de los usuarios tienen una base objetiva y que su imagen se ha deteriorado frente a los nicaragüenses. Asimismo, valora que el encuentro «implica un reconocimiento a la organización y avance de los usuarios y consumidores». En la reunión estuvieron presentes, además de los directivos de la Red, líderes sociales de los barrios Los Laureles, Santo Domingo, Plaza España, Rubenia, 22 de Enero, Asentamientos Carlos Núñez, Linda Vista Norte, Juigalpa y Granada.
Se abordaron los principales temas que agobian a los usuarios de la energía en Nicaragua, como alzas en las tarifas, cobro de la ilegal energía no registrada, facturación alterada, el problema del alumbrado público, la mala calibración de los medidores, el cierre de las oficinas departamentales, la mala atención al cliente al presentar los reclamos, la necesidad de establecer una cuota fija para los grupos de pobladores más vulnerables de los asentamientos y un mejor mantenimiento en las líneas del tendido eléctrico. La licenciada Herrera dijo que resultó evidente que, respecto al tema de las alzas y del alumbrado público, la Red mantiene posiciones totalmente encontradas con UF.
Los españoles se empecinan en justificar nuevas alzas para el período 2003 al 2005, basados en «acuerdos» de deudas contraídas por el ingeniero Bolaños en la negociación de diciembre del 2001, cuando el gobierno pidió diferir la solicitud de incremento al monopolio español.
EL MARCO ILEGAL
Esto fue teóricamente ratificado en el ilegal Acuerdo Marco de junio pasado. Unión Fenosa entonces argumenta que los generadores se llevan la mayor parte de la facturación mensual.
La Red, por su parte, ratificó su total oposición a más alzas porque «los pocos empleados que habemos en Nicaragua sólo ganaremos para pagar la energía, dado que esta empresa ha encarecido el servicio y cobra tarifas de país desarrollado, al tiempo que desconocimos la legalidad de esos acuerdos tarifarios al margen de la Ley 272, que establece revisiones cada 5 años». La Red sentó también una posición: calar en el sentido de responsabilizar a UF sobre el alumbrado público, porque son ellos los herederos de los Contratos de energía y no las municipalidades.
Ruth Selma y los demás líderes insisten que «son ellos los que cobran este alumbrado y no lo sirven, y son ellos lo que no estudiaron adecuadamente las condiciones de este servicio cuando compraron la distribuidora y ahora quieren evadir esta responsabilidad».
«Las alcaldías no pueden asumir una responsabilidad que no estarán en capacidad de cumplir; UF quiere pasarles una papa caliente, y la Asamblea Nacional tendrá que asumir estos temas y reformar la Ley 272 para evitar que se burle a los usuarios y para regular a los agentes económicos del sector energético que dejaron sueltos», sostienen.
La Asamblea Nacional debe así mismo revisar los contratos con los generadores y ajustar a las nuevas condiciones de Nicaragua y obligar a UF y a los generadores a no seguir enriqueciéndose a costillas de un servicio estratégico. Finalmente la Red plantea que si éste no resulta un gran negocio para los inversionistas, en un país tan pobre debe devolverse al Estado la gestión del servicio de energía y así se resuelve el problema.
Lo que UF quiere, subrayan, es hacer altamente rentable la energía a partir de exprimir los bolsillos de los pobladores nicaragüenses, que han empezado a organizarse y mostrar su disposición de no permitir más extorsiones con este vital servicio, razón por la cual la Red seguirá su lucha en todos los espacios posibles, para lo cual se están formando ya a los promotores jurídicos que asesoran a los pobladores en los barrios.