El ex fiscal general del Estado se presenta como víctima y busca justificarse: «Era necesario responder a la calumnia»
«Tengo sospechas acerca de quién pudo filtrar la información y creo que no fue solo una fuente. Lo que puedo asegurar es que no fui yo». «Se ha condenado al perseguidor de los delitos por emitir una nota de prensa divulgando la verdad». Con estas expresiones, Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado y sentenciado por el Tribunal Supremo por divulgar secretos en perjuicio del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, intentó justificarse durante una extensa y cómoda conversación con el periodista Jordi Évole.
García Ortiz tejió un discurso marcado por la victimización, apoyado en las preguntas del entrevistador. Describió todo como «muy duro», «inimaginable», «un shock», «delirante». Se definió a sí mismo como un «defensor del interés general» y «de la verdad». Un opositor a la «calumnia» que se habría lanzado desde «la presidencia de la Comunidad de Madrid» contra él y, en extensión, «contra la Fiscalía». Se considera en un periodo «de duelo» y afirmó: «Con este proceso hemos perdido todos: la Justicia, la fiscalía y el Supremo». Solo espera que «el interés particular no prevalezca».
Calificó la disputa vinculada al caso del novio de Ayuso como «un choque institucional» que exigía «una respuesta a las calumnias que se estaban difundiendo». Así, justificó su decisión de emitir una nota que confirmaba que la pareja de la presidenta había cometido dos delitos fiscales y que fue el propio abogado del implicado quien propuso al fiscal un pacto de conformidad, y no al contrario. De sus palabras se desprendió claramente una acusación de calumnias contra el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
La publicación de esa nota encontró resistencia por parte de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien consideró que el contenido incluía datos confidenciales. Lastra declaró ante el Supremo que ni siquiera saludó al fiscal general cuando este le urgió ese mismo día a publicarla. «Filtraste los correos», le reprochó, recibiendo como respuesta un «eso ahora no importa».
García Ortiz afirmó anoche no recordar con certeza qué le dijo Lastra: «Estaba muy enfadado y no sé exactamente sus palabras». Evitó profundizar en un posible conflicto con su subordinada, aunque recalcó que «la fiscal superior está obligada a cumplir lo que ordene el fiscal general y no a oponerse», mientras que él tiene «la potestad de dictar las órdenes que consideren necesarias».
La pasada semana, Almudena Lastra fue destituida por la sustituta de García Ortiz, Teresa Peramato, designada por el presidente del Gobierno.
Sobre Sánchez, ferviente defensor del ex fiscal general hasta el punto de disentir públicamente de la sentencia del Supremo y asumir que el condenado será resarcido, posiblemente anticipando un indulto, García Ortiz opinó que ese respaldo «ha afectado sin dudas la imagen de la Fiscalía», porque ha reforzado la percepción ciudadana de su «dependencia del Gobierno».
Asimismo, afirmó que la frase de Sánchez –«¿De quién depende la Fiscalía?… Pues, eso»–, que implicaba que el Ministerio Público está subordinado a él, «va a perseguir a todos los fiscales». «Eso», señaló, «no se ajusta a lo que establece la ley».
No obstante, evitó criticar a los magistrados del Supremo que lo condenaron, pese a que el entrevistador le instara a arremeter contra Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
Se dibujó como un hombre afectado y señaló varios momentos del proceso que le resultaron perjudiciales. Así habló, por ejemplo, de la incautación de su teléfono por parte de la UCO y del borrado que él mismo hizo de su contenido coincidiendo con su imputación. «No tengo una explicación clara de por qué lo hice ese día (…) Nunca imaginé que accedieran a mi móvil (…) Tengo pleno derecho a eliminar el contenido de mi teléfono como y cuando desee (…) La libertad individual es el pilar de la democracia». Añadió que la requisa del teléfono fue para él una experiencia «muy intimidante» y llegó a temer que la información «ultrasensible» que contenía acabase «filtrándose en un medio de comunicación».
También comentó el registro de su despacho: «Fue un shock. No tenía sentido entrar al despacho del fiscal general si el delito se había consumado con la publicación de la nota. Fue absurdo».
De igual modo, aseguró que si hubiese dimitido al momento de la imputación le habría generado un «problema político» a Pedro Sánchez, y reiteró que siempre estuvo «convencido» de que «no sería condenado». Por ello agregó: «La sentencia fue para mí una sorpresa muy dolorosa».
En los instantes finales de la entrevista, García Ortiz describió las cualidades que debería tener un fiscal general «designado por un Gobierno progresista» –«defenderá los derechos humanos, creerá en la memoria democrática y en que no deben existir delitos de odio»–, en contraste con uno «conservador», que, según él, cree que «las personas deben recibir un trato desigual; que no protege a inmigrantes; que niega la violencia de género y no considera que la fiscalía deba ayudar a recuperar la memoria colectiva del franquismo y la dictadura». Ante la última pregunta del entrevistador: «¿Existe ese perfil dentro de la Fiscalía?» Respondió: «Existe, por supuesto».