Red Nacional de Consumidores de Nicaragua:

-ERVING SANCHEZ RIZO-

El Nuevo Diario, 26 de junio de 2002.

Nicaragua quedará virtualmente en manos de dos transnacionales si se aprueba la privatización de las hidroeléctricas Apanás y Santa Bárbara, teniendo en cuenta que Unión Fenosa posee el 100 por ciento de la distribución de electricidad y la Coastal Power controlaría el 80 por ciento de la generación, con miras al 100 por ciento.

El planteamiento surge de las opiniones de destacados economistas y de técnicos de alto nivel conocedores de la importancia del sector energía para Nicaragua y que han laborado en ese ramo.

Consultados por EL NUEVO DIARIO, tanto economistas como los expertos en materia de energética consideraron que con la privatización de las dos hidroeléctricas, Nicaragua no solo se está desprendiendo de una empresa que es estratégica para el país, sino que está fomentando la creación de monopolios.

En ese sentido las decisiones en materia económica en Nicaragua tendrían que pasar normalmente por el tamiz de dos transnacionales que dominarían el mercado de generación y distribución energética del país.

ESTADO PERDERA CONTROL EN REGULACION DE PRECIOS

Sobre el tema, el doctor en Economía Adán Bermúdez, quien es rector de la Universidad Hispanoamericana, considera que el problema real que ocurre al privatizar la generación de electricidad es que el Estado pierde el control para formar, negociar y regular precios.

Bermúdez a la vez manifestó que si el Estado se deja en sus manos estas dos plantas, que son las que generan electricidad más barata, puede negociar los precios de la electricidad con el monopolio distribuidor, pero si pierde ese control no habrá esa posibilidad y por lo tanto también terminará afectando a toda la economía del país.

Tomando en cuenta que Unión Fenosa ya es un monopolio de la distribución de Energía Eléctrica, facilitar la creación de otro monopolio, pero en el sector de la generación, provocará que no sea necesaria la existencia de un organismo regulador, como es el INE, por cuento la decisión última siempre la tendrán los dos sectores monopólicos.

En ese sentido señaló que el INE se convertiría en un mero regulador de lo que decidan las dos empresas monopólicas, quienes harán valer su visión sobre los costos de producción y distribución de energía.

ACUERDOS REALES SON DESCONOCIDOS

Para el rector uno de los mayores problemas es que el gobierno no presenta los acuerdo reales a los que llegó en el caso de Unión Fenosa, porque incluso ya podría estar pactado a tres años el movimiento de los precios de la energía hacia el alza.

Adicionalmente dijo que la capacidad del Estado para lograr regular tarifas tiene que ver algo la forma en que pueda negociar, pero la historia ha dicho que las negociaciones normalmente no salen a favor de los consumidores, sino de los ganadores de las privatizaciones.

Hay que recordar que el propio presidente Enrique Bolaños dijo recientemente que la energía más cara es la que no se tiene, lo cual deja ver que de hecho ya cedió ante el incremento de las tarifas, aunque perjudiquen a los consumidores y a la economía en general.

Bermúdez también cuestiona la forma de privatizar, porque si el objetivo es beneficiar a alguien, esos no son los consumidores, e incluso señaló que al Estado nicaragüense le costará realizar planes de desarrollo a largo plazo, porque no podrá determinar con antelación los costos de la energía, que son líderes en la economía.

DE MONOPOLIO ESTATAL A MONOPOLIOS PRIVADOS

El doctor Róger Cerda, quien fue presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) a inicios de la administración del ex presidente Arnoldo Alemán, dijo que se estaría creando un monopolio privado más si se entrega las dos generadoras hidroeléctricas a la Coastal Power.

El doctor Cerda sostiene que la creación de otro monopolio implica que la competitividad energética se verá reducida en el país y que por lo tanto habrá precios más altos debido a la condición de dominio que ejercería la mencionada empresa si logra atrapar el 80 por ciento de la generación de energía eléctrica.

Cerda a la vez señala que no solo se estarían facilitando prácticas monopólicas, sino que posiblemente el servicio sería de dudosa calidad, lo cual requeriría de una fuerte regulación de parte del Estado.

ENTREGARAN 80 POR CIENTO DE GENERACION

Datos técnicos revelan que la Tipitapa Power, o Coastal Power, tiene una capacidad propia de generación de 60 megavatios, más 113 de la empresa GEOSA, más 100 que obtendría si le entregan HIDROGESA, entonces el mencionado consorcio estaría controlando 273 megavatios, lo que prácticamente constituye el 80 por ciento de la capacidad de producción eléctrica del país.

De acuerdo con las fuentes, la Coastal Power está intentando obtener adicionalmente en arriendo la planta Managua, con lo cual llegaría prácticamente a dominar más allá del 90 por ciento de la generación de energía eléctrica de Nicaragua.

Por su parte la presidenta de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, Ruth Herrera, sostiene que HIDROGESA es una empresa rentable que no debe ser vendida y que además si el Estado se deja su control, podría servirle como parámetro en el estudio o admisión de nuevas inversiones en ese campo, tanto estatales como privadas.

Recordó la economista que entre sus proyecciones para el primer año, HIDROGESA tenía estimado obtener utilidades por más seis millones de dólares anuales, lo que consta en los estados financieros de la empresa, suma que facilitaría a cualquier adquirente pagarla en siete años con las mismas utilidades de las dos hidroeléctricas.

Sin embargo algunos de los términos de la negociación apuntados por Herrera señalan que la Coastal estaría entregando 13 millones de dólares en el primer año y el resto lo terminaría de pagar en cinco años hasta totalizar 42 millones de dólares, que es lo que determinó la licitación realizada recientemente.

En ese sentido agregó que el gobierno no tiene ningún argumento sólido para deshacerse de ese bien estatal, mucho menos en una suma que es bastante menor que el costo real de las dos generadoras, que antes bien deben ser potenciadas y bien administradas para beneficio del país.

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