Las claves
La Audiencia Nacional ha sentenciado a José Manuel Villarejo a tres años y medio de prisión por divulgar el contenido del móvil sustraído a Dina Bousselham, quien en ese momento ejercía como asesora de Pablo Iglesias.
Villarejo debe compensar a Dina Bousselham con 5.000 euros y a Pablo Iglesias con 1.000 euros; en caso de impago, el Estado asumirá la responsabilidad subsidiaria.
La sentencia declara a Villarejo culpable de revelar secretos de particulares con difusión a terceros, conducta realizada como funcionario público, aplicando la atenuante por dilaciones indebidas dado el prolongado tiempo del procedimiento judicial.
Los periodistas inicialmente imputados quedaron eximidos tras recibir el perdón de Iglesias y Bousselham, quedando Villarejo como único condenado en el proceso.
La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de tres años y seis meses de prisión al excomisario José Manuel Villarejo por haber filtrado a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham.
En ese periodo, esta persona trabajaba como asesora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
En una resolución de 86 páginas fechada este martes, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen a Villarejo la obligación de indemnizar a Bousselham y a Iglesias con 5.000 y 1.000 euros, respectivamente.
De no efectuar el pago, la responsabilidad subsidiaria recaerá sobre el Estado, ya que Villarejo era miembro de la policía cuando ocurrieron los hechos.
La resolución judicial reconoce al comisario retirado como autor de un delito de «revelación de secretos de particulares con divulgación a terceros, cometido por funcionario público».
No obstante, el tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas, en vista del lapso entre el inicio de esta causa particular —conocida como caso Dina, una de las múltiples vertientes dentro del macroproceso denominado caso Villarejo— en 2017, y el juicio, que ocurrió hace sólo unas semanas.
Al principio, junto a Villarejo, se sentaron en el banquillo el exdirector de la revista Interviú Alberto Pozas y el subdirector de la extinta publicación Luis Rendueles.
Sin embargo, en la sesión inicial, tanto Iglesias como Bousselham, quienes actuaban como acusación particular en calidad de perjudicados, les otorgaron el perdón.
Hasta entonces, la exasesora se había negado a tal concesión. Pero con el perdón, ambos periodistas resultaron exonerados, quedando Villarejo como único acusado.
La sentencia confirma que el 1 de noviembre de 2015, «personas desconocidas» sustrajeron el móvil de Dina Bousselham, que entonces desempeñaba funciones de asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo.
El 19 de enero del año siguiente, alguien entregó en la sede del Grupo Zeta —propietario de Interviú— un sobre con la tarjeta del teléfono robado.
Los archivos contenidos en la tarjeta fueron revisados por Pozas y Rendueles, además del director editorial Miguel Ángel Liso Tejada y el presidente del Grupo, Antonio Asensio Mosbah.
Este último decidió que ningún material extraído de ese móvil se publicaría en la revista.
«Pensando que el contenido podría pertenecer a Pablo Iglesias, le convocó en la sede del Grupo Zeta», detalla la sentencia.
Al día siguiente, Iglesias observó las imágenes y documentos presentes en la tarjeta y la recuperó. No obstante, no la entregó a la propietaria, sino que la retuvo durante seis meses sin informar a Bousselham.
Durante el juicio y en sus memorias, el exsecretario general de Podemos admitió que su actitud fue paternalista, argumentando que su intención era no inquietar a su entonces asesora.
Transcurrido ese medio año, Iglesias entregó la tarjeta, «sin que se acredite», señala la sentencia, «que la devolviera en condiciones dañadas».
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