Las claves
El Ejecutivo ha catalogado como secretos o reservados todos los informes técnicos, policiales y jurídicos vinculados con la regularización extraordinaria de inmigrantes.
Esta medida restringe el acceso parlamentario a documentos relacionados con el decreto de reforma del reglamento de Extranjería, incluyendo alertas procedentes de entidades europeas.
Un informe policial interno estimaba en más de 1,2 millones los posibles beneficiarios, dato que contrasta con las cifras oficiales que calculan 500.000 regularizaciones.
El Partido Popular exige transparencia y cuestiona si la clasificación de los documentos fue acordada en Consejo de Ministros o decidida exclusivamente por el Ministerio del Interior.
El Gobierno ha declarado como «secretos o reservados» todos los documentos internos, así como los informes técnicos y análisis policiales vinculados con la regularización extraordinaria de inmigrantes. Esta resolución abarca toda la información técnica o jurídica que podría haber servido para la elaboración del decreto que reforma el reglamento de Extranjería.
Es decir, cualquier informe interno creado por las unidades especializadas de la Policía Nacional, todos los dictámenes jurídicos sobre la legalidad del decreto conforme a la Ley de Extranjería, y también las posibles advertencias emitidas por las instituciones europeas respecto a su impacto dentro del espacio Schengen.
Así lo confirma un documento al que ha tenido acceso este medio, en el que los ministerios de Inclusión y del Interior responden a una solicitud de información del Partido Popular en el Congreso.
El conjunto de preguntas, presentado el 16 de febrero, ha quedado sin respuesta para el control parlamentario, al igual que el propio decreto que no fue sometido al Congreso, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha invocado la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales, de origen franquista, y tres acuerdos del Consejo de Ministros que la desarrollan, fechados en 1986 y 1994.
La fórmula aplicada es especialmente imprecisa y permite cubrir cualquier tipo de información. Según el texto de la respuesta oficial, Interior ha decidido “de forma genérica” clasificar como secreto o reservado “todos los documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución” del decreto.
Triple estrategia de opacidad
El Ministerio del Interior ha levantado “un muro de silencio”, según fuentes policiales consultadas, alrededor de la documentación técnica que sustenta la regularización.
Quince días después del anuncio de la iniciativa, el PP solicitó los informes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF y el CENIF. Transcurridos dos meses y medio, con el proceso ya en marcha, el Gobierno respondió que toda la información era secreto oficial.
De este modo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pudo “lavarse las manos”, según fuentes del PP. El departamento encargado de la regularización, encabezado por Elma Saiz, afirmó brevemente «no tener constancia» de la existencia de los informes solicitados, sin negar explícitamente su presencia.
Finalmente, en relación con las comunicaciones entre ministerios durante la elaboración del decreto, la respuesta del Gobierno resulta aún más críptica: alegan que el proyecto “se encuentra actualmente en fase de tramitación” para impedir el control parlamentario… sin embargo, esta afirmación carece de validez: la fecha de la respuesta es el 30 de abril, dos semanas después de haber comenzado oficialmente el proceso de regularización el 15 de abril.
El precedente del informe sobre 1,2 millones
La clasificación como «secreto o reservado» tiene efectos directos sobre informes policiales que previamente habían salido a la luz pública. Este diario publicó el 21 de febrero un documento interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que calculaba en más de 1,2 millones a los potenciales beneficiarios de la regularización.
El informe policial, fechado en febrero, contradecía claramente las estimaciones oficiales del Gobierno. Mientras el Ejecutivo mencionaba 500.000 regularizaciones, los técnicos de Extranjería advertían que la cifra podría alcanzar 1.250.000 personas.
Fuentes policiales consultadas apuntan que ese mismo informe sería hoy considerado secreto oficial. Su filtración podría acarrear para el funcionario responsable penas de prisión de uno a tres años, además de multas de hasta 30.000 euros, conforme a la normativa vigente.
Esas mismas fuentes advierten que una clasificación tan amplia entorpece cualquier control parlamentario efectivo sobre el verdadero alcance de la medida. “No se trata de documentos de inteligencia sensibles, sino de evaluaciones técnicas sobre capacidad operativa y previsión de solicitudes”, aclaran.
Nueva ofensiva parlamentaria del PP
El Partido Popular presentará este jueves una nueva pregunta escrita al Gobierno en el Congreso de los Diputados, según ha podido confirmar este periódico. La iniciativa demandará que el Ministerio del Interior detalle cuándo y cómo se tomó la decisión de clasificar los documentos.
Los populares buscan confirmar si la clasificación fue acordada en Consejo de Ministros o si se trató de una resolución unilateral del Ministerio del Interior. También exigen saber a qué organismos y entidades se ha comunicado formalmente esta calificación.
La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, criticó en declaraciones a este periódico esta estrategia. “El Gobierno declara secretos todos los informes sobre la regularización masiva de inmigrantes, actúan como una mafia”, afirmó.
El contenido de la pregunta inicial
La solicitud parlamentaria del PP, firmada por 14 diputados, partía de la premisa de que el Gobierno impulsó el Real Decreto sin solicitar informes a las unidades especializadas de la Policía Nacional. Los populares citaban declaraciones de “miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” que confirmaban esta ausencia de consulta.
El PP aseguraba poseer conocimiento de “informes internos de carácter reservado” que advertían sobre riesgos legales y operativos. Estos documentos alertaban acerca del control de antecedentes penales, el uso de declaraciones responsables y la posible incompatibilidad del decreto con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica de Extranjería.
La pregunta solicitaba cuatro tipos de documentos: informes policiales completos, análisis jurídicos sobre su legalidad, comunicaciones entre Interior e Inclusión, y advertencias de organismos europeos. Sin embargo, el Gobierno ha negado el acceso a todos ellos.
El proceso de regularización extraordinaria, según datos oficiales, ha recibido más de 180.000 solicitudes en las primeras tres semanas desde su inicio. El Gobierno sostiene que el número definitivo de beneficiarios rondará las 500.000 personas, aunque los informes policiales ahora clasificados indicaban cifras considerablemente superiores.