La amenaza de deriva que Sánchez temía gana fuerza con los testimonios de Aldama y las maniobras de Koldo
Este es el objetivo primordial de cualquier fuerza política en la presente época de polarización extrema: desacreditar al oponente demostrando (o al menos aparentando demostrar) que posee cuentas B, gestiona fondos no declarados y, por ende, incumple las normas y no es confiable. La corrupción, por tanto, no sería un fenómeno aislado, sino un problema sistémico y una política deliberada del partido implicado.
Aunque para el electorado masivo pueda importar poco esto al momento de depositar el voto —según varios analistas, el impacto más profundo de las acciones de Ábalos sobre Sánchez radica en el ámbito femenino y su influencia en el voto femenino, más que en cuestiones monetarias— esta es, sin embargo, la dinámica que domina actualmente.
Resulta destacable que la posibilidad de un financiamiento irregular del PSOE con Koldo como inesperado confidente, una hipótesis que la UCO siempre consideró como posible y que sería el objetivo final, adquiere más credibilidad tras la fase oral del juicio del caso Mascarillas de lo que parecía al inicio.
No sólo gracias al testimonio de Víctor de Aldama. El empresario y gestor, catalogado por los guardias civiles como el «nexo corruptor» de toda la operación, ha aportado pruebas que el PSOE afirmaba inexistentes —la imagen de su encuentro con el presidente en el Teatro de La Latina en Madrid, un domingo de 2019— explicando que Pedro Sánchez le indicó en ese momento: «Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estáis haciendo». Obviamente, para el partido.
Aldama detalló en su extensa declaración del miércoles que el PSOE podría haber recibido comisiones por un valor de 1,8 millones de euros provenientes de la red. También afirmó que Koldo solicitó «contactar con empresarios» para conseguir fondos para el partido «a cambio de adjudicaciones», y resulta difícil imaginar, al escuchar la aparente ligereza con la que Koldo, Ábalos, Cerdán y otros personajes como Pardo de Vera discuten sobre contratos millonarios, que parte de esos fondos no llegara a Ferraz. Esta es la postura de los investigadores, quienes continúan analizando cada indicio para desentrañar el complejo entramado.
Ábalos dispone de la capacidad para aclarar estos hechos; está previsto que declare este lunes, después de que el jueves, cuando concluyó la ronda de su todavía leal ex asesor Koldo, su abogado indicara que el ministro no estaba en condiciones de declarar tras varias horas en el TS. Mañana será su turno, bajo la amenaza de una posible condena de 24 años, un peso que podría refrescarle la memoria, o tal vez su mala memoria, acerca de su relación con Sánchez, aún en una encrucijada peligrosa.
El PP ya sufrió la tormenta por la contabilidad B del ex tesorero Luis Bárcenas y por los episodios extravagantes que hoy, casualmente, también se juzgan en la Audiencia Nacional en el caso Kitchen: el cura fanático que secuestra a su familia buscando documentos, el chófer espía, y de fondo los contratos amañados de la Gürtel y la sede del partido en la calle Génova pagada con dinero B, con sobres ocultos, evadiendo Hacienda, que, como es sabido, afecta a casi todos.
Lo cierto es que aquella corrupción y financiación irregular causaron un impacto significativo, al menos en el ámbito parlamentario, aunque esto ya pertenezca al Cretácico Superior (es decir, al año 2018): cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy y, bajo la bandera de la reforma democrática, logró ser investido presidente, mientras su predecesor se refugiaba en el alcohol en un restaurante cerca del Congreso, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ocupaba su lugar en el escaño.
Lo actual presenta diferencias notables. Ocho años después, Sánchez, aquejado pero siempre en ofensiva, se ha vuelto más aguerrido que nunca. El desgaste y la pérdida de peso le confieren un aire inconfundible, aunque para ser el primer presidente de la democracia con dos manos izquierdas, en referencia a Ábalos y Santos Cerdán, ambos encarcelados por aceptar sobornos, se encuentra en muy buen estado.
El PSOE ya enfrentó escándalos similares con los antiguos casos prerománicos Filesa, Malesa y Time Export, donde se desviaron fondos no declarados para el partido hacia 1990, lo que ocasionó condenas en 1997 y un notable desgaste para la imagen de Felipe González… Sin embargo, aquel contexto fue distinto. En 1997, el Supremo reconoció que no se probó el amaño de contratos pero sí la financiación irregular. Por entonces, la política no era la máquina de triturar personas que resulta hoy. Lo actual, junto con Filesa, marca un abismo comparable a la diferencia entre una montaña y un ratón.
La política es costosa. Captar apoyos no resulta económico, especialmente en tiempos de fragmentación electoral. Los partidos, verdaderas máquinas de poder, saben convertir cada céntimo invertido en votos efectivos dentro de las urnas. Esta semana, la financiación partidista fue tema central en el Supremo. Principalmente, lo abordó Aldama. Según él, no todo el dinero estaría donde se sospecha; en sala comentó que probablemente las comisiones se disfrazaron de donaciones— «robar no es lo difícil, dicen los guardias, sino disfrutar lo robado»— cuando en 2019 y 2020 el PSOE ingresó menos de un millón bajo ese concepto, aunque el salto de un año a otro, de 275 mil a 837 mil euros, resulte llamativo. Aldama añadió, y resulta complicado refutarlo, que siempre le dijeron que «Sánchez era el número 1» en la trama, aunque también se suponía que González debía ser el «señor X» de los GAL y que Rajoy conocía que Bárcenas poseía 48 millones en comisiones en Suiza. Nada de esto se llegó a probar —pese a que González acompañó a Vera y Barrionuevo hasta la cárcel de Guadalajara, y Rajoy dejó como legado su estoico y emblemático «Luis, sé fuerte»—.
