Profesores alertan que la universidad puede «transformarse en un conjunto fragmentado bajo la influencia autonómica»
El Gobierno ha cedido nuevamente ante los intereses de Cataluña y del País Vasco, delegando a las comunidades autónomas la potestad para seleccionar y promover a los profesores universitarios. Los decretos que reglamentan la Ley de Universidades (Losu) de 2023 autorizan, por primera vez, a que sean las agencias regionales de calidad, en lugar de la agencia estatal Aneca, quienes definan los criterios para evaluar a los candidatos a una plaza. Hasta la Losu, era Aneca la encargada de evaluar a la mayoría del personal mediante una acreditación nacional con requisitos uniformes en toda España. Los docentes advierten sobre la posibilidad de que surja «una falta de homogeneidad», debido a que las condiciones variarán según la región. Entre los nuevos méritos que se considerarán para el acceso o ascenso en las universidades destaca el «pluralismo lingüístico».
El Ministerio de Universidades prepara un real decreto que reglamenta el proceso para la acreditación del «profesorado permanente laboral». Esta acreditación es el primer paso en la selección y promoción del profesorado, consistiendo en una evaluación para verificar si los méritos del aspirante superan el nivel de experiencia requerido para competir por una plaza.
El profesorado permanente laboral es una nueva categoría de docentes e investigadores contratados, no funcionarios, que reemplaza a la figura del contratado doctor, ahora en desuso. Creada por la Losu, se basa en modelos catalán y vasco, donde los denominados agregats catalanes o agregados vascos juegan un papel relevante en las plantillas a pesar de no tener estatus funcionario.
Fuentes universitarias interpretan que este real decreto, pendiente aún de aprobación en el Consejo de Ministros y sujeto a posibles modificaciones, representa «una catalanización del modelo nacional», ya que sigue la línea de la agencia de acreditación AQU Catalunya —vinculada a la Generalitat y las universidades públicas— que lleva décadas evaluando a los agregats con criterios propios y diferentes de los de la Aneca estatal.
Lo que antes era un caso excepcional y limitado a Cataluña y País Vasco ahora será aplicable en todo el territorio español, tanto para quienes busquen ser contratados como para aspirantes a plazas funcionarias (real decreto 678/2023) o para doctores incorporados en instituciones privadas. En todos los casos, serán las comunidades autónomas quienes, «en el marco de sus competencias», definan los mecanismos de evaluación y acreditación del profesorado.
«Relevancia local»
El nuevo procedimiento de acreditación debe asegurar «el pluralismo lingüístico» y «la relevancia local» de los candidatos, entre otras consideraciones, así como una «evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de los méritos docentes y de investigación, y, cuando proceda, de transferencia del conocimiento». La expresión «pluralismo lingüístico» es lo suficientemente ambigua para adaptarse a las particularidades de cada región.
En las universidades catalanas hasta ahora no se exigía acreditar el conocimiento de catalán para la evaluación, aunque existe un decreto de 2010 que obliga a demostrarlo en los concursos para agregados y funcionarios. Hasta 2022, los campus no aplicaban esta exigencia estrictamente, pero a partir de esa fecha se ha requerido a los profesores un nivel C1 para opciones de promoción. En el País Vasco, la agencia Unibasq otorga más valor a los candidatos a agregados que hayan presentado la tesis en euskera o acreditado su dominio del idioma, ajustando esta valoración según el perfil de la plaza.
Fuentes del sindicato CSIF indican que el nuevo decreto tiene como objetivo «legalizar las figuras laborales creadas principalmente en Cataluña y, en menor medida, en el País Vasco, que equivalen a profesores titulares y catedráticos». Afirman que «una agencia autonómica podrá imponer requisitos que otras no establezcan, como el dominio de la lengua cooficial, algo que Aneca nunca ha exigido previamente. Esto genera desigualdad y falta de equidad. No existe ningún acuerdo entre las agencias autonómicas para uniformar criterios», denuncian estas fuentes, que reprochan además al Ministerio no haberles comunicado la existencia de este real decreto.
También el sindicato UGT critica que una norma «tan decisiva para el futuro del profesorado universitario y sus condiciones laborales» no haya sido negociada ni consensuada con los representantes legales de los trabajadores. Expresan que «no se ha desarrollado a nivel nacional una regulación homogénea para las agencias autonómicas» y que «no están definidos los mecanismos para asegurar el reconocimiento mutuo de acreditaciones entre agencias autonómicas y entre estas y Aneca».
«El sistema se fragmenta y la universidad corre el riesgo de convertirse en un mosaico de taifas autonómicas», lamentan otras fuentes universitarias, que señalan además que el hecho de que las agencias autonómicas, y no Aneca, se encarguen de las acreditaciones puede propiciar la colocación de personas afines a los gobiernos regionales, ya que serán estas agencias, dependientes de las administraciones autonómicas, las encargadas de establecer criterios, formar y supervisar a las comisiones de selección.
«Similitud» con los funcionarios
Por otra parte, el borrador del real decreto, que deroga uno anterior de 2002 impulsado por la exministra de Educación del PP Pilar del Castillo, establece una «similitud en sus características» entre los nuevos profesores permanentes laborales, que son contratados, y los profesores titulares y catedráticos, que son funcionarios. «El contrato será de carácter fijo e indefinido, con derechos y obligaciones de naturaleza académica y categorías comparables a las del personal docente e investigador funcionario», señala el texto.
De hecho, con una única solicitud se podrá obtener la acreditación tanto para profesor laboral como para profesor funcionario. Las comisiones encargadas de evaluar las solicitudes para titular y catedrático también serán competentes para valorar y decidir sobre las de los contratados.