Para la Comisión Europea, esta regulación de precios podría estar justificada para proteger a los consumidores vulnerables, pero no debe establecerse como una medida permanente
Bruselas ha dado inicio a la cuenta regresiva para eliminar en los Estados miembros la tarifa regulada de la luz, estableciendo plazos específicos para avanzar hacia precios minoristas ajustados al mercado. En su más reciente informe sobre precios minoristas de electricidad, competencia real y remuneración de la flexibilidad, la Comisión Europea apunta directamente al mercado español.
Concretamente, Bruselas ha señalado que España, junto a Francia, Hungría, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia, han comunicado intervenciones en precios destinadas a hogares vulnerables o microempresas durante una fase de transición hacia mercados libres. Para la Comisión, establecer estos precios puede estar justificado para proteger a los consumidores más frágiles, pero no debe transformarse en una práctica permanente.
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Según el informe europeo, el 29% de los hogares españoles sigue bajo la tarifa regulada, en comparación con el 18% en Portugal, el 27,3% en Lituania, el 57% en Francia y el 63% en Polonia, situación que contradice el artículo 5 de la Directiva eléctrica europea, que establece que los comercializadores deben tener libertad para fijar el precio al que suministran electricidad.
La Comisión Europea presentó este miércoles un paquete energético que propone un conjunto de medidas para que los Estados miembros reduzcan impuestos sobre la electricidad, implementen bonos energéticos y tarifas sociales, y puedan establecer prohibiciones temporales de cortes de suministro con el fin de proteger a los hogares más vulnerables ante la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea / CCTV )
Para la Comisión, la tarifa regulada puede debilitar las señales de precio, disminuir los incentivos para la eficiencia energética y afectar negativamente a la competencia entre comercializadores. Por eso, solicitó a los países con precios intervenidos que definan un plan de salida ordenado con metas concretas, indicadores de progreso, acciones para limitar la distorsión de precios, mayor transparencia en las señales de mercado y garantías de trato equitativo entre los operadores.
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Impacto en los hogares españoles
Aunque por ahora no hay un calendario definitivo para el traslado de usuarios de un mercado a otro, esta petición sienta las bases para un cambio significativo en el modelo energético español, donde actualmente cerca de ocho millones de hogares están acogidos a la tarifa regulada, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Este traslado tendría un impacto directo en la factura eléctrica de millones de hogares. Un hogar promedio, con un consumo de 290 KWh y la distribución típica por tramos, paga actualmente alrededor de 51,67 euros mensuales bajo la tarifa regulada. Sin embargo, el mismo hogar en una tarifa libre con discriminación horaria enfrentaría una factura de 70,60 euros al mes, lo que representa un aumento de 18,93 euros al cambiar de tarifa, según un cálculo realizado por Roams.
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Tomando como referencia una tarifa fija, el costo promedio podría llegar a 71,91 euros al mes, implicando un pago de 20,24 euros más mensualmente en comparación con la tarifa regulada (+39,2%). En términos prácticos, esto significaría que una familia actualmente bajo el mercado regulado debería asumir un coste adicional de 20 euros por mes.
Además, la desaparición gradual de la tarifa regulada se suma al endurecimiento de los requisitos financieros para las comercializadoras, lo que podría aumentar las barreras de entrada y favorecer a los grandes operadores frente a las compañías independientes. “El desafío será diseñar una salida progresiva en la que la protección a los consumidores vulnerables se garantice mediante ayudas directas, como el bono social, evitando que esta transición deje sin protección a quienes tienen menor capacidad para gestionar su consumo”, afirmó Sergio Soto, experto en energía de Roams.
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De acuerdo con el especialista, con esta iniciativa “se está asistiendo a una bancarización regulatoria del sector”, por lo cual será “esencial implementar estrategias de cobertura financiera y pruebas de resistencia para evitar quiebras como las ocurridas en 2021 y 2022″. No obstante, señala que estas exigencias también podrían excluir a comercializadoras independientes más pequeñas y beneficiar a las grandes empresas eléctricas integradas.