«Koldo me dice», relata Aldama, «que me van a presentar constructoras que ya trabajan para el Ministerio y debemos evaluar cómo apoyarlas. Se habla de apoyo, pero no es apoyo, sino una manera de financiar al partido. Le pregunto cómo se realiza eso y responde que no me preocupe porque les solicitarán a ellos realizar alguna donación».
Además: «Me indican que esto no puede facturarse, por eso me requieren ser un intermediario, pues deben pagar en efectivo. Entiendo que no es una donación convencional y que estamos haciendo algo ilegal. No estoy completamente cómodo, pero tampoco incómodo. Soy empresario y busco oportunidades».
Koldo, por su parte, intentó este jueves desviar responsabilidades muy lejos del centro de atención, a pesar de su apariencia desmejorada por la barba: «Lo que yo hacía era organizar la agenda del ministro según las necesidades de cada persona, y en mi tiempo libre intentaba programar todo aquello que podía interesar a la Secretaría de Organización del PSOE». En su tiempo libre, afirmó.
Sin embargo, las pruebas recogidas por la UCO, respaldadas por miles de audios grabados clandestinamente por el doble de Ábalos, son contundentes. Un ejemplo entre muchos que salpican las numerosas causas del llamado caso Koldo: en septiembre de 2015, un directivo de Acciona propuso un encuentro entre Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente, y un modesto empresario vasco anónimo, Antxon Alonso. No existe evidencia de que se concretara la reunión, pero ilustra la magnitud de la red que desde Acciona —un gigante constructora presente en 35 países y cotizando en el Ibex— contemplaba reunirse con Alonso, un habitual de bares en Pamplona con varios negocios fracasados que había constituido una empresa con un solo trabajador y que, sin experiencia previa, lograría en años posteriores contratos públicos por 90 millones de euros. Posteriormente se descubrió que Santos Cerdán estaba oculto como socio en Servinabar, y desde 2018 se convirtió en una figura clave para Pedro Sánchez en el control… del PSOE.
El partido defiende que «cada euro» está «auditado» —mencionando incluso al Tribunal de Cuentas, que, como es sabido, no profundiza en la contabilidad interna de los organismos que examina, aunque su mención gusta en comunicados a Efe—. No obstante, el ex gerente, Mariano Moreno, quedó bastante afectado en su declaración del martes cuando la abogada de Koldo, Letizia de la Hoz, le mostró documentos de gastos que desacreditaban el orden contable que él defendía. Tanto más cuando Koldo rectificó este jueves, admitiendo que, contrariamente a lo asegurado por Moreno, en Ferraz le adelantaban las «chistorras», el término en clave de los conspiradores para referirse a los billetes de 500 euros.
Finalmente, quienes más explícitamente abordaron en el TS la financiación irregular del PSOE fueron Carmen Pano y su hija Leonor, lo que lleva a una nueva fuente de indicios, bajo el poco atractivo nombre: el caso Hidrocarburos.
En síntesis, Pano, que financió el chalet que se planeaba regalar a Ábalos a cambio de una malograda licencia para importar y vender gasolina, reiteró ante el tribunal lo dicho en dos años previos: que entregó a Ferraz 90.000 euros en dos pagos, en bolsas de papel dentro de bolsas de plástico, y que ese dinero (del chalet y de Ferraz) pertenecía a Claudio Rivas, con quien sostuvo encuentros con varios políticos del PSOE, gracias a Koldo y Aldama. Además de que Pano no obtiene beneficio alguno al revelar esto… ¿Por qué se presume creíble una posible financiación irregular del partido originada en empresarios de hidrocarburos? Porque el fraude de IVA, delito por el que Pano y Rivas enfrentan cargos en la Audiencia, genera en corto plazo ingresos millonarios difíciles de rastrear.
Para ilustrar, explicaremos como lo hacía Antonio Balas, teniente coronel de la UCO que condujo las investigaciones, hace una década cuando aún dialogaba con periodistas privilegiados con enseñanzas directas: se crea una empresa, se nombra testaferro, se vende gasolina cobrando IVA, luego no se declara a Hacienda, se cierra la empresa en un año y se pone a salvo hasta 30 millones de euros en efectivo.
El fraude en el combustible genera enormes cantidades de dinero líquido, y Pano siempre afirmó haber servido un año como enlace entre Claudio Rivas y la red de los aldamas, moviendo cientos de miles de euros… Aunque tras dos entregas en Ferraz se negó a volver. Por si fuera poco, además de sobornar a Ábalos con un chalet de lujo en La Línea de la Concepción y de adquirir un yate para facilitar operaciones… podría haber financiado irregularmente al PSOE.
La financiación ilegal: la kriptonita de los partidos que ha impulsado, entre otros factores, la judicialización de la política. ¿Le reserva el destino un papel crucial a Pedro Sánchez en lo que resta de legislatura? Será necesario aguardar